Que ninguna familia tenga que sacrificar a su animal por no poder pagar un tratamiento veterinario
Una cuenta bancaria no debería decidir quién tiene una oportunidad de seguir viviendo.

Hay despedidas que, aunque destrocen, son un último acto de amor. Cuando un animal está sufriendo, cuando la medicina ya no puede ofrecerle una vida digna y solo queda prolongar su dolor, dejarlo marchar puede ser la decisión más dolorosa y generosa que una familia tenga que tomar.

Pero existe otra realidad mucho más difícil de aceptar: la de quien escucha al veterinario decir "hay tratamiento", "podemos intentarlo", "existe una posibilidad" y, segundos después, descubre que esa posibilidad cuesta cientos o miles de euros que simplemente no tiene.

Entonces la medicina deja paso a la cuenta bancaria.

Y una familia puede verse obligada a pronunciar una frase que nadie debería tener que decir:

"No puedo pagarlo. Tengo que dormirlo".

No porque el animal esté condenado, porque no exista tratamiento o porque haya dejado de luchar.

Sino porque su familia no tiene dinero.

Eso no debería ocurrir.

Nuestros animales forman parte de nuestras familias. Están con nosotros cuando llegamos a casa, duermen a nuestro lado, nos acompañan durante años y nos ven llorar, enfermar, envejecer, perder a personas que queremos y volver a levantarnos.

Para una persona mayor que vive sola, su perro puede ser su única compañía diaria. Para alguien que atraviesa una situación difícil, su gato puede ser el motivo por el que sigue teniendo una rutina, una responsabilidad y alguien esperándolo al regresar a casa.

Para muchos de nosotros no son simplemente "una mascota".

Son familia.

Y, sin embargo, cuando enferman gravemente, su oportunidad de recibir un tratamiento puede depender únicamente del dinero disponible en una cuenta corriente.

¿QUÉ PEDIMOS?

Pedimos que las administraciones públicas estudien la creación de un fondo de ayuda veterinaria para familias económicamente vulnerables, destinado a situaciones graves, urgentes o potencialmente tratables en las que el propietario no pueda asumir el coste.

No pedimos veterinario gratis para todo el mundo ni que el Estado pague cualquier consulta, vacuna o tratamiento ordinario independientemente de los ingresos de cada persona.

Pedimos algo mucho más concreto: Que nadie tenga que autorizar la muerte de un animal tratable únicamente porque no tiene dinero.

La ayuda podría concederse mediante un sistema similar al que ya se utiliza para otras prestaciones sociales sujetas a la situación económica de cada hogar. Podrían estudiarse los ingresos y rentas de la unidad familiar, el patrimonio y la situación económica real, las cargas familiares y los gastos esenciales, además del diagnóstico del animal, la gravedad de la enfermedad o lesión, el tratamiento propuesto, su pronóstico y el coste de la intervención.

Todo ello con controles, informes veterinarios, límites económicos, criterios objetivos y las garantías necesarias para evitar abusos y conseguir que estas ayudas lleguen realmente a quien las necesita.

Pero que exista una puerta a la que llamar antes de tener que elegir la eutanasia por motivos económicos.

Cada año se destinan enormes cantidades de dinero público a multitud de programas, subvenciones, proyectos y actuaciones. Una sociedad también demuestra cuáles son sus prioridades por aquello que decide proteger.

Hemos entendido que una familia vulnerable puede necesitar ayuda para pagar alimentos, la electricidad o una vivienda, y afortunadamente cada vez comprendemos mejor que también puede necesitar apoyo psicológico cuando una situación la supera.

Entonces deberíamos hacernos una pregunta incómoda: ¿Qué daño psicológico puede provocar tener que mirar a los ojos al animal que lleva diez o quince años contigo y autorizar su muerte sabiendo que existe un tratamiento, pero que tú no puedes pagarlo?

Imaginen ese momento.

Tu perro está tumbado delante de ti o tu gato te mira. Confía en ti. No entiende qué significa una factura, qué es una nómina ni cuánto dinero tienes en el banco. Solo sabe que eres la persona que siempre lo ha protegido.

Y tú sabes que quizá podría seguir viviendo.

Pero no puedes permitirte intentarlo.

Nadie debería cargar con esa decisión únicamente por no tener recursos económicos.

También hay personas que, ante una situación así, se endeudan, piden préstamos, recurren a tarjetas de crédito, solicitan dinero a familiares, dejan de pagar otras cosas o renuncian a necesidades propias. Lo hacen porque para ellas abandonar a ese animal no es una opción.

Pero no todo el mundo tiene alguien a quien pedir ayuda. No todas las personas pueden conseguir financiación ni asumir una deuda de cientos o miles de euros.

La falta de recursos no debería convertirse en una sentencia para un animal querido.

Por eso pedimos que se estudie la creación de esta ayuda.

No queremos privilegios.

Queremos humanidad.

Queremos que antes de tener que decir "no puedo pagarlo, hay que dormirlo", exista otra posibilidad: "Vamos a estudiar vuestro caso".

Tal vez la respuesta no pueda ser siempre afirmativa. Habrá tratamientos sin posibilidades reales y situaciones en las que la eutanasia siga siendo, desgraciadamente, la decisión más compasiva.

Pero cuando exista una posibilidad razonable de recuperación, cuando el animal pueda volver a tener una vida digna y cuando la única barrera sea económica, al menos debería existir una oportunidad.

Porque una sociedad que presume de bienestar animal no puede limitarse a castigar el abandono y el maltrato. También debe preguntarse qué hace cuando alguien quiere cuidar, quiere tratar, quiere salvar… pero simplemente no puede pagarlo.

Nuestros animales no entienden de rentas, burocracia, nóminas ni cuentas corrientes.

Solo saben una cosa: que nosotros somos su familia.

Y quizá ha llegado el momento de que nuestras instituciones también empiecen a tratarlos como parte de ella.

FIRMA ESTA PETICIÓN

Para pedir que se estudie la creación de un fondo público de emergencia veterinaria para familias económicamente vulnerables, sujeto a valoración económica y veterinaria.

Porque nadie debería tener que despedirse de un miembro de su familia únicamente por no tener dinero.

Que una cuenta bancaria no decida quién tiene derecho a una oportunidad para seguir viviendo.