En medio de un preocupante clima de abuso, violencia, detención arbitraria, amenazas y homicidios en Honduras. El gobierno Hondureño no parece tomar seriamente el grave problema en foros internacionales y ya ha colocado una nota al pie objetando las próximas Resoluciónes sobre Orientación Sexual, Identidad y/o Expresión de Género y sobre Tortura la OEA.

 

La Noche del pasado viernes 3 de junio la joven Trans Pamela Martínez, miembro de colectivo unidad color Rosa, fue baleada y falleció al día siguiente en el hospital Catarino Rivas de San Pedro Sula.

 

Ese mismo viernes el Cuerpo de René Martínez, presidente de la Comunidad Gay Sampedrana, fue identificado en la morgue de San Pedro Sula. Al parecer Martínez había sido estrangulado. La familia de René Martínez lo había reportado como desaparecido el miércoles 1 de junio después de que salió de su casa en la ciudad de Chamelecón barrio de San Pedro Sula y se metió en el coche de alguien.

 

La noche del 13 de mayo pasado raptaron a Allan Yoni Banegas Godoy , de 22 años, sobrino de los defensores  de Derechos Humanos  José Zambrano y de  la directora ejecutiva de APUVIMEH, Sandra Zambrano. Allan fue secuestrado en la col. 3 de mayo en Comayagüela, su familia lo buscó en hospitales, postas policiales,  las autoridades no aceparon la denuncia del rapto aduciendo que había que esperar 24 horas para aceptar la misma y sin ningún resultado. Finalmente el joven apareció asesinado muerto en la colonia Las Brisas de Tegucigalpa, cercana al Aeropuerto Toncontín y la Corte Suprema de Justicia.

 

El 22 de enero de 2014 la Comisión Interamericana había otorgado medidas cautelares a favor los integrantes de la Asociación para una Vida Mejor de Honduras (APUVIMEH); entre quienes se cuentan varios miembros de la familia Zambrano; que estaban siendo objeto de secuestros, raptos, ataques sexuales, extorsiones, asaltos,   asesinatos, amenazas, actos de hostigamiento y de violencia en su contra, como una retaliación por sus actividades de concientización y protección a favor de la comunidad LGBTI

 

Tan solo un mes antes, el día viernes 15 de abril 2016 a las 9:15 p.m. Alejandra Padilla, activista de la Asociación Feminista Trans fue encontrada con múltiples golpes en la carretera que conduce a la salida vieja a La Lima, en la ciudad de San Pedro Sula. Alejandra fue trasladada por una patrulla policial al hospital Mario Catarino Rivas, donde falleció a las 12:00 de la medianoche. El dictamen de medicina forense indica que la muerte fue ocasionada por los golpes que recibió de parte de su agresor.

 

Estos dos crímenes son solo los últimos de una lista múltiple y altamente preocupante de atentados que tienen como objetivo la comunidad de defensores y defensoras de los derechos humanos en Honduras. Entre esos crímenes se ha destacado el asesinato de la activista Bertha Cáceres; ambientalista y líder de los derechos indígenas y el fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH); ocurrido el pasado 03 de marzo, quien también era beneficiaria de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que al parecer no se aplicaron de manera efectiva por parte del Estado de Honduras. La Sra Cáceres es una de los 15 defensores de los derechos humanos que han sido asesinados entre 2010 y 2016 en Honduras a pesar de ser beneficiarios de estas medidas de precaución. En este sentido, el relator de la ONU sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos, Michel Frost insistió en que el Gobierno hondureño debe asegurar que se realice una investigación "inmediata, independiente e imparcial" de la muerte de Cáceres.

 

También forman parte de esta lamentable lista de muertes violentas acaecidas en los últimos 11 meses; Paola Barraza, Juan Carlos Cruz Andara, Angy Ferreira, Violeta Rivas, Jorge Alberto Castillo; Gloria Carolina Hernández Vásquez; Estefanía Zúñiga, Henry Matamoros y Josselin Janet Aceituno Suazo; quienes también eran defensores y defensoras de derechos humanos de las personas LGBT.

