Imelda tiene 20 años de edad, actualmente se encuentra privada de su libertad luchando por obtener justicia.

Ella vivía en situación de pobreza en Jiquilisco, un municipio rural ubicado en el departamento de Usulután, El Salvador. Desde los 12 años, enfrentó violencia sexual por su padrastro de 70 años. En 2016, quedó embarazada de él; en ese año cursaba el noveno año de la escuela y había iniciado su bachillerato. A partir de ahí inició una serie de hechos que llevaron a Imelda a estar privada de su libertad.

Imelda relata que el 17 de abril del año 2017, fue a una letrina, momento en el que sintió que expulsó algo, sin saber qué, inmediatamente se vio sangrando y, a raíz del dolor, gritó a su madre por ayuda quedando inconsciente. La madre de Imelda se auxilió de una vecina y, con su ayuda, la trasladaron al Hospital Nacional de Jiquilisco. Sufrió un parto extra hospitalario, su hija sobrevivió, y sin embargo la Fiscalía General de la República la acusa de homicidio agravado en grado de tentativa. Ella se encuentra privada de libertad desde abril del 2017.

Mientras era atendida, el personal de salud la interrogó sobre su parto extrahospitalario. Una médica de turno avisó a la Policía Nacional Civil e Imelda quedó detenida en el hospital. Imelda se expone a una sanción penal de hasta 20 años de cárcel. Las pericias médicas han dicho que ella tiene una discapacidad cognitiva; es una víctima de la exclusión y la pobreza, pero el Estado Salvadoreño no ha garantizado sus derechos, en lugar de ser víctima, el Gobierno Salvadoreño la ha criminalizado y despojándola de sus derechos humanos.

En el proceso judicial contra Imelda han ocurrido una serie de violaciones a los derechos humanos y al debido proceso.

-   Se le dictó prisión preventiva sin tener justificación legal alguna.

-  En nueve ocasiones se le canceló y reprogramó el peritaje psicológico porque no había recursos para realizarlo.

-  La audiencia preliminar se suspendió en siete ocasiones ante la falta de peritaje.
-  En la audiencia preliminar el juez responsable decidió continuar con el proceso sin considerar la violencia sexual sufrida por Imelda, no aceptó que se incorpore la prueba de ADN que confirma la paternidad de su padrastro y la violación, y tampoco admitió una medida sustitutiva a la prisión.

Imelda será juzgada el próximo 12 de noviembre de 2018. Levanta la voz y súmate a la exigencia de #JusticiaParaImelda. Exigimos que se reconozca la inocencia de Imelda y al Fiscal General, para que las y los auxiliares de esta institución, garanticen sus derechos humanos.

#SalvemosAImelda

*El Salvador es uno de los seis países de América Latina y el Caribe en los que el aborto está absolutamente prohibido. Es decir, no es permitido ni siquiera en las circunstancias extremas de peligrosidad a la salud o vida de la mujer, de inviabilidad del feto debido a malformaciones incompatibles con la vida, así como si el embarazo es producto de incesto o violación.