Petición Cerrada

JUSTICIA PARA REGINA. INVESTIGUEN SUS DENUNCIAS PERIODÍSTICAS COMO CAUSA DE SU ASESINATO. NO CIERREN EL CASO

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El poder judicial pretende cerrar el asesinato de Regina Martínez, la valiente periodista que se dedicó a denunciar la corrupción política y a los criminales en Veracruz, México. Exigimos que investiguen como causa del asesinato las denuncias periodísticas que ella hizo. NO CIERREN EL CASO SIN INVESTIGAR LA CAUSA. NO CREEMOS EL MÓVIL DEL ROBO. Paremos los asesinatos a periodistas en México. Los silenciadores tienen que estar en la cárcel. No más impunidad.

INGLES: The judiciary intends to close the murder case of Regina Martínez, the courageous journalist who was devoted to denouncing political corruption and criminals in Veracruz, Mexico. We demand that the cause of murder be investigated based on the journalistic complaints that she made DO NOT CLOSE THE CASE WITHOUT A THOROUGH INVESTIGATION. Stop the killings of journalists in Mexico. Those who silence these cases should be in jail. No more impunity.

FRANCES: Le pouvoir judiciaire prétend fermer le dossier de l’assassinat de Regina Martinez, la courageuse journaliste qui a consacré sa vie à dénoncer la corruption politique et les criminels dans l’Etat de Veracruz au Mexique.Nous exigeons que soient enquêtées les dénonciations journalistiques comme étant la cause de son assassinat. NE FERMEZ PAS LE DOSSIER SANS ENQUÊTER. Stoppons les assassinats de journalistes au Mexique. Les répresseurs de la liberté d’expression doivent aller en prison. Stop à l’impunité !

NUESTRA PETICIÓN:

Sr. Enrique Peña Nieto

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Sr. Javier Duarte Ochoa 

Gobernador de Ignacio de Veracruz-Llave

Sr. Jesús Murillo Karam

Procurador General de la República

Sr. Luis Ángel Bravo Contreras

Procurador de Justicia del Estado de Veracruz 

Sr. Edel Álvarez Peña, Sr. Andrés Cruz Ibarra,Sra. Martha Ramírez Trejo

Magistrados de la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado

El 28 de abril de 2012 fue asesinada la periodista Regina Martínez Pérez en su casa de Xalapa, Veracruz, quien tenía más de 25 años informando de los problemas sociales, corrupción política, el crimen organizado y violaciones a los derechos humanos en la entidad. Los que la conocimos y leímos podemos testificar que era honesta, valiente y aliada de los ciudadanos, que hasta sus últimos reportajes denunció la peligrosa complicidad entre políticos y criminales.

Su asesinato indignó a la sociedad veracruzana, caló hondo entre los periodistas de todo el país y tuvo repercusión en el mundo entero. Desde entonces hemos exigido justicia no sólo porque lo mínimo que debe garantizarse en cualquier sociedad que se autonombre “democrática” es sancionar el homicidio, sino por el agravio que se está haciendo a su memoria, por ser mujer y por haberse mantenido fiel a su misión de periodista en un estado donde los periodistas son asesinados.

Todos sabíamos que Regina era incómoda y que había muchas personas poderosas interesadas en silenciarla. Quienes leíamos sus reportajes cada semana en la revista Proceso sabíamos que en ellos estaba jugándose la vida. Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha investigado su labor profesional como causa de su asesinato y, por el contrario, fabricó a Regina una personalidad distinta a la que tenía para cuadrar la hipótesis de que una persona llamada José Adrián Hernández Domínguez, alias “El Jarocho”, [quien está prófugo] era su novio y fue quien planeó un robo y la asesinó, acompañado de la persona presentada como cómplice, Jorge Antonio Hernández Silva, alias “El Silva”, quien fue consignado ante la juez pero alegó que había sido torturado y amenazado para autoinculparse. 

Por incongruente, la explicación del asesinato por robo pronto fue echada abajo por los propios magistrados veracruzanos.

El 14 de abril de 2013, en la causa penal 358/2012, la jueza de primera instancia Beatriz Rivera Hernández, falló contra “El Silva” por la supuesta complicidad y lo condenó a 38 años de prisión. Sin embargo, debido a la apelación 673/2013 el 8 agosto de ese año, ante la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tuvo que ser liberado por las anomalías en el juicio y las faltas al debido proceso. 

Días después, un familiar de Regina promovió un juicio de amparo que correspondió conocer al Cuarto Tribunal en Material Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, registrado con el número 751/2013, que inexplicablemente se mantuvo congelado por más de 8 meses. Fue hasta el pasado 19 de junio de 2014 que los magistrados federales, al revisar la sentencia, ordenaron a la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado que vuelva a estudiar el delito de homicidio calificado por considerar que no había quedado probada la plena responsabilidad de “El Silva” como cómplice del crimen de Regina. Y ordenaron una nueva sentencia.

