No podemos permitir que se siga maltratando de esta manera a la naturaleza. Expandir la actividad petrolera en el territorio ecuatoriano es igual a seguir destruyendo los recursos naturales y a las personas que forman parte de las comunidades indígenas de la zona. 

El 07 de julio de 2021, el Presidente Guillermo Lasso, promulgó el Decreto 95. Se amplió la frontera petrolera afectando a más territorios de los pueblos indígenas y campesinos, al tiempo que entrega el manejo del sector petrolero a empresas privadas retomando la modalidad de Contrato de Participación. Se nombra un Comité Técnico del Fondo de Sostenibilidad Petrolera formado en su totalidad por delegados del Presidente, que asumirá la administración de las ganancias por la venta del petróleo, sin tomar en cuenta la participación de los pueblos indígenas afectados, que es mandatoria en la Constitución ecuatoriana.

Cualquier nuevo proceso licitatorio hacia el centro y sur de la Amazonía, debe realizarse con una evaluación integral de los impactos ambientales y sociales que las actividades extractivas petroleras han dejado por décadas en los numerosos bloques en operación en las provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo. Además de analizar las violencias generadas, incluyendo las de género y la patriarcalización de los territorios, denunciada por las Mujeres Amazónicas Defensoras de la Selva, en un mandato de 2018 y al Estado. 

Ecuador tiene  experiencias negativas por la falta de reparación integral de los daños causados por la irresponsable acción de una empresa privada, Chevron, anteriormente Texaco, que dejó grandes afectaciones a las comunidades indígenas y campesinas colonas de Sucumbíos y Orellana, afectadas por la contaminación de la selva y acuíferos.

Otra experiencia nefasta y reciente es la que afectó a 27.000 personas y 105 comunidades kichwa vulneradas en sus derechos a una vida digna, agua limpia, alimentación y salud, como ocurrió en el derrame de petróleo del 7 de abril  de 2020 al romperse el Sistema de Oleoductos Trans Ecuatorianos (SOTE), el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y el poliducto Shushufindi – Quito, que contaminaron con 15.800 barriles de crudo,  los ríos Napo y Coca. Desastre ambiental ocasionado por la implosión en el cauce natural de la cascada San Rafael, en febrero de 2020,  a consecuencia de la erosión regresiva producto de la construcción de la Hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, otra enorme obra construida con el argumento de desarrollar al país, sobre lo que el gobierno aún no se ha pronunciado. Este hipotético progreso, no augura un sano porvenir para las comunidades locales, ni asegura una mejor calidad de vida ni una sociedad equitativa e inclusiva.

Nos preocupa que los campos Parahuaco, Pucuna e ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini), que forman parte del Parque Nacional Yasuní -Reserva de Biósfera y Zona Intangible que protege una importante biodiversidad y a Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario- se encuentren en la mira para aumentar la producción petrolera; lo que afectará  ampliamente la biodiversidad de esta zona. La situación del Yasuní nos concierne a todos y todas, al tratarse de un ecosistema de importancia global.

El incremento de la producción petrolera implica acelerar la destrucción y contaminación de ecosistemas acuáticos y terrestres, limitar la territorialidad y espacios de vida de la fauna, fragmentar ecosistemas con la consecuente pérdida de biodiversidad e impactos en la salud humana. La presencia de operaciones extractivistas hidrocarburíferas, está acompañada de dinámicas intrusivas, como un mayor crecimiento urbano en la Amazonía, la construcción de carreteras que atraviesan bosques que dan paso a la deforestación y la implantación de monocultivos, construcción de piscinas de residuos tóxicos que contaminan acuíferos; lo que conlleva a potenciar agentes patógenos que podrían derivar en enfermedades zoonóticas como la Covid-19. 

Promover procesos de licitación internacional para la administración del tema petrolero nos preocupa porque es posible que una vez más se intente ampliar las fronteras extractivas hacia la Amazonía centro y sur, reactivando los bloques licitados previamente en el 2012 en la XI Ronda. Proceso que generó alta conflictividad, por afectar en varios casos el 70% o inclusive el 100% de los territorios de 7 nacionalidades indígenas de las provincias de Napo, Pastaza y Morona Santiago.

Para los pueblos indígenas, los territorios no son reservorios de “recursos” aprovechables, tal como el Estado, las empresas y otros actores interesados lo conciben, sino que son “Kawsak Sacha” (Selva Viviente y Consciente), es decir, una integralidad en que cohabitan y se interrelacionan seres humanos y no-humanos. Así, las intromisiones de actividades de exploración sísmica, la extracción de recursos del subsuelo y la generación de residuos contaminantes, ocasionan profundos desequilibrios en estas relaciones; ponen en riesgo la sobrevivencia de estos pueblos y generan irreversiblemente la pérdida de bienes comunes como la biodiversidad y el agua, indispensables para superar la crisis climática global. 

La ejecución del Decreto 95 impone de manera vertical, unilateral y excluyente una práctica del desarrollo, que tiende a gestionar de manera depredadora los “sectores estratégicos”, pasando por alto que en los territorios donde se realizan las actividades extractivas viven poblaciones indígenas, cuya presencia antecede a la conformación del Estado ecuatoriano. Cabe recalcar que los Derechos Colectivos reconocidos en el artículo 57 de la Constitución como el de la Consulta Libre, Previa e Informada no se han aplicado adecuadamente, pues este derecho debía ser considerado en la formulación y expedición del Decreto 95, al ser un instrumento que afectará a los pueblos indígenas. 

Por ello, hay que reconocer la importancia que tiene la Amazonía para enfrentar el cambio climático, su papel clave en la regulación del clima mundial, en la producción de agua dulce y como hábitat de diversas especies de flora y fauna. Los bosques amazónicos son un gran sumidero de carbono y su conservación es clave para evitar emisiones de gases de efecto invernadero, específicamente de CO2 a la atmósfera. Es importante pensar y crear en la Amazonía alternativas al modelo extractivista; opciones que junten tanto experiencias, conocimientos tradicionales de los pueblos amazónicos, así como los genuinos avances científicos y técnicos logrados por la humanidad en su conjunto.

El gobierno debe ajustar su política pública en especial las políticas hidrocarburíferas y mineras al marco de la configuración plurinacional e intercultural del Estado, tal como está instituido en  la Constitución ecuatoriana. Es el deber y responsabilidad de gobernantes y gobernados encontrar y ejecutar todos los mecanismos necesarios para que hombres y mujeres, de los pueblos originarios, como de comunidades campesinas, colonas y poblaciones urbanas amazónicas dentro de su diversa condición cultural o étnica, socio económica y de género, gocen de plena participación en las decisiones, acciones, monitoreo, evaluación y beneficios que involucren sus territorios y lugares de existencia. Eso es lo mínimo que podríamos esperar del ejercicio del Estado, en una auténtica sociedad democrática, libre y soberana, a la que como antropólogas y antropólogos nos comprometemos a aportar.