Vamos a decir claro y fuerte. Los incendios forestales de la Chiquitanía y Amazonía boliviana tienen su origen en la expansión irracional de la frontera agropecuaria. Desde el año 2010, el Gobierno de Evo Morales y los agro-rentistas se aliaron para consolidar el modelo soyero, producir agrocombustibles y exportar carne vacuna a China. Ambas partes divulgan la falsedad de que la agricultura extractiva llenará el vacío que empieza a dejar la renta del gas y que se convertirá en una nueva locomotora de la economía nacional.  

El problema de fondo es que este modelo de agricultura proyecta una ficticia realidad económica. Es un espejismo. No se mantendría en pie sin la subvención al diésel, sin los mercados preferenciales y sin los reiterados ‘perdonazos’ para desmontes y quemas ilegales. Los soyeros dicen que generan cerca de mil millones de dólares en exportación, pero ocultan el hecho de que el 70 por ciento se gasta en insumos agrícolas importados y las ganancias son expatriadas. Para el año 2030, los ganaderos prometen 900 millones de dólares anuales; pero, a cambio, piden la deforestación de 20 millones de hectáreas.  

Cuando se cuestiona este modelo, muchos replican señalando que no existen alternativas viables. Este fatalismo goza de aceptación entre mucha gente; pero, afortunadamente, somos más quienes nos damos cuenta que las salidas son mucho más prometedoras. En agro-exportación, basta prestar atención a experiencias cercanas como el agro peruano. El último año (2018) el agro peruano exportó 7.030 millones de dólares (INEI 2018). Esto es siete veces el valor que genera la soya boliviana. Tan solo la exportación de palta o aguacate generó 724 millones de dólares, una cifra que debería hacer sonrojar a los soyeros bolivianos.

Por estas y otras razones, exigimos abandonar la agricultura extractiva y transitar hacia una agricultura sostenible a pequeña y mediana escala. Al menos se necesitan tres pasos iniciales:

1. Cancelar el proyecto de producción de “biodiesel". Los chaqueos y quemas se intensificaron en la Chiquitanía porque la Ley 1098 de aditivos de origen vegetal (2018), despertó la ambición de habilitar nuevas tierras para soya a partir de la campaña de verano 2019-2020.
2. Suspender y auditar la distribución de tierras fiscales. Esto significa paralizar de inmediato todos los trámites de distribución y redistribución de tierras fiscales y llevar a la justicia todas las denuncias de tráfico de tierras y corrupción en el saneamiento y titulación de tierras.
3. Aprobar una ley integral de Pausa Ecológica. Como principales componentes: 1) Auditoría ambiental de los incendios forestales, 2) Medidas de mitigación de daños y recuperación del bosque, 3) Abrogar el Decreto Supremo 3973 por autorizar desmontes y quemas en el departamento de Beni, en base a un nuevo Plan de Uso del Suelo (PLUS) que está sin aprobar y que contiene la polémica propuesta de reclasificar el 53 por ciento del territorio beniano como tierras agropecuarias, por lo tanto, susceptibles de deforestación y quemas a gran escala.

Si no decimos basta, el fuego arrasará los bosques una y otra vez. El momento para que abandonemos la agricultura extractiva es ahora. Caso contrario, todos pagaremos las consecuencias.   

Más información: https://bit.ly/2lWgHB9