Ha sido inexplicable en estos más de dos años que la Procuraduría General de la República no haya investigado este crimen, a pesar de haber anunciado que lo haría y de estar facultada constitucionalmente para ello. Es sabido que Regina denunció en sus reportajes a políticos locales, por lo que las investigaciones deben de hacerse fuera de Veracruz, y en el expediente hay infinidad de declaraciones y pruebas que cambiarían el curso de la investigación y que los jueces estatales y federales han ignorado.

Las sentencias opuestas de los jueces estatales y federales confirman que se quiere fabricar una explicación al crimen de Regina, negar que fue asesinada por sus investigaciones periodísticas. Las copias de los reportajes que la periodista publicó los últimos dos años en la revista Proceso están dentro del expediente y contienen pistas sobre quién la mató.

Sabemos que el poder judicial del estado está a punto de cerrar el caso para siempre, burlar la justicia y manchar la memoria de Regina. No creemos el móvil del robo. Todas las personas que firmamos esta carta petición exigimos a las procuradurías General de Justicia del Estado y de la República investiguen como causa del asesinato el trabajo periodístico de Regina y presenten resultados sobre esa línea de investigación, y que los magistrados de la Séptima Sala hagan un pronunciamiento debidamente fundado y motivado de estas pruebas que ya se han presentado –que existen en el expediente-- que para los jueces no son importantes pero para nosotros, ciudadanos, sí lo son.

Exigimos justicia para Regina. No más impunidad.

LOS Y LAS ABAJOFIRMANTES:

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President Enrique Peña Nieto

Constitutional President of the United States of Mexico

Governor Javier Duarte Ochoa

Governor of Ignacio de Veracruz-Llave

Mr. Jesús Murillo Karam

Attorney General

Mr. Luis Ángel Bravo Contreras

Attorney General of the State of Veracruz

Mr. Edel Álvarez Peña, Mr. Andrés Cruz Ibarra, Ms. Martha Ramírez Trejo

Judges of the Seventh Chamber of the Superior Court of the State 

On April 28th house in Xalapa, Veracruz. She had been reporting on social issues, political corruption, organized crime and violations of human rights in the entity for more than 25 years. Those who knew her and read her articles can testify that she was an honest, brave ally of citizens up until her very last report denouncing the dangerous complicity between politicians and criminals. 

Her murder outraged Veracruz society, hurt deeply journalists from around the country and had worldwide impact. Since then we have demanded justice not only because it is the least a self called "democratic" society is to be expected of doing, but for the wrong that is being done to her memory as a woman and who had remained true to her mission as a journalist in a State where journalists are being killed. 

We all knew that Regina had many powerful people interested in silencing her. Those who read her stories every week in the political magazine “Proceso” knew that she was risking her life. However, the Attorney General of the State did not investigate journalism as the cause of Ms. Martínez Pérez’s murder. Conversely, a different personality about Regina was fabricated by the authorities that was to fit the hypothesis that a person called José Adrián Hernández Domínguez, "El Jarocho", [who is a fugitive] was her boyfriend and he masterminded a robbery and her murder, together with the person presented as an accomplice, Jorge Antonio Hernández Silva, "El Silva", who was remanded before the judge but journalist Regina Martínez Pérez was murdered at her claimed to had been tortured and threatened to incriminate himself. 

The theory of murder for robbery was soon torn down by the judges themselves as it was absurd and inconsistent.

On April 14th Hernandez ruled against "El Silva" for alleged complicity and sentenced him to 38 years in prison. However, due to appeal number 673/2013, on August 8th "El Silva” was released before the Seventh Chamber of the Superior Court of the State, due to anomalies in judgment and failures of due process. 

Days later, Regina’s siblings initiated a legal “amparo” before the Fourth Criminal Court for the Seventh Circuit, number 751/2013, which inexplicably was not reviewed for eight months. It was until last June 19threviewing the judgment, ordered the Seventh Chamber of the Superior Court of the State to re-examine the crime of murder on the grounds that full responsibility of "El Silva" had not been proven It is inexplicable that in more than two years the Attorney General's Office has failed to investigate the crime, despite that is constitutionally empowered to do so. It is known that Regina pointed local politicians in her articles. Therefore, investigation must be done outside of Veracruz and must take into consideration the statements and evidence stated on the legal records of this case that could change the course of the investigation and that state and federal judges have ignored. 

The opposing statements of state and federal judges confirm that there is an intention of denying that Regina’s murder was consequence of her investigative reports. Copies of the reports that the journalist published in the last two years in the magazine “Proceso” are within the file and contain important information on who might have murdered her. 

We have known that the judicial power of the state is about to file away the case and left it unresolved to evade justice and tarnish the memory of Regina. The undersigned respectfully urge General prosecutors of the State and the Republic to investigate the murder of Regina based on her journalistic work and to present results. Also will request judges of the Seventh Chamber to make a properly founded and reasoned statement based on the existent evidence that even if are not important for judges certainly are of us citizens. 

We demand justice for Regina. No more impunity!

