Pedimos al Gobierno una política de Estado para proteger vidas, pueblos, montes, clima y suelo
Los incendios forestales son una amenaza creciente para España. No solo destruyen bosques: ponen en riesgo vidas humanas, viviendas, explotaciones agrícolas y ganaderas, infraestructuras, espacios naturales, abastecimientos de agua y servicios esenciales.

España dispone de profesionales altamente cualificados, dispositivos autonómicos de extinción, medios estatales, la Unidad Militar de Emergencias y mecanismos europeos de apoyo. Sin embargo, la extinción por sí sola no puede compensar la acumulación de combustible vegetal, el abandono rural, la expansión de urbanizaciones en zonas forestales y el aumento de las olas de calor, las sequías y los episodios de viento extremo.

Los incendios tampoco son únicamente una consecuencia del cambio climático. Cuando son extensos, intensos o recurrentes, también contribuyen a agravarlo. Al arder la vegetación y las capas superficiales del suelo se libera a la atmósfera parte del carbono acumulado durante años o décadas. Además, la muerte de árboles y plantas reduce la capacidad futura del territorio para absorber dióxido de carbono.

Se crea así un círculo peligroso: El calentamiento favorece incendios más extremos; los grandes incendios liberan carbono y debilitan los sumideros naturales; la pérdida de esos sumideros dificulta frenar el calentamiento. Cuando la vegetación se regenera puede recuperar parte del carbono perdido. Pero este proceso tarda años o décadas y no siempre es completo. Los incendios de alta severidad, repetidos en poco tiempo o seguidos de sequías intensas pueden transformar bosques en matorrales o terrenos degradados con menor capacidad para almacenar carbono.

Los incendios también eliminan la cubierta que protege el suelo. Tras el fuego aumentan la erosión, las escorrentías, los arrastres de cenizas y la contaminación de ríos, embalses y captaciones. Se pierde materia orgánica y disminuye la capacidad del suelo para retener agua y sostener nueva vegetación. En los territorios mediterráneos, esta sucesión de incendio, erosión, sequía y pérdida de vegetación puede acelerar la degradación del suelo y la desertificación.

Por tanto, prevenir los grandes incendios no es solo una cuestión forestal o de protección civil. Es también una política de acción climática, conservación del agua, protección del suelo, salud pública, desarrollo rural y lucha contra la desertificación.

España cuenta con normas, orientaciones estratégicas y un Plan Estatal de Protección Civil frente a incendios forestales aprobado en 2014. Sin embargo, todavía falta una estrategia nacional integrada, plurianual, financiada y evaluable que conecte prevención, territorio, urbanismo, salud, emergencias y restauración.

Por ello pedimos al Gobierno de España:
1. Aprobar un Plan Estatal Integrado de Gestión del Riesgo de Incendios Forestales 2027-2037
El plan debe establecer objetivos, responsables, calendario, presupuesto e indicadores públicos y abarcar todo el ciclo: prevención, preparación, respuesta, recuperación y restauración.

2. Actualizar el Plan Estatal de Protección Civil de 2014
Debe adaptarse a los incendios simultáneos, las evacuaciones complejas, la protección de infraestructuras críticas y centros vulnerables y la recepción de ayuda europea o internacional.

3. Crear una estructura interministerial permanente
Interior y el Ministerio para la Transición Ecológica deben coordinarse con Agricultura, Sanidad, Vivienda, Transportes, Hacienda, Defensa, Ciencia y Derechos Sociales, junto con las comunidades autónomas y los municipios.

4. Establecer un fondo estatal plurianual
La prevención necesita financiación estable durante al menos diez años para la gestión forestal, el pastoreo, los mosaicos agroganaderos, las quemas prescritas, la protección de pueblos y urbanizaciones y el mantenimiento de las actuaciones.

5. Aprobar un programa nacional para la interfaz urbano-forestal
Deben cartografiarse y adaptarse urbanizaciones, viviendas aisladas, campings, residencias, hospitales, centros educativos y núcleos rurales expuestos. Las medidas deben incluir accesos seguros, puntos de agua, rutas de evacuación, mantenimiento de la vegetación y protección de los edificios frente a llamas y pavesas.

6. Integrar los incendios en la política climática y contra la desertificación
La prevención de grandes incendios debe incorporarse al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, a la estrategia de descarbonización, al Plan Forestal y a la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación.

7. Medir y publicar su impacto ambiental y climático
El Gobierno debe evaluar anualmente las emisiones generadas, la pérdida de sumideros de carbono, la erosión, los daños a las cuencas y el tiempo necesario para la recuperación de los ecosistemas.

8. Proteger la salud y a las personas vulnerables
Debe existir un protocolo común frente al humo y las partículas finas, con medidas específicas para personas mayores, niños, pacientes con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, personas con discapacidad, personas electrodependientes y residentes en centros sociosanitarios.

9. Reforzar la investigación de las causas
Es necesario mejorar la investigación de los incendios intencionados y negligentes y actuar sobre tendidos eléctricos, ferrocarriles, carreteras, vertederos, maquinaria y quemas agrícolas.

10. Garantizar la transparencia y la evaluación
El Gobierno debe publicar cada año los resultados, el presupuesto ejecutado, las causas de los incendios, los daños, los tiempos de respuesta y la eficacia real de las medidas preventivas.

Pedimos al Gobierno de España que impulse, en colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales, una verdadera política de Estado frente a los incendios forestales.

Al firmar esta petición, envías un mensaje claro al Gobierno de que debemos priorizar la protección del medio ambiente y la seguridad de la población. ¡España no puede esperar más! Firma ahora esta petición y exijamos un cambio decisivo.