Desde el inicio del bombardeo masivo a la Franja de Gaza, en reacción al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, al menos 242 periodistas han sido asesinados por fuego israelí, muchos de ellos junto a sus familias. Esta cifra ha sido verificada de manera independiente por la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y The Watson Institute. A esto se suma una campaña sistemática de detención, acoso, ciberacoso y censura a la prensa en Gaza, Cisjordania y también en Líbano. Al menos 90 periodistas permanecen arrestados en prisiones israelíes, y decenas han sido agredidos, según informes de For Our Colleagues y el Committee to Protect Journalists.

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Pero no sólo se trata de asesinatos. Se trata del silenciamiento total: el cerco a la prensa nacional e internacional impide contrastar, contextualizar y documentar Israel veta el acceso de los periodistas extranjeros a Gaza mientras deslegitima a los periodistas palestinos por el simple hecho de serlo. Esta negación de legitimidad es un acto deliberado. En este genocidio, como ocurre en todo conflicto, se intenta imponer un solo relato al eliminar los testigos, la memoria y la posibilidad de justicia.

“No se mata la verdad matando periodistas”, decimos. Pero la verdad es que la desaparición de testigos en Gaza es también una forma brutal de violencia: refuerza la impunidad, deja a la población más expuesta, más vulnerable, más desamparada.

En el más reciente ataque, ocurrido el domingo 10 de agosto, el Estado israelí asesinó a seis periodistas de Al Jazeera que ejercían su labor informativa desde Gaza. Como acto de denuncia, la cadena ha publicado una lista con el nombre y la nacionalidad de cada uno de los informadores asesinados: más de 270, según su propio recuento.

La hambruna como arma

Según múltiples informes elaborados por organismos internacionales y
organizaciones de derechos humanos —incluyendo a Amnistía Internacional, Genocide Watch, Human Rights Watch, y relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU—, el Estado de Israel está cometiendo actos que pueden catalogarse como un genocidio del pueblo palestino, y especialmente en la Franja de Gaza. Estas entidades han constatado ataques deliberados contra civiles, desplazamientos forzados de la población, la destrucción sistemática de infraestructura básica, el uso del hambre como arma de guerra. Todo ello en el marco de un castigo colectivo perpetrado en contra de las normas del Derecho Internacional. El informe de Human Rights Watch, y otras muchas referencias corroboran que estos crímenes no son incidentes aislados, sino que forman parte de una política sostenida que debe ser nombrada y ser objeto de un proceso que la juzgue.

Nadie debería morir de hambre por hacer su trabajo. Y sin embargo, eso está ocurriendo en Gaza. El pasado 21 de julio, la asociación de periodistas de AFP denunció que algunos de sus colaboradores freelance están muriendo de hambre. “Desde la fundación de AFP, en 1944, hemos perdido periodistas en conflictos, hemos tenido heridos y prisioneros en nuestras filas, pero ninguno de nosotros recuerda haber visto morir de hambre a un colaborador”, dijo un portavoz. El uso del hambre como método de guerra constituye un crimen a la luz del derecho
internacional humanitario y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Sin embargo, la hambruna deliberada de civiles palestinos ha sido ampliamente documentada en Gaza por periodistas y organismos internacionales como el CICR y Human Rights Watch.

Desde octubre de 2023 han sido asesinadas más de 61.000 personas en Gaza y más de 45.000 han sido desplazadas a la fuerza de sus hogares en Cisjordania según datos de Naciones Unidas. Las cifras son desgarradoras, pero son, más allá de números, vidas, historias no contadas, relatos que jamás podremos recuperar.

Reducir el actual genocidio en Gaza a una reacción al ataque del 7 de octubre de 2023 es un ejercicio de distorsión histórica. Los crímenes contra el pueblo palestino no comenzaron ese día, sino que forman parte de un régimen de apartheid, ocupación y limpieza étnica sostenido desde la creación del Estado de Israel en 1948, tras décadas de avance del proyecto sionista. Las violaciones sistemáticas de derechos humanos, los desplazamientos forzados, la negación de ciudadanía, el encarcelamiento masivo y el bloqueo económico y militar son prácticas documentadas desde hace décadas por organismos como la ONU, Human Rights
Watch o B’Tselem.

