El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España declaró el estado de alarma ante la pandemia del COVID-19. Apenas cuatro días después, la Consejería de Sanidad del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, emitió cuatro protocolos: el 18, el 20, el 24 y el 25 de marzo; los cuales prohibían el traslado a los hospitales de personas mayores que viviesen en residencias en caso de que padeciesen un determinado grado de dependencia o de deterioro cognitivo, salvo que la persona tuviera a su disposición un seguro privado.                        Durante estos meses tan duros, perecieron 9.468 ancianos y ancianas que vivían en estas residencias de la Comunidad de Madrid. El 77% de ellos, es decir, 7.291, murieron ahogadas, sin medicalización, sin ninguna atención hospitalaria, en completa SOLEDAD y en circunstancias muy dolorosas y graves a consecuencia de la decisión que tomó el gobierno de Ayuso.          Con posterioridad, salieron a la luz las 198 actas que realizó la Policía Municipal, y en las cuales se reflejaban claramente las condiciones de los geriátricos: falta de material, de mascarillas, de test, de personal sanitario, etc, así como el nivel de exhaustividad física y psicológica de los y las profesionales que allí trabajaban. Asimismo, estas actas recogen la siguiente conclusión por parte de la Policía: "Si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecidos"                       Por lo tanto, no se iban a morir igual. Y nadie tiene el poder de decidir si una persona ha vivido ya lo suficiente.                                                              A día de hoy, cuatro años después, los familiares de estas 7.291 personas aún no han recibido justicia penal ni institucional. El gobierno de Ayuso hace oídos sordos, ignorando sus súplicas una y otra vez e intenta silenciar sus voces cada vez que pueden, sin dar explicaciones ni pedir disculpas, y expulsando a familiares indignados de los plenos o bien bloqueándoles en Twitter.                                                                                                    Convirtamos esta cifra en un símbolo de lucha y FIRMA para reclamar justicia para estas 7.291 personas y sus familiares.                                 FIRMA PARA QUE AYUSO RESPONDA ANTE LA JUSTICIA