Pedimos la derogación del Real Decreto 405/1992, de 24 de abril por el que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes del Gobierno.

Entendemos que dicho RD fue aprobado por Felipe González para su propio beneficio y que los sucesivos presidentes de gobierno también se han beneficiado del mismo.

El mencionado RD le ha costado al Estado  6,7 millones de Euros desde su creación. Cuantía que se verá incrementada en el tiempo con la elección y posterior cese de sucesivos presidentes del gobierno, ya que estos podrán beneficiarse de dicha norma.

La tasa de riesgo de pobreza y exclusión afecta a un 28,3 % de los niños y niñas en España, es decir, a 2,2 millones. Por lo que entendemos que el dinero debería ser utilizado para ayudar a colectivos en riesgo de exclusión que de verdad lo necesitan y no a quien se halla en una situación de privilegio social y económico.

El cargo de presidente de gobierno no es un cargo vitalicio, por lo que la remuneración por el desempeño de dicho cargo no puede en ningún caso exceder el ejercicio del mismo y por tanto ser vitalicio.  El contrato con el pueblo termina con el cese su cargo y toda remuneración por parte del Estado debe acabar del mismo modo.

Los expresidentes son libres de desempeñar otros cargos oficiales e incluso compatibilizarlos con puestos en empresas privadas por los que perciben una remuneración económica. Por ello toda remuneración económica debe ser por los puestos que ostentan y NO por los que han ostentado.

Del mismo modo que todo ciudadano deja de ser remunerado por su actividad profesional cuando termina su contrato, los presidentes de gobierno deben de dejar de percibir toda cuantía por parte del Estado cuando su mandato termine, ya que su contrato con el pueblo queda extinto. Esto no les exime del derecho a inscribirse en las oficinas de desempleo al terminar el ejercicio de su cargo si así fuera necesario como el resto de ciudadanos españoles.