Señoras diputadas y diputados:

Manifestamos nuestro apoyo al proyecto de ley elaborado por el movimiento ciudadano “Gente Estafada en Bancos en Costa Rica”, que se está presentando en la Asamblea Legislativa. El proyecto se denomina “Ley de protección a las personas consumidoras en la custodia de su dinero que administra cualquier entidad financiera en Costa Rica ya sea pública o privada, autorizada para este fin”.

Es esencial que este proyecto se apruebe lo antes posible ante la ausencia en Costa Rica de normativa que defienda a las personas de los ciberdelitos, los cuales han convertido los servicios bancarios y financieros en una actividad poco confiable. 

En solo un año, de 2021 a 2022, las denuncias por estafas bancarias pasaron de 5.528 a 7.938. El perjuicio económico superó los ¢4.300 millones de colones. Esto es solo la punta del iceberg, ya que no todas las personas afectadas denuncian, por lo que la cantidad de víctimas y de dinero sustraído es mucho mayor.

Los bancos tienen una responsabilidad inexcusable. Por un lado, el proceso de denuncia en estas entidades es tortuoso, humillante e inefectivo. Por otro, en prácticamente todas las estafas, los delincuentes mueven los dineros robados entre varias cuentas bancarias el mismo día, sin que los bancos detecten que son movimientos anómalos según el historial de transacciones que realizan las personas clientes. En algunos casos, los delincuentes mueven cantidades mayores a las permitidas por la legislación, lo cual resulta sorprendente, cuando a cualquier ciudadano se le exige documentar con rigurosidad el origen de sus transacciones cuando los fondos superan cierto monto. 

Además, hay constatación policial de que, en algunos casos, los delincuentes obtuvieron de los mismos bancos las bases de datos con información privada de los clientes estafados, lo cual constituye un delito gravísimo. Cualquier entidad autorizada para recibir recursos financieros de la ciudadanía tiene el deber legal ineludible de custodiar, tanto su información personal como su dinero. 

Detrás de cada estafa hay una historia humana y familiar de dolor, impotencia, enfermedad e inclusive muerte. La sociedad costarricense no puede tolerar ni un día más la carencia en nuestra legislación de mecanismos que defiendan a las personas ciudadanas honradas. Por ello, solicitamos la pronta aprobación de este proyecto de ley.

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