Las universidades públicas, como entidades integradas en el sector público y financiadas con fondos públicos, deben estar sometidas a los principios de legalidad, transparencia, responsabilidad y control de su actividad administrativa y económica. Sin embargo, se viene produciendo una situación de desprotección e indefensión de los ciudadanos que denuncian posibles irregularidades, abusos de poder, conflictos de interés, desviación de recursos públicos o prácticas contrarias a la buena administración en el ámbito universitario, al no promoverse investigaciones eficaces por parte de los órganos que ostentan competencias de control.

La autonomía universitaria reconocida y desarrollada por la LOSU ha sido interpretada y aplicada, en determinados supuestos, como una barrera frente a la supervisión externa, favoreciendo de facto espacios de opacidad y dificultando la exigencia de responsabilidades. Esta interpretación de la autonomía universitaria como privilegio de inmunidad resulta contraria al principio de sometimiento pleno de todas las Administraciones Públicas a la ley y al Derecho, así como a los principios constitucionales de eficacia, responsabilidad y servicio al interés general.

La ausencia de investigaciones efectivas ante denuncias de corrupción o irregularidades puede producir una situación de indefensión, erosionar la confianza pública en las instituciones académicas y comprometer la correcta gestión de recursos públicos.

Por todo lo expuesto, se solicita que se reconozca el derecho del compareciente a que las denuncias relativas a posibles irregularidades o actos de corrupción en el ámbito universitario sean examinadas mediante procedimientos independientes, objetivos y efectivos.
Que se requiera a los órganos de control y fiscalización competentes para que, en el ejercicio de sus atribuciones legales, investiguen los hechos denunciados sin que la autonomía universitaria pueda constituir un obstáculo al control de legalidad.
Que se promueva una interpretación de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, compatible con los principios constitucionales de transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad y sometimiento de todos los poderes públicos al Derecho.
Que se adopten las medidas necesarias para garantizar la protección de los denunciantes de irregularidades y evitar cualquier represalia derivada de la formulación de denuncias de buena fe.