Ante el acuerdo del Gobierno de Canarias y de los cabildos insulares de Tenerife y Gran Canaria de fecha 17 de agosto de 2020, de solicitar al Estado Español que incluya los proyectos de instalación de ferrocarriles en la isla de Tenerife y Gran Canaria, con una inversión superior a los 3.850 millones de euros, en el plan de Reformas e Inversiones que el Estado Español presentará al Plan de Recuperación diseñado por la Unión Europea para reparar los daños económicos y sociales provocados por la pandemia del COVID-19, las personas abajo firmantes acuerdan remitir al Parlamento de Canarias, al Gobierno del Estado Español, al Congreso de los diputados del Estado Español y a las instituciones de la Unión Europea su total desacuerdo y oposición a dichos proyectos por el gran impacto que supone para el territorio de las islas, en los que se van a expropiar más de 4 millones de metros cuadrados, en los que los trenes habría que aislarlos completamente del entorno, con túneles y viaductos, que habría que vallarlos mucho más que las autopistas y eso tendría un coste alto del territorio, porque supone un ataque más a la sostenibilidad ambiental y de transición ecológica de nuestro archipiélago canario, un sinsentido realizar grandes inversiones en nuevos sistemas de transporte cuyo único objetivo sería ganar solo unos pocos minutos para recorridos de tan solo 50 u 80 kilómetros, para 7 o 10 paradas, frente a los sistemas de transporte imperantes,  amortizados y que se pueden mejorar con las nuevas tecnologías, guaguas eléctricas; en definitiva proyectos muy dudosos y muy costosos, no solo en las instalaciones, sino su posterior mantenimiento, sin que exista una evaluación objetiva sobre su viabilidad desde una perspectiva socioeconómica, tal y como así lo emitió en una dictamen una comisión de estudios de expertos sobre la situación del transporte en el archipiélago, aprobado por el Parlamento de Canarias con fecha 11 de marzo de 2019. Asimismo, las personas abajo firmantes solicitarán audiencia al Presidente del Gobierno de Canarias e instarán al mismo a realizar una consulta popular a la ciudadanía, como instrumento de participación ciudadana, sobre este asunto de gran interés general de competencia autonómica

        Es una evidencia que los costes de oportunidad desaconsejan la introducción de trenes de alta velocidad, o de velocidad alta, en las islas Canarias. Aun en el supuesto de que gran parte de la inversión procediera del exterior, no se puede permitir el despilfarro de importantes recursos económicos, dada las grandes necesidades sociales que tiene Canarias. Los proyectos de trenes son un disparate y un absurdo, sobre todo en un momento de crisis de todo tipo, y con la necesidad de realizar esfuerzos elevados para conseguir un cambio del modelo de desarrollo de Canarias hacia otro más sostenible y de mayor cohesión social. El argumento de que los trenes traerán consigo grandes inversiones en infraestructuras civiles (túneles, vías, intercambiadores, aparcamientos, centros comerciales adosados, etc.) es, en el mejor de los casos, un signo de desarrollo totalmente insostenible, y por ahí no pasa, obviamente, el futuro de Canarias. Por el contrario, esos miles de millones de euros invertidos en ahorro energético y de agua, en implantación masiva de energías renovables a pequeña y gran escala, en la producción industrial de agua potable a partir de recursos renovables, en el impulso a una nueva agricultura tecnificada para consumo interno y de exportación, en la remodelación de la planta hotelera bajo parámetros medioambientalmente excelentes, en la mejora de los espacios rurales y urbanos degradados, y de apoyo a las familias con menores recursos, sí constituirían una apuesta decidida y ganadora para conseguir un futuro sostenible para las islas Canarias y para nuestra población.