Soy integradora social y he trabajado para el departamento de educación y también en servicios sociales y con personas inmigradas en diferentes ayuntamientos. También soy madre monoparental y tengo una hija que tuvo una difícil adaptación y seguimiento en la escuela. 

Nuestro perfil profesional se introduce en los centros educativos con el objetivo de mejorar la integración de los menores y sus familias, viendo que desde la pandemia del COVID el riesgo de pobreza y exclusión fue en aumento alarmante, pero ya en el año 2017 se aprobó el real decreto de inclusión educativa de carácter nacional con competencias transferidas a las comunidades autónomas, en el que se tenia en cuenta la necesidad de introducir profesionales del ámbito social para revertir la situación de pobreza a raíz de la crisis del 2008.

Este decreto contempla recursos económicos y profesionales (personal de atención educativa, "educador@s de educación especial, auxiliares de educación especial, educador@s sociales, técnic@s de integración social") para su implantación y que ha fecha de hoy no se está cumpliendo, en gran parte por falta de voluntad, de coordinación entre profesionales y como no de recursos humanos, siendo nuestros hijos, hijas y sus familias los perjudicados por falta de atención (especialmente si tienen alguna discapacidad, falta de control de impulsos, falta de límites, o dificultades familiares o económicas que afectan en su etapa de aprendizaje) por desconocimiento de nuestros derechos y de como reclamarlos para que sean efectivos. Si además eres extranjero todavía se complica más por la falta de conocimiento del idioma y de los recursos existentes en la zona donde vives.

Como familia, en dos de los centros educativos que estuvo escolarizada mi hija, no se me escuchó ni se tuvo en cuenta, que quien mejor conoce a mi hija es su madre y que las cosas que tenían que tener en cuenta eran muy simples y fáciles de aplicar para cualquier profesional, solo hacia falta buena voluntad y coordinación para que se sintiera integrada. En el último curso de primaria, esto se cumplió y ahora que está en secundaria tiene calificaciones de excelencia y disfruta en el instituto donde estudia porque la escuchan. 

Como profesional: 

1. No se tiene en cuenta nuestra mirada social en muchos casos y en otros se relega, minimiza o simplemente se mira para otro lado en vez de preservar el interés de los menores y de la familia. ES UN DERECHO Y HABLO DE SERVICIOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA.

2. Toda esta situación afecta a nuestros hijas y hijas, porque no hay suficiente comunicación entre los profesionales y de estos con las familias, que les atienden durante una gran parte de su jornada diaria, y las familias que muchas veces vamos desbordadas por las diferentes y personales situaciones que vivimos en una sociedad donde el ritmo, la presión social y laboral nos supera en el día a día.        

3. La administración educativa no nos reconoce la categoría profesional que nos corresponde a los estudios realizados, tal como contempla el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que con nuestra formación nos corresponde, se nos contrata con una categoría inferior.

Muchos de los/las profesionales no tenemos plaza fija, lo que supone un cambio de profesional constantemente en cada centro, con la consecuencia que el vínculo y la confianza establecida con las famílias atendidas desaparece tiene que volver a comenzar retrasando el proceso iniciado y la frustración que conlleva para ambas partes.

4. Llegamos a los centros educativos y muchas veces el equipo directivo no conoce nuestro perfil, ni nuestras funciones y tan solo les ha llegado un correo electrónico informándoles que se les ha asignado dicho recurso, basándose en criterios de vulnerabilidad para catalogar a los centros de alta o máxima complejidad. 

5. No se nos asigna un espacio de trabajo para poder hacer las atenciones adecuadamente y con la privacidad necesaria para tratar los temas sensibles que solemos abordar. Tampoco se nos asigna un dispositivo electrónico en muchos casos, por lo que la tarea diaria se convierte en una odisea para poder hacer nuestro trabajo con calidad, eficacia y eficiencia.          

Situación de los centros:

1. Falta de conciencia y voluntad por parte de algunos de l@s profesionales y especialmente de algunos equipos directivos para aplicar el decreto de inclusión. Como consecuencia, falta una total prevención en las situaciones de conflicto y de absentismo, falta de intervención en situaciones de extrema vulnerabilidad, falta de prioridad en las necesidades básicas de muchos menores y sus familias.

2. Se necesitan priorizar los recursos asignados para cubrir las necesidades de vulnerabilidad de las familias y sus menores en gastos que son prioritarios.

3. Menores con algún tipo de dificultad que tienen que esperar años ha ser valorados por los equipos de atención psicopedagógicos porque tienen lista de espera y muchos de ellos sin tener ningún tipo de soporte porque "Educació" no los tiene catalogados todavía. Y los menores que tienen alguna discapacidad reconocida o algún trastorno que les dificulta la relación con sus compañeros se ven relegados del grupo por falta de adaptaciones en los materiales y la atención que necesitan, creando así una brecha de desigualdad que parece a nadie le importa.

4. También afecta al alumnado que teniendo el máximo potencial se ve afectado por la falta de atención a los compañeros y compañeras que no pueden seguir el ritmo de las clases y por ello interrumpen y dificultan la tranquilidad y el seguimiento de las clases y la convivencia del centro.

¡¡¡ES MUY IMPORTANTE TRABAJAR EN LA PREVENCIÓN Y EL ACOMPAÑAMIENTO CON CONFIANZA Y RESPETO, DESDE LA EDUCACIÓN, ES BÁSICO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODA LA SOCIEDAD Y SALIR DE LA MEDIOCRIDAD!!!! 

Por todo lo dicho queda en evidencia la falta de recursos materiales, humanos y de espacios, por falta de organización y de voluntad del "Departament d'educació", de algunos equipos directivos y profesionales para que los recursos existentes promuevan el cambio y los menores y adolescentes sean escuchados y puedan así incorporar en sus vidas la esperanza, el cuidado hacia sí mismos y los demás, la reflexión, la autocritica y el valor necesario para mejorar su calidad de vida y la de su entorno. 

Documentos de referencia:

Informe del Sindic de Greugues de Cataluña​

Decreto de inclusión educativa (compentències a Catalunya)