Uno de los objetivos del Acuerdo de Escazú, ratificado por el Ecuador en el año 2020, es prevenir e investigar los ataques en contra de los defensores ambientales. Eduardo Mendúa fue un líder indígena cofán que venía denunciando el inicio de actividades de PETROECUADOR EP, Campo Guanta, Bloque 57, en territorio de la nacionalidad indígena cofán sin la debida consulta libre previa e informada. Las operaciones planificadas por la Empresa Estatal son entre otras, la construcción de tres plataformas, una vía de doce kilómetros y la perforación de treinta pozos petroleros, que sin duda ponen en riesgo a los bosques, la biodiversidad de la zona; y, la cultura, idioma y religión de una Nacionalidad Indígena de menos de 1000 personas. 

La violación de los derechos a la naturaleza; el derecho a la consulta previa, libre e informada; la violación del derecho a mantener y conservar sus territorios que le otorga la Constitución Ecuatoriana a los Pueblos y Nacionalidades Indígenas; así como otras violaciones a los derechos humanos han causado una serie de conflictos y división en la comunidad Aí cofán.

Por lo expuesto, las organizaciones y países abajo firmantes, preocupadas por la integridad de otros defensores ambientales, demandamos al Gobierno del Presidente Guillermo Lasso el cese inmediato de actividades hostiles en los territorios indígenas; la realización de la debida Consulta Libre, Previa e Informada ante la realización de actividades extractivas; y la protección inmediata de defensores de la naturaleza conforme lo dictamina el Acuerdo de Escazú.  Demandamos también al Gobierno Nacional Ecuatoriano el cese inmediato de las operaciones de PETROECUADOR en territorio cofán hasta que se esclarezcan los hechos y se haya realizado la debida Consulta Libre, Previa, e Informada.  

Así mismo, exigimos a la Fiscalía General del Estado, el esclarecimiento y la debida sanción a los responsables de la muerte de Eduardo Mendúa, llegando hasta las últimas consecuencias para saber la relación entre su asesinato y el conflicto petrolero.

Exigimos a la Asamblea Nacional, investigue las acciones de PETROECUADOR y de otras compañías -especialmente mineras- en territorios indígenas que provocan  conflictos socio ambientales, y solicite acciones inmediatas al Gobierno Nacional para  acabar con una cultura extractivista, violatoria de derechos que está escalando la crisis social en la Amazonia y en todo el país.

Pedimos al Ministerio del Ambiente revele información de las concesiones petroleras y mineras que se superponen con los territorios indígenas y desarrolle una estrategia que permita que se respeten todos los derechos humanos y derechos especialmente establecidos en la Constitución ecuatoriana en protección de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Montubias y Afroecuatorianas.

Le pedimos al Presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, al Ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Gustavo Manrique, a la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, y al Presidente de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, Washington Varela que atiendan este pedido.

Firmamos: