

Llamado a la Comunidad Internacional en Defensa de la Democracia en Colombia


Llamado a la Comunidad Internacional en Defensa de la Democracia en Colombia
La causa
Llamado a la Comunidad Internacional, Gobiernos, Organizaciones de Derechos Humanos en la Defensa de la Democracia en Colombia - Call to the International Community, Governments, Human Rights Organisations in the Defence of Democracy in Colombia
English version scroll down
Nos dirigimos a ustedes en un momento crítico para la democracia en Colombia. La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de investigar al presidente legítimamente elegido, Gustavo Petro Urrego, bajo acusaciones de presuntas violaciones a los límites de financiación de campaña, constituye un grave ataque contra el Estado de Derecho y la estabilidad democrática del país. Esta acción, sin precedentes en la historia reciente, no solo socava la legitimidad de un gobierno elegido democráticamente, sino que también abre la puerta a un proceso anticonstitucional de lawfare, un uso malintencionado del sistema judicial para deslegitimar a figuras políticas y movimientos sociales.
El Contexto de las Acusaciones
El CNE ha votado a favor de acusar al presidente Petro por presuntas violaciones de los límites legales de financiación de su campaña de 2022, señalando donaciones realizadas por sindicatos de maestros y trabajadores del petróleo. Sin embargo, estas acusaciones no solo carecen de fundamento sólido, sino que también violan el artículo 199 de la Constitución de Colombia, que establece claramente que el presidente no puede ser investigado ni juzgado por delitos sin que se cumpla un proceso formal de acusación por la Cámara de Representantes y aprobación por el Senado. Ninguna de estas condiciones se ha cumplido, lo que hace de este acto una flagrante violación del Estado de Derecho.
Un Intento de Golpe de Estado Jurídico
El presidente Gustavo Petro Urrego ha sido claro al denunciar este ataque como el comienzo de un golpe de Estado. La inmunidad presidencial, garantizada por la Constitución, ha sido violada, y la acción política legítima de los trabajadores organizados está siendo criminalizada. Esta estrategia, conocida como “lawfare”, tiene como objetivo deslegitimar al gobierno electo y debilitar el mandato del pueblo colombiano.
Actores Involucrados en este Ataque a la Democracia
Detrás de este ataque están figuras de la extrema derecha colombiana, muchas de las cuales tienen un historial de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Álvaro Prada, uno de los magistrados del CNE que lidera las acusaciones contra el presidente Petro, es un aliado del expresidente Álvaro Uribe y está pendiente de juicio por encubrimiento de testigos en un caso relacionado con paramilitares. Además, el presidente del CNE, César Lorduy, se enfrenta a graves acusaciones de extorsión, abusos sexuales y su implicación en un feminicidio. Estas acusaciones levantan serias preocupaciones sobre la integridad de los actores involucrados en esta maniobra política.
Nuestro llamado a la Comunidad Internacional
Ante esta crisis democrática, solicitamos urgentemente a la comunidad internacional, gobiernos, organismos de derechos humanos y medios de comunicación que:
1. Se pronuncien públicamente en apoyo a la democracia en Colombia y condenen este intento de desestabilización institucional y política a través del uso indebido del sistema judicial.
2. Condenen el uso del Lawfare como herramienta de persecución política, que está siendo utilizado para debilitar no solo al presidente Petro, sino también a los movimientos sociales y sindicatos que lo apoyan.
3. Exijan el respeto a la Constitución colombiana y al mandato popular expresado en las urnas en 2022. Cualquier intento de socavar este mandato legítimo es un ataque directo a la democracia.
4. Soliciten a la comunidad internacional que monitoree de cerca los acontecimientos en Colombia y denuncie cualquier violación a los derechos humanos o actos de represión contra quienes defienden la democracia y el Estado de Derecho.
El pueblo colombiano eligió libremente a su presidente y cualquier intento de desestabilizar su mandato sin seguir los cauces constitucionales representa un ataque directo a la soberanía popular. No permitamos que la democracia en Colombia sea socavada por quienes buscan regresar al pasado de violencia y corrupción. Hacemos un llamado urgente a la solidaridad internacional para detener este asalto contra la democracia colombiana.
Por la defensa de la democracia, los derechos humanos y la justicia,
Asamblea Popular Permanente de Colombianos en el Exterior
=======
English version
To the International Community, Governments, Human Rights Organizations, and Mass Media:
We address you at a critical moment for democracy in Colombia. The recent decision by the National Electoral Council (CNE) to investigate the legitimately elected President, Gustavo Petro Urrego, under accusations of alleged violations of campaign financing limits, constitutes a serious attack on the rule of law and the democratic stability of the country. This unprecedented action in recent history not only undermines the legitimacy of a democratically elected government but also opens the door to an unconstitutional lawfare process, a malicious use of the judicial system to delegitimize political figures and social movements.
