Si de algo ha servido esta pandemia, ha sido para demostrar que un alto porcentaje de los trabajos que mueven nuestra sociedad pueden hacerse desde casa.

Con la desescalada, muchas empresas en lugar de aprovechar las ventajas del teletrabajo están exigiendo la vuelta al presentismo, a pesar de que el trabajo ha salido adelante desde casa (y con creces muchas veces).

En ciudades como Madrid, en el mejor de los casos, los trabajadores podemos tardar una hora o más en llegar a nuestros puestos de trabajo y una hora o más en volver. Horas de nuestro tiempo que la empresa no remunera y que le quitamos a nuestro descanso y a nuestras familias. Vivimos en una sociedad que nos vende un mundo útopico en el que tenemos que trabajar, cocinar para comer sano, hacer deporte a diario, dormir 8 horas, atender las labores domésticas, dedicar un tiempo al ocio, no descuidar a nuestra familia y amigos... ¿Cómo vamos a hacer todo eso si el trabajo nos ocupa de facto más de 10 horas al día? Es una estafa social que deriva en estrés, ansiedad y problemas de salud mayores.

Además, nos encontramos con las condiciones en las que se realizan los desplazamientos a nuestros puestos de trabajo. Los atascos y la contaminación que producen los vehículos y los traslados en transporte público, donde en hora punta parece que viajamos más como ganado que como personas. Todo ello sin contar el riesgo sanitario actual al que se obliga a exponerse a los trabajadores que tienen que coger el transporte público y a sus familias.

Por ello hay que exigir al gobierno y las administraciones públicas una regulación que convierta el teletrabajo en un derecho laboral. Si el trabajo puede hacerse desde casa, debe ser un derecho poder hacerlo. No un privilegio ni un favor. Esto se traducirá en más tiempo para dedicar a nuestros hijos, a hacer deporte o simplemente al descanso. En definitiva se traducirá en una sociedad más justa y sana, física y mentalmente.