Los hospitales públicos de España están negando para el tratamiento de COVID-19 el ozono un tratamiento experimental más, como tantos otros que se han administrado durante la pandemia sin estudios específicos detrás, por considerar que su mecanismo de acción en otras patologías puede ser útil en coronavirus. Esto es habitual ante una enfermedad nueva para la que no se conoce tratamiento, y en especial cuando el paciente se encuentra en una situación con pocas posibilidades de supervivencia. La escasez de estudios sobre un tratamiento seguro y con indicios razonables de eficacia debe animar a que se siga investigando hasta que pueda saberse si funciona o no. En este sentido, la web Clinical Trials muestra 9 estudios con ozono para COVID- 19 en distintos estadios de desarrollo. Recordemos que confundir escasez de evidencia con nula evidencia es un grave error epistemológico.

Descalificar a la ligera a toda una línea de investigación bajo el concepto “pseudoterapia”, sin revisar y entrar concienzudamente en debate con los estudios publicados al respecto, es una irresponsabilidad que puede condenar a infinidad de pacientes presentes y futuros. Por no hablar del hecho de que se está acusando de fraudulenta la labor de miles de médicos e investigadores que están tras los artículos publicados, lo cual podría ser considerado calumnia.Esta situación plantea, en definitiva, la discusión de quiénes son estos “vigilantes” del buen o mal uso de un tratamiento, qué formación y experiencia tienen (muchas veces menor a la de los investigadores que condenan, como en el caso actual) y quién controla o ampara su actuación. Encomendar esta difícil (y necesaria) tarea a licenciados en carreras sanitarias sin amplia formación en bioestadística y metodología de la investigación, o incluso a divulgadores sin trayectoria investigadora, es temerario y produce errores graves como el aquí tratado. No olvidemos que no corresponde a las asociaciones o colegios profesionales dirimir la verdad o evidencia científica, sino de las universidades y centros de investigación a través de publicaciones académicas.

Por otro lado se están aplicando tratamientos muy invasivos como las intubaciones que requieren largas sedaciones y traqueotomías, con las consiguientes secuelas que esto supone, entre otras la pérdida de la masa muscular y el deterioro cognitivo, ambas nefastas para la realización función respiratoria.

Así mismo se están suministrando medicamentos como el tocilizumab, un costoso medicamento para la artritis reumatoide de la farmacéutica Roche como terapia para los pacientes graves con COVID-19. Aunque la propia Roche ha publicado que no hay evidencia sobre su seguridad y eficacia, y que puede tener unos efectos secundarios que pueden llegar a ser gravísimos como infecciones serias o fatales y también puede causar una perforación (un hueco o rasgón) en el estómago o intestinos, frente a la ozonoterapia que carece de efectos secundarios. 

Frente a la pregunta si el ozono tiene potencial para el tratamiento de COVID-19, en base al posible efecto antinflamatorio y oxigenador de tejidos por el que apuestan los investigadores expertos en su uso y habiendo analizado 11 publicaciones, en su mayoría estudios observacionales o series de casos clínicos, 10 prestigiosos profesiones (en base a su manifiesto se realiza esta petición) han indicado que: “podemos concluir que, por un lado, no se observan efectos adversos en ninguno de ellos, y que aparecen ciertos efectos positivos que aún deben ser cuantificados con precisión a través de ensayos clínicos controlados y aleatorizados” (Doctores:  Luis Prieto Valiente, Manuel Calleja Hernández, Domingo Ortega Alcalde, Vicente Navarro López, Juan José Bestard Perelló, Blas García Medina, David Prieto Merino, Carlos Álvarez Leiva, Eduardo Valencia Laseca, Juan Alguersruari Bes).

Yo misma y mi familia hemos sufrido la negativa por parte del Hospital Universitario Central de Asturias y del juzgado de lo contencioso-administrativo número 6 de Oviedo cuando hemos solicitado la aplicación del ozono a nuestra madre, pero afortunadamente hay otros hospitales que lo están aplicando tras la petición de los pacientes o familiares y sin necesidad de llegar a juicio. Y afortunadamente en Castellón en el Hospital La Plana un juez ordenó la aplicación del ozono a un paciente desahuciado, que hoy está en su casa. La aplicación en este hospital se coordinó con gran éxito por el doctor Juan Carlos Pérez Olmedo, que junto a otros profesionales como la doctora Adriana Schwartz, (presidenta de AEPROMO) y el abogado Borja Gómez (abogado de Vanesa Bachero esposa del paciente del Hospital de La Plana), que, entre otros muchos, están luchando para que se valore la aplicación del ozono en los hospitales públicos de España.

La ciudadanía debe conocer los posibles beneficios de la aplicación del Ozono para el tratamiento de la COVID-19 y exigir su aplicación por todas las vías posibles porque su éxito está avalado y porque no conlleva riesgos para los pacientes, a diferencia de los tratamientos y medicamentos que se están aplicando y suministrando actualmente en los hospitales públicos.