En total 235 personas LGBTI han sido asesinadas en Honduras desde 1994, con sólo 48 casos llevados a la corte; mientras que el comisionado nacional de derechos humanos ha alegado que el 92% de los crímenes no han sido debidamente investigados y siguen sin resolverse.

 

En su comunicado emitido el pasado 7 de marzo la CIDH expresó su preocupación por las alegadas agresiones por parte de agentes estatales hacia defensores y defensoras de los derechos de las personas LGBT quienes constantemente serían sometidos a agresiones y hostigamientos y en varias ocasiones serían objeto de detenciones arbitrarias por parte de la policía nacional.

 

En este preocupante contexto de peligro la CIDH ha solicitado la implementación de medidas cautelares a favor de varias otras organizaciones de la diversidad sexual entre las que se cuentan: la Asociación LGTB Arcoíris de Honduras, el Centro de Prevención en Sexualidad y Sida CEPRESS, la Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral, la Asociación de Jóvenes en Movimiento, y de un miembro del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras; y la organización Cattrachas

Considerando el nivel de abuso, violencia, detención arbitraria, amenazas y homicidios del que son víctimas defensores y defensoras de derechos humanos, ambientalistas, defensores y defensoras de los derechos indígenas, periodistas, abogados, sindicalistas, campesinos, activistas de los derechos de la mujer y las personas LGBTI, entre otros activistas, en Honduras; el Parlamento Europeo ha emitido el pasado 13 de abril su Resolución sobre Honduras: situación de los defensores de los derechos humanos (2016/2648(RSP)). En ese documento queda de manifiesto que Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos de la región para los defensores y defensoras de los derechos humanos; y que es uno de los países más violentos del mundo para los y las activistas del medio ambiente, al menos 109 de los cuales fueron asesinados entre 2010 y 2015. Por esa razón la Resolución del Parlamento Europeo expresa su profunda preocupación por el clima de extrema violencia, en particular contra las personas LGBTI y quienes defienden sus derechos; y hace hincapié en la necesidad de llevar a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales sobre los homicidios de miembros activos de varias organizaciones de derechos humanos LGBTI; reforzar la protección contra la discriminación y los crímenes de odio en base a la orientación sexual y la identidad de género y el desarrollo de normas de buena práctica en estrecha cooperación con la sociedad civil; pide la inclusión de nuevas medidas apropiadas para impedir los actos de discriminación y los crímenes de odio, y para la protección de la comunidad LGBTI como parte de cualquier revisión del código penal hondureño.

Bajo el peso de las desbastadoras evidencias de esta preocupante situación en el país sorprende la nota que el estado hondureño colocó como pié de página en la Resolución de la OEA AG/RES. 2863 (XLIV-O/14) - DERECHOS HUMANOS, ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO; aprobada en la cuarta sesión plenaria de la 44 Asamblea General de la OEA, celebrada el 5 de junio de 2014 y que dice: “El gobierno de Honduras declara su compromiso con los derechos humanos y con las convenciones internacionales que ha suscrito al efecto. Asimismo, no se considera obligado por ninguna disposición contenida en este proyecto que pudiera contravenir las disposiciones de esas Convenciones o su legislación interna.”

Resulta igualmente sorprendente que durante el último Examen periódico universal en derechos humanos realizado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a Honduras, los representantes del gobierno hondureño rechazaran las recomendaciones relativas a adoptar una ley de identidad de género que permita el reconocimiento legal en el registro nacional de las personas en función de su identidad de género auto percibida, cuando según informes de APUVIMEH mas de un tercio de las víctimas de crímenes de odio registradas pertenecen a la población trans.

 

En este sentido, preocupados por la forma en que las autoridades hondureñas parecen abordar tan grave situación unimos nuestras palabras a las del Señor relator de la ONU sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos, Michel Forst, quien insistió; "Ya es hora de que el Gobierno de Honduras intervenga de forma concreta en la situación de flagrante impunidad ante el creciente número de ejecuciones de defensores de los derechos humanos".

