Sustitución con RTP del transporte público concesionado en el EJE 2 NORTE


Sustitución con RTP del transporte público concesionado en el EJE 2 NORTE
La causa
La empresa criminal COPESI disputa la ruta que corre por el eje 2 norte en la CDMX con la empresa CEUSA. COPESI evita indemnizar a las víctimas de atropellamiento cuando sus autobuses participan en un accidente. La mayoría de sus unidades que circulan infringen el reglamento de tránsito, que prohibe el polarizado de cristales así como el traer objetos que obstruyan la visibilidad en el parabrisas (artículo 38).
Con el fin de evitar más accidentes provocados por las carreras de autobuses incluso en el contraflujo, exigimos la sustitución de estas empresas por autobuses del gobierno (RTP) pues beneficiaría a una gran población al bajar la tarifa, además de preservar su integridad física y hacer que pare la criminal impunidad de los concesionarios del transporte público que no respetan leyes ni reglamentos. ¡El Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) debería obligarlos a cumplir el reglamento de tránsito!
La obligación de facilitar la movilidad corresponde al Gobierno de la Ciudad. Exigimos que la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) ponga un alto a la operación impune y criminal de los concesionarios de la ruta sobre el corredor Peñón-San Isidro.

La causa
La empresa criminal COPESI disputa la ruta que corre por el eje 2 norte en la CDMX con la empresa CEUSA. COPESI evita indemnizar a las víctimas de atropellamiento cuando sus autobuses participan en un accidente. La mayoría de sus unidades que circulan infringen el reglamento de tránsito, que prohibe el polarizado de cristales así como el traer objetos que obstruyan la visibilidad en el parabrisas (artículo 38).
Con el fin de evitar más accidentes provocados por las carreras de autobuses incluso en el contraflujo, exigimos la sustitución de estas empresas por autobuses del gobierno (RTP) pues beneficiaría a una gran población al bajar la tarifa, además de preservar su integridad física y hacer que pare la criminal impunidad de los concesionarios del transporte público que no respetan leyes ni reglamentos. ¡El Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) debería obligarlos a cumplir el reglamento de tránsito!
La obligación de facilitar la movilidad corresponde al Gobierno de la Ciudad. Exigimos que la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) ponga un alto a la operación impune y criminal de los concesionarios de la ruta sobre el corredor Peñón-San Isidro.

Petición Cerrada
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Petición creada en 8 de septiembre de 2020