Durante décadas, en Colombia las decisiones sobre el agua se han tomado desde oficinas lejanas a los territorios y a los ecosistemas que sostienen la vida. Mientras tanto, comunidades campesinas, pescadoras, indígenas y afrodescendientes han tenido que enfrentar las consecuencias de una gestión fragmentada, centralista y desconectada de las realidades ambientales del país.

He recorrido durante años territorios como la Ciénaga Grande de Santa Marta, Zona Bananera y la Sierra Nevada de Santa Marta acompañando procesos sociales y ambientales que luchan por algo tan básico como el acceso al agua, la protección de los ecosistemas y la permanencia digna en sus territorios. He visto cómo la ausencia de una gobernanza real del agua ha profundizado conflictos sociales, deterioro ecológico, desplazamientos silenciosos y desigualdad.

Por eso hoy exijo al Gobierno Nacional la reglamentación e implementación inmediata de los Consejos Territoriales del Agua establecidos en el Artículo 34 del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 (Ley 2294 de 2023).

Estos Consejos  representan una posibilidad histórica de transformar la relación entre el Estado, los territorios y el agua. Su espíritu busca avanzar hacia un ordenamiento territorial alrededor del agua, con participación directa de las comunidades, articulación entre instituciones y decisiones construidas desde los ecosistemas y no únicamente desde intereses económicos o políticos.

A pesar de que el actual Gobierno ha impulsado un discurso innovador sobre la necesidad de reorganizar el territorio alrededor del agua y la vida, hoy, a pocos meses del cierre de este periodo presidencial, la reglamentación de los Consejos Territoriales del Agua sigue sin materializarse.

La demora no es menor. Mientras se aplaza esta herramienta de gobernanza, ecosistemas estratégicos como la Ciénaga Grande de Santa Marta continúan deteriorándose; aumentan los conflictos por el acceso al agua; comunidades enteras siguen sin participación efectiva en las decisiones que afectan sus territorios; y el país pierde una oportunidad histórica para construir mecanismos democráticos de gestión hídrica.

La implementación de estos Consejos permitiría fortalecer la participación territorial, mejorar la coordinación institucional, prevenir conflictos socioambientales y avanzar hacia una gestión del agua más justa, sostenible y adaptada a la crisis climática. No podemos permitir que esta promesa quede archivada en el papel.

Invito a