Para ello solicitamos:

- al gobierno hondureño:

·         Abstenerse de toda oposición a nivel regional e internacional a las iniciativas y recomendaciones cuyo objeto es la  protección de los derechos humanos de las personas LGBTI, oposición que destaca la grave responsabilidad del estado, así sea por omisión, en los crímenes mencionados.

·         Garantizar la libertad de expresión y de tomar medidas inmediatas para poner fin a las amenazas y ataques contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos los defensores y defensoras LGBTI, y sus familias

·         Fortalecer  las  instituciones  nacionales  encargadas  de  la  promoción  y protección  de  los  derechos  humanos,  con  el  fin  de  fomentar  el  acceso  a  la justicia, en particular para los grupos más vulnerables, como las mujeres, las personas   mayores,   niños,   pueblos   indígenas,   personas   con   discapacidad, personas afro descendientes y las personas LGBTI

·         Garantizar el  cumplimiento  de  la normativa vigente para que todas las quejas con respecto a violaciones de derechos humanos y otros abusos cometidos por la policía, las fuerzas armadas o de los miembros de las empresas de seguridad privadas están sujetas a, en un breve período de tiempo, investigaciones exhaustivas; que los responsables de tales violaciones comparecen ante la justicia y que las víctimas tengan acceso a reparaciones

·         Asegurar que todos los crímenes de odio se clasifiquen como tales; e incluir el concepto de crimen de odio en el Código Penal

·         Implementar políticas, programas y campañas de sensibilización que promuevan la tolerancia y la no discriminación  de  las  personas  LGBTI

·         Fortalecer la normativa nacional manifestando el compromiso de Honduras con las normas internacionales que protegen a la población LGBTI mediante la firma y ratificación de la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN E INTOLERANCIA (A-69).

- al Secretario General de la Organización de Estados Americanos y los estados miembros:

·         Verificar el cumplimiento por parte del estado de Honduras de sus obligaciones bajo la Carta democrática interamericana

·         Instar al estado de Honduras la protección de la vida y la integridad física de sus ciudadanas y ciudadanos, con particular atención a la situación de las comunidades más vulnerables, como las mujeres, las personas   mayores,   niños,   pueblos   indígenas,   personas   con   discapacidad, personas afro descendientes y la personas LGBTI, así como los defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos los defensores y defensoras LGBTI, y sus familias

 - a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

·         Instar al estado de Honduras el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a ciudadanas y ciudadanos hondureños, y monitorear que dichas medidas sean implementadas a protección de la integridad de sus beneficiarios

·         Pedir informaciones urgentes sobre las circunstancias del asesinado de Allan Yoni Banegas Godoy, y de las violaciones de derechos humanos que ocurren diariamente hacia defensoras y defensores de derechos humanos y sus familias en Honduras

·         Empujar y monitorear de manera urgente el cumplimiento de las recomendaciones elaboradas por la Comisión misma en su informe “Situación de Derechos Humanos en Honduras” (OEA/Ser.L/V/II – Doc. 42/15 – 31 diciembre 2015)

- al Señor Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos:

·         Investigar las circunstancias del asesinado de Allan Yoni Banegas Godoy, y de las violaciones de derechos humanos que ocurren diariamente hacia defensoras y defensores de derechos humanos y sus familias en Honduras

- a la Comunidad internacional:

·         Instar al estado de Honduras la protección de la vida y la integridad física de sus ciudadanas y ciudadanos, con particular atención a la situación de las comunidades más vulnerables, como las mujeres, las personas   mayores,   niños,   pueblos   indígenas,   personas   con   discapacidad, personas afro descendientes y la personas LGBTI, así como los defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos los defensores y defensoras LGBTI, y sus familias

Revisar los acuerdos bilaterales y multilaterales en materia de cooperación judicial, cooperación militar, el apoyo a las fuerzas de policía y todas las instituciones del estado que siguen ser corresponsables de violaciones de derechos humanos hacia las comunidades sobre mencionadas y sus defensores y defensoras