Mientras millones de argentinos ajustan sus presupuestos diarios para cubrir la canasta básica, la cúpula política del Congreso de la Nación mantiene mecanismos de actualización salarial totalmente ajenos a la realidad económica del país. Mientras que un senador nacional pasará a percibir una suma bruta estimada en $13.115.760 gracias a la indexación automática de la "ley de enganche", la Cámara de Diputados ronda los $6.000.000, y los altos funcionarios de jerarquía política (secretarios, prosecretarios y directores) manejan incrementos discrecionales fijados "a dedo". Este abismal desfasaje profundiza la grieta entre los representantes y los ciudadanos comunes: el sueldo bruto proyectado de un senador equivale a 48 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, 55 Jubilaciones Mínimas sin bonos, 13 Canastas Básicas Totales para una familia tipo o 29 sueldos promedio de un profesional esencial de la salud o la docencia; por su parte, el ingreso de un diputado representa 22 salarios mínimos, 25 jubilaciones básicas, 6 canastas totales o 13 sueldos de un maestro. Ante esta injusticia, solicitamos formalmente a las autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación y del Honorable Senado de la Nación, junto con los jefes de todos los bloques partidarios, congelar de forma inmediata las dietas y remuneraciones de los 257 diputados, 72 senadores, secretarios parlamentarios, administrativos y coordinadores políticos, derogar de manera definitiva la ley de enganche con las paritarias de los empleados de planta, establecer por ley que cualquier actualización futura de sus ingresos tenga como tope absoluto el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, y publicar mensualmente de manera abierta y accesible los recibos de sueldo detallando viáticos, gastos de representación y desarraigo.