Nombrar esta historia en su totalidad es pertinente para comprender la envergadura del crimen actual, y para que el encubrimiento de la impunidad no se enmascare de coyuntura.

El periodismo como memoria y herramienta

La presencia de periodistas en los conflictos bélicos es una garantía de que los crímenes cometidos serán documentados y que los perpetradores, eventualmente, responderán ante la justicia. El asesinato generalizado de periodistas por parte de Israel es un crimen de guerra que no puede quedar en la impunidad, entre otras, porque constituye un intento por normalizar la designación de la prensa como objetivo militar.

Exigimos la entrada inmediata y sin restricciones de prensa internacional a Gaza, no para sustituir ni validar el trabajo de nuestras compañeras palestinas —cuya labor es insustituible—, sino para sumarse a él y reforzar el derecho de todas las personas a estar informadas con pluralidad, rigor y desde el terreno.

Demandamos a los medios de comunicación internacionales que reactiven la dedicación por el periodismo de guerra, que no contraten para la cobertura más arriesgada a jóvenes freelancers mal remunerados, sin defensa legal ni protección. Si los corresponsales deben ser los ojos del mundo, han de disponer de los medios para ver y contar.

Notas para editores

A quiénes nos dirigimos
Nos dirigimos a quienes aún pueden hacer algo: a los gobiernos europeos, al gobierno español y a los gobiernos latinoamericanos y caribeños, para que no blanqueen con su discurso diplomático un crimen sistemático; a la ciudadanía, para que boicotee productos y actos de normalización del genocidio; a los Estados Unidos, cuya complicidad económica y militar permite a este horror existir. También
a los fondos de inversión que inyectan cada mes millones de dólares en Israel, financiando directa o indirectamente su maquinaria de guerra.

Quienes somos
Este comunicado es una iniciativa de El Colectivo, una red formada por más de 350 periodistas de medios hispanohablantes que trabajamos en distintas partes del mundo. Nacimos como un espacio de apoyo mutuo entre colegas, guiados por el compromiso con una información rigurosa, ética y libre. Hoy, por primera vez, decidimos alzar la voz de forma conjunta para expresar nuestra solidaridad con las y los periodistas palestinos en Gaza, y denunciar públicamente la violencia que
enfrentan por ejercer su labor. No podemos permanecer en silencio mientras se asesina a quienes tienen como única arma la palabra y la imagen.

Esta declaración nace desde El Colectivo, pero con vocación de ser un llamado abierto que pueda ser suscrito por cualquier periodista o ciudadano comprometido con la defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos. Tu firma es también una forma de protesta: súmate!

 

ENGLISH

Gaza – Silence as a weapon of war

 Since the beginning of the massive bombardment of the Gaza Strip, in response to the Hamas attack of October 7, 2023, at least 242 journalists have been killed by Israeli fire, many alongside their families. This figure has been independently verified by the United Nations Office of Human Rights and The Watson Institute. Added to this is a systematic campaign of detention, harassment, cyber-harassment, and censorship against the press in Gaza, the West Bank, and also in Lebanon. At least 90 journalists remain imprisoned in Israeli jails, and dozens have been assaulted, according to reports from For Our Colleagues and the Committee to Protect Journalists.

But this is not only about the killings. It is about total blackout: the siege on both national and international press prevents verification, context, and documentation. Israel bars foreign journalists from entering Gaza while delegitimizing Palestinian journalists simply for being who they are. This denial of legitimacy is a deliberate act. In this genocide, as in every conflict, the aim is to impose a single narrative by eliminating witnesses, memory, and the possibility of justice.

“By killing journalists you don't kill the truth” we say. But the truth is that the disappearance of witnesses in Gaza is also a brutal form of violence: it reinforces impunity, leaves the population more exposed, more vulnerable, more defenseless.

