Victoria

Prohibición de manifestaciones antitaurinas en las plazas de toros

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En ningún momento los aficionados a los toros queremos impedir el derecho de manifestación y el de libertad de expresión de aquellas personas que se posicionan en contra de la tauromaquia. Sin embargo, el derecho de manifestación, consagrado en el artículo 21 de la Constitución Española y desarrollado por la Ley Orgánica 9/1983, debe quedar matizado, cuando no prohibido, «cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes», como prescribe el mencionado precepto de la Carta Magna.

De un tiempo a esta parte, y cada vez con mayor asiduidad, los aficionados a los toros nos hemos visto increpados, en algunas ocasiones agredidos físicamente, a raíz de manifestaciones antitaurinas celebradas en las inmediaciones de la plazas de toros. Esto no sólo supone una fricción con nuestro derecho de acceso a la cultura, que debe ser tutelado y promovido por los poderes públicos (art. 44 CE), sino que también atenta contra la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de, en este caso, los aficionados, fundamentos ambos del orden público (art. 10 CE).

Ya ha habido suficientes ejemplos de lo anteriormente mencionado. Recordemos el apedreamiento de una aficionada que se disponía a acceder a su localidad en la plaza de toros de Valencia el pasado 18 de Marzo, o la fractura del brazo de un aficionado en protesta realizada durante una conferencia taurina en Madrid el 4 de Diciembre en Madrid. El pasado 29 de Marzo, en la corrida inaugural de la temporada en Las Ventas, la policía tuvo que intervenir para prevenir cualquier otro altercado.

Es lamentable que se den esta clase de hechos, por supuesto. Pero mucho más lo es que los poderes públicos no actúen con la contundencia necesaria para evitarlos. El derecho comparado nos aporta el ejemplo de Francia, país que prohibió las manifestaciones antitaurinas en los aledaños de las plazas de toros en Enero de 2013. Con esta decisión el país vecino preserva, por un lado, el derecho de manifestación y, por otro, el mantenimiento del orden público: los antitaurinos podrán expresarse a cierta distancia de la plaza dejando así a los aficionados accedan a sus localidades con todas las garantías.



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