Como red de apoyo a Marcelo Mandujano, “Mandu”, manifestamos nuestra total indignación ante la falta de justicia, prácticas ilícitas y graves vulneraciones cometidas durante el juicio. Solicitamos al Tribunal Oral de Punta Arenas un juicio justo, que se respeten sus derechos humanos durante el proceso y se otorgue un veredicto de libertad para Marcelo. La verdad se antepone a las malas prácticas y pruebas ilícitas.

Ante esto declaramos:

1. Marcelo no es un delincuente ni un peligro para la sociedad, es un joven de 25 años que se encuentra cursando su tesis en Ingeniería Civil Mecánica en la UMAG, destacado deportista y bailarín de break dance que siempre aportó a la comunidad desde la cultura. Él como muchxs es consciente de las injusticias sociales, sin embargo, eso no significa que sea parte de una organización violentista, como lo ha querido hacer ver el fiscal a cargo de la investigación, el Sr. Felipe Aguirre Pallavicini, el cual mediante pruebas burdas y sin sustento ha llegado al punto de vincularlo como “líder de una célula anarquista”, lo cual carece de veracidad. 

2. Fiscalía al no tener pruebas concluyentes en contra de Marcelo, insiste en vincularlo a otros delitos que no tienen relación al hecho que se imputa. Un juicio de exagerada duración de 15 días, donde el Fiscal, no hace más que repetir una y otra vez las mismas “pruebas” con el fin de sentenciar a toda costa y demostrar un “castigo ejemplar” que intimide a la sociedad.

3. Se han presentado más de 40 testigos declarando en su contra, casi en su totalidad miembros de carabineros y PDI. La mayoría de estos, al ser interrogados por la defensa, dejan en evidencia que se trata de falsos testimonios llenos de contradicciones e incongruencias.

4. Sin respetar ninguna norma nacional e internacional y con toda arbitrariedad, se le permite declarar a un testigo “NN”, sin nombre ni rostro. Posteriormente el “NN” aclara que fue golpeado, se le fracturó un dedo por parte de efectivos de la PDI y fue presionado para declarar en contra de Mandujano.

5. Según declaran los funcionarios de la PDI, el día 28 de noviembre, Marcelo “cumplía con las características del autor del incendio”, un joven con mochila, chaqueta negra, guantes rojos y zapatillas blancas con negro. Se aclara que el imputado no portaba esas prendas ese día, por lo cual esta detención por sospecha se aleja del marco de la legalidad. 

6. Es necesario recalcar la participación poco legítima de peritos de dudosa procedencia que, desconociendo incluso algunos conocimientos básicos de su área, manifestaron por medio de sus declaraciones una gran falta de concordancia entre sus dichos y los hechos que se le imputan a Marcelo.

7. En el transcurso del juicio se han presentado graves vulneraciones a los derechos de la niñez, exponiendo fotografías y datos de menores de edad en forma reiterativa, incluso una menor de 7años, debido a esto se han hecho las denuncias pertinentes a las autoridades y a la Defensoría de la Niñez. 

8. Respecto al inmueble (de material ligero) y la demanda civil en su contra, se han detectado alteraciones mal intencionadas en el valor del m2 de la edificación afectada, además de un falso informe de evaluación de daños y reconstrucción, llegando incluso a cobrar más de $330 millones de pesos, cifra exorbitante y lejana a la realidad.

9.     Otro punto curioso del juicio oral, se produjo tras las declaraciones de la representante legal de AFP Hábitat; quién osó de calificar a la entidad como: “una mediana empresa”, como casi una pyme familiar que se vio “profundamente afectada” por el hecho.

10.  Debido a esto, apelamos al Artículo 10 de la Declaración de los Derechos Humanos, insistiendo una vez más que "toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el exámen de cualquier acusación contra ella en materia penal"; recordando desde ya que esto no ha estado presente en ningún momento de este caso mediático, imparcial, y que criminaliza la protesta, acto permitido en DEMOCRACIA.

Por último, nace la siguiente interrogante:

¿Por qué Marcelo se ve sometido a tal difamación y tal incertidumbre ante un posible castigo de más de 11 años de presidio, mientras violadores, pedófilos, femicidas y graves casos de corrupción política y policial gozan de libertad e impunidad?

Marcelo está en prisión preventiva hace más de 10 meses y hace 8 meses sin visitas, sin ver a su familia y seres queridxs, sin poder cursar sus estudios como cualquier joven, sin poder bailar y mostrar su talento y arte a la comunidad, debido a toda esta película turbia que se armó en torno a él. Sabemos que no es el único en esta situación y a nivel nacional son más de 2000 presxs del estallido social que exigen justicia y dignidad.

Los jueces tienen en sus manos el realizar un juicio justo y otorgar un veredicto en libertad para Marcelo, demostrar que la verdad se antepone a las malas prácticas y pruebas ilícitas entregadas por el Fiscal Felipe Aguirre Pallavicini y también visibilizar esto a todo Chile y a lxs que injustamente, al igual que Mandu, están en esta situación.