The undersigned:

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M. Peña Nieto

Président constitutionnel des Etats-Unis du Mexique

M. Javier Duarte

Gouverneur de Ignacio de Veracruz Llave

M. Jesús Murillo Karam

Procureur Général de la République

Sr. Luis Ángel Bravo Contreras

Procureur de Justice de l’Etat de Veracruz 

M. Edel Álvarez Peña, M. Andrés Cruz Ibarra, Mme. Martha Ramírez Trejo

Magistrats de la Septième Salle du Tribunal Supérieur de Justice de l’Etat.

 

Le 28 avril 2012, la journaliste Regina Martinez a été assassinée dans sa maison à Jalapa, Veracruz. Pendant plus de 25 ans, elle a écrit et informé au sujet des problèmes sociaux, de la corruption politique, du crime organisé et des violations des droits de l’homme dans cet Etat. Toux ceux qui l’avons 

connue et lue sommes les témoins de son honnêteté, de son courage et de son engagement auprès des citoyens. Jusque dans ses derniers reportages, elle a dénoncé la dangereuse complicité entre les politiciens et les criminels.

Son assassinat a indigné la société de Veracruz, a touché une corde sensible des journalistes au niveau national et a eu des répercussions dans le monde entier. Depuis lors, nous exigeons que justice soit faite, non seulement parce le minimum requis pour une société auto-nommée « démocratique » est d’assurer la sanction de l’homicide, mais aussi en raison de l’atteinte à la mémoire de Regina, femme et fidèle à sa mission journalistique dans un Etat où l’on assassine les journalistes.

Nous savions tous que Regina dérangeait et que bon nombre de personnes puissantes voulaient la faire taire. Nous, lecteurs de ses reportages hebdomadaires dans le magazine Proceso, savions qu’elle risquait sa vie en les écrivant. Cependant, le Procureur Général de l'État n’a pas enquêté sur ses activités professionnelles comme étant le mobile de son assassinat. 

A l’inverse, on lui a inventé une autre personnalité afin qu’elle puisse coïncider avec l'hypothèse qu'une personne appelée José Adrián Domínguez Hernández, alias "El Jarocho ", [actuellement fugitif] était son petit ami. Celui-ci aurait orchestré un cambriolage et l’aurait tuée, avec la personne présentée comme son complice, Jorge Antonio Hernández Silva, alias" le Silva ", qui a été consigné à la Cour, mais qui a affirmé avoir été torturé et menacé pour s’incriminer.

Due à cette explication incongrue, l’hypothèse de l’assassinat pour vol a été vite écartée par les juges de l’Etat de Veracruz eux-mêmes. Le 14 Avril 2013, dans la procédure pénale 358/2012, le juge de première instance Beatriz Hernandez Rivera a condamné "La Silva" pour complicité présumée et l’a condamné à 38 ans de prison. Toutefois, en raison de l'appel 673/2013, le 8 Août de cette même année, devant la septième chambre de la Cour supérieure de l'Etat, il a dû être libéré en raison des anomalies dans le 

procès et la procédure. 

Quelques jours plus tard, un proche de Regina promu a une injonction qui correspondait au Quatrième Tribunal en Matière Pénale et de Travail du Septième Circuit, avec le numéro 751/2013, qui a été inexplicablement conservé intact pendant plus de 8 mois. Ce n’est que le 19 Juin 2014 que 

les juges fédéraux, au moment de la révision de sentence, ont ordonné à la septième chambre de la Cour supérieure de l'État de réexaminer le délit d’homicide qualifié, la responsabilité de "El Silva" comme complice du crime de Regina n’ayant pas été pleinement prouvée. Ils ont exigé une nouvelle sentence.

 Il est inexplicable que pendant ces deux années, le Procureur Général n’ait pas enquêté le crime, bien qu'il ait annoncé qu’il le ferait et qu'il en soit habilité constitutionnellement. On sait que Regina a dénoncé dans ses reportages des politiciens locaux, il est donc indispensable que l’enquête se fasse hors de l’Etat de Veracruz. Dans le dossier, il existe un grand nombre de déclarations et de preuves qui pourraient changer le cours de l'enquête et que les juges de l'Etat de Veracruz et fédéraux ont ignorées. Les déclarations contradictoires des juges de l’Etat de Veracruz et fédéraux confirment qu’il existe une volonté de fabriquer une explication de l’assassinat de Regina, de nier qu'elle a été assassinée à cause de ses enquêtes journalistiques. Des copies des reportages que la journaliste a publié pendant les deux dernières années dans le magazine Proceso sont dans son dossier et contiennent des indices sur qui les responsables du crime. 

Nous savons que le pouvoir judiciaire de l'Etat est sur le point de fermer définitivement le dossier et ainsi échapper à la justice et ternir la mémoire de Regina. Tous les signataires de cette pétition exigeons au Procureur Général de Justice de Veracruz et au Procureur Général de la République de l'État et de la République une enquête sur le travail journalistique de Regina comme étant la cause de son assassinat et qu’ils en présentent les résultats. 

Nous demandons à ce que les juges de la septième chambre fassent une déclaration dûment fondée et motivée sur ces preuves, qui se trouvent dans le dossier, considérées sans importance par les juges mais qui pour nous, citoyens sont fondamentales.

Justice pour Regina ! Stop à l'impunité.

Signataires :

 

 

 



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