In the most recent attack, on Sunday, August 10, the Israeli state killed six Al Jazeera journalists who were carrying out their work from Gaza. As an act of protest, the network has published a list with the name and nationality of each of the journalists killed: more than 270, according to its own count.

Starvation as a weapon

According to multiple reports by international institutions and human rights organizations—including Amnesty International, Genocide Watch, Human Rights Watch, and UN Human Rights Council special rapporteurs— the State of Israel is committing acts that can be classified as genocide against the Palestinian people, especially in the Gaza Strip. These entities have documented deliberate attacks against civilians, forced population displacements, systematic destruction of basic infrastructure, and the use of starvation as a weapon of war. All of this amounts to collective punishment carried out in violation of International Law. The report by Human Rights Watch, among many others, confirms that these crimes are not isolated incidents, but part of a sustained policy that must be named and brought to trial.

No one should die of hunger for doing their job. And yet, that is what is happening in Gaza. On July 21, the AFP journalists’ association reported that some of its freelance collaborators are dying of starvation. “Since AFP’s founding in 1944, we have lost journalists in conflicts, had wounded and prisoners in our staff, but none of us can recall seeing a colleague die of hunger,” a spokesperson said.

The use of hunger as a method of war constitutes a crime under international humanitarian law and the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Nonetheless, the deliberate starvation of Palestinian civilians has been widely documented in Gaza by journalists and international organizations such as the ICRC and Human Rights Watch.

Since October 2023, more than 61,000 people have been killed in Gaza and over 45,000 forcibly displaced from their homes in the West Bank, according to information from the United Nations. These numbers are heartbreaking, but beyond figures, they are lives, untold stories, accounts we will never recover.

Reducing the current genocide in Gaza to a reaction to the October 7, 2023 attack is an exercise in historical distortion. The crimes against the Palestinian people did not begin that day—they are part of a regime of apartheid, occupation, and ethnic cleansing sustained since the creation of the State of Israel in 1948, following decades of advancement of the zionist project. Systematic human rights violations, forced displacements, denial of citizenship, mass imprisonment, and economic and military blockade have been documented for decades by organizations such as the UN, Human Rights Watch, and B’Tselem. Naming this history in its entirety is essential to understand the scale of the current crimes and to prevent the cover-up of impunity from being disguised as a mere circumstantial or pivotal response.

Journalism as memory and tool

The presence of journalists in war zones is a guarantee that the crimes committed will be documented and that the perpetrators will eventually be held accountable before justice. The widespread killing of journalists by Israel is a war crime that cannot go unpunished, among other reasons because it is an attempt to normalize the designation of the press as a military target.

We demand the immediate and unrestricted entry of international press into Gaza—not to replace or validate the work of our Palestinian colleagues, whose work is irreplaceable-, but to join it and reinforce everyone’s right to be informed with plurality, rigor, and from the ground.

We call on international media to recommit to war reporting, and not to assign the most dangerous coverage to underpaid young freelancers without legal defense or protection. If correspondents are to be the eyes of the world, they must have the means to see and report.

Notes for editors

Who we address

We address those who can still act: European governments, the Spanish government, and Latin American and Caribbean governments, so they do not whitewash a systematic crime with diplomatic language; citizens, so they boycott products and acts that normalize the genocide; the United States, whose economic and military complicity allows this horror to exist. We also call out investment funds that pour millions of dollars each month into Israel, directly or indirectly financing its war machinery.

Who we are

This statement is an initiative of El Colectivo, a network of more than 350 Spanish-speaking journalists working in different parts of the world. We were born as a space for mutual support among colleagues, guided by a commitment to rigorous, ethical, and free information. Today, for the first time, we have decided to raise our voices together to express our solidarity with Palestinian journalists in Gaza and to publicly denounce the violence they face for doing their work. We cannot remain silent while those whose only weapons are words and images are being killed.

This declaration originates from El Colectivo, but with the intention of being an open call that can be endorsed by any journalist or citizen committed to the defense of press freedom and human rights. Your signature is also a form of protest,  join us!