Context of the Accusations
The CNE has voted to accuse President Petro for alleged violations of the maximum allowable campaign finance caps for legal donations received by his party from teachers' and oil workers' unions that the CNE attributes to the 2022 presidential campaign. However, these accusations not only lack a solid foundation but also violate Article 199 of the Colombian Constitution, which clearly states that the president may not be persecuted or tried for crimes, except by an accusation of the House of Representatives and when the Senate has declared that there is cause for the formation of a case.” None of these conditions have been met, making this act a blatant violation of the rule of law.
An Attempt at a Judicial Coup
President Gustavo Petro Urrego has made it clear that he sees this attack as the beginning of a coup. The Constitution guarantees presidential immunity, but it has been violated, and the legitimate political action of organized workers is being criminalized. This strategy, known as "lawfare," aims to delegitimize the elected government and weaken the mandate of the Colombian people.
Actors Involved in This Attack on Democracy
Behind this attack are figures from the Colombian far-right, many of whom have a history of corruption and human rights violations. Álvaro Prada, one of the CNE magistrates leading the accusations against President Petro, is an ally of former President Álvaro Uribe and is awaiting trial for witness tampering in a case related to paramilitaries. Additionally, CNE President César Lorduy faces serious accusations of extortion, sexual abuse, and involvement in a femicide. These accusations raise serious concerns about the actors' integrity in this political maneuver.
Our Call to the International Community
In light of this democratic crisis, we urgently request the international community, governments, human rights organizations, and media outlets to:
1. Publicly express support for democracy in Colombia and condemn this attempt at institutional and political destabilization through the misuse of the judicial system.
2. Condemn the use of lawfare as a tool of political persecution, which is being used to weaken President Petro and the social movements and unions that support him.
3. Demand respect for the Colombian Constitution and the popular mandate expressed in the 2022 elections. Any attempt to undermine this legitimate mandate is a direct attack on democracy.
4. Call on the international community to closely monitor events in Colombia and denounce any human rights violations or acts of repression against those who defend democracy and the rule of law.
The Colombian people freely chose their president, and any attempt to destabilize his mandate without following constitutional channels represents a direct attack on popular sovereignty. Let us not allow democracy in Colombia to be undermined by those who seek a return to a past of violence and corruption. We urgently call for international solidarity to stop this assault on Colombian democracy.
In defense of Democracy, Human Rights, and Justice
Colombia’s Permanent Popular Assembly.

221
La causa
Llamado a la Comunidad Internacional, Gobiernos, Organizaciones de Derechos Humanos en la Defensa de la Democracia en Colombia - Call to the International Community, Governments, Human Rights Organisations in the Defence of Democracy in Colombia
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Nos dirigimos a ustedes en un momento crítico para la democracia en Colombia. La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de investigar al presidente legítimamente elegido, Gustavo Petro Urrego, bajo acusaciones de presuntas violaciones a los límites de financiación de campaña, constituye un grave ataque contra el Estado de Derecho y la estabilidad democrática del país. Esta acción, sin precedentes en la historia reciente, no solo socava la legitimidad de un gobierno elegido democráticamente, sino que también abre la puerta a un proceso anticonstitucional de lawfare, un uso malintencionado del sistema judicial para deslegitimar a figuras políticas y movimientos sociales.
El Contexto de las Acusaciones
El CNE ha votado a favor de acusar al presidente Petro por presuntas violaciones de los límites legales de financiación de su campaña de 2022, señalando donaciones realizadas por sindicatos de maestros y trabajadores del petróleo. Sin embargo, estas acusaciones no solo carecen de fundamento sólido, sino que también violan el artículo 199 de la Constitución de Colombia, que establece claramente que el presidente no puede ser investigado ni juzgado por delitos sin que se cumpla un proceso formal de acusación por la Cámara de Representantes y aprobación por el Senado. Ninguna de estas condiciones se ha cumplido, lo que hace de este acto una flagrante violación del Estado de Derecho.
Un Intento de Golpe de Estado Jurídico
El presidente Gustavo Petro Urrego ha sido claro al denunciar este ataque como el comienzo de un golpe de Estado. La inmunidad presidencial, garantizada por la Constitución, ha sido violada, y la acción política legítima de los trabajadores organizados está siendo criminalizada. Esta estrategia, conocida como “lawfare”, tiene como objetivo deslegitimar al gobierno electo y debilitar el mandato del pueblo colombiano.
Actores Involucrados en este Ataque a la Democracia
Detrás de este ataque están figuras de la extrema derecha colombiana, muchas de las cuales tienen un historial de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Álvaro Prada, uno de los magistrados del CNE que lidera las acusaciones contra el presidente Petro, es un aliado del expresidente Álvaro Uribe y está pendiente de juicio por encubrimiento de testigos en un caso relacionado con paramilitares. Además, el presidente del CNE, César Lorduy, se enfrenta a graves acusaciones de extorsión, abusos sexuales y su implicación en un feminicidio. Estas acusaciones levantan serias preocupaciones sobre la integridad de los actores involucrados en esta maniobra política.
Nuestro llamado a la Comunidad Internacional
Ante esta crisis democrática, solicitamos urgentemente a la comunidad internacional, gobiernos, organismos de derechos humanos y medios de comunicación que:
1. Se pronuncien públicamente en apoyo a la democracia en Colombia y condenen este intento de desestabilización institucional y política a través del uso indebido del sistema judicial.
2. Condenen el uso del Lawfare como herramienta de persecución política, que está siendo utilizado para debilitar no solo al presidente Petro, sino también a los movimientos sociales y sindicatos que lo apoyan.
3. Exijan el respeto a la Constitución colombiana y al mandato popular expresado en las urnas en 2022. Cualquier intento de socavar este mandato legítimo es un ataque directo a la democracia.
4. Soliciten a la comunidad internacional que monitoree de cerca los acontecimientos en Colombia y denuncie cualquier violación a los derechos humanos o actos de represión contra quienes defienden la democracia y el Estado de Derecho.
El pueblo colombiano eligió libremente a su presidente y cualquier intento de desestabilizar su mandato sin seguir los cauces constitucionales representa un ataque directo a la soberanía popular. No permitamos que la democracia en Colombia sea socavada por quienes buscan regresar al pasado de violencia y corrupción. Hacemos un llamado urgente a la solidaridad internacional para detener este asalto contra la democracia colombiana.
Por la defensa de la democracia, los derechos humanos y la justicia,
Asamblea Popular Permanente de Colombianos en el Exterior
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English version
To the International Community, Governments, Human Rights Organizations, and Mass Media:
We address you at a critical moment for democracy in Colombia. The recent decision by the National Electoral Council (CNE) to investigate the legitimately elected President, Gustavo Petro Urrego, under accusations of alleged violations of campaign financing limits, constitutes a serious attack on the rule of law and the democratic stability of the country. This unprecedented action in recent history not only undermines the legitimacy of a democratically elected government but also opens the door to an unconstitutional lawfare process, a malicious use of the judicial system to delegitimize political figures and social movements.
Context of the Accusations
The CNE has voted to accuse President Petro for alleged violations of the maximum allowable campaign finance caps for legal donations received by his party from teachers' and oil workers' unions that the CNE attributes to the 2022 presidential campaign. However, these accusations not only lack a solid foundation but also violate Article 199 of the Colombian Constitution, which clearly states that the president may not be persecuted or tried for crimes, except by an accusation of the House of Representatives and when the Senate has declared that there is cause for the formation of a case.” None of these conditions have been met, making this act a blatant violation of the rule of law.
An Attempt at a Judicial Coup
President Gustavo Petro Urrego has made it clear that he sees this attack as the beginning of a coup. The Constitution guarantees presidential immunity, but it has been violated, and the legitimate political action of organized workers is being criminalized. This strategy, known as "lawfare," aims to delegitimize the elected government and weaken the mandate of the Colombian people.
Actors Involved in This Attack on Democracy
Behind this attack are figures from the Colombian far-right, many of whom have a history of corruption and human rights violations. Álvaro Prada, one of the CNE magistrates leading the accusations against President Petro, is an ally of former President Álvaro Uribe and is awaiting trial for witness tampering in a case related to paramilitaries. Additionally, CNE President César Lorduy faces serious accusations of extortion, sexual abuse, and involvement in a femicide. These accusations raise serious concerns about the actors' integrity in this political maneuver.
Our Call to the International Community
In light of this democratic crisis, we urgently request the international community, governments, human rights organizations, and media outlets to:
1. Publicly express support for democracy in Colombia and condemn this attempt at institutional and political destabilization through the misuse of the judicial system.
2. Condemn the use of lawfare as a tool of political persecution, which is being used to weaken President Petro and the social movements and unions that support him.
3. Demand respect for the Colombian Constitution and the popular mandate expressed in the 2022 elections. Any attempt to undermine this legitimate mandate is a direct attack on democracy.
4. Call on the international community to closely monitor events in Colombia and denounce any human rights violations or acts of repression against those who defend democracy and the rule of law.
The Colombian people freely chose their president, and any attempt to destabilize his mandate without following constitutional channels represents a direct attack on popular sovereignty. Let us not allow democracy in Colombia to be undermined by those who seek a return to a past of violence and corruption. We urgently call for international solidarity to stop this assault on Colombian democracy.
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Colombia’s Permanent Popular Assembly.

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Petición creada en 11 de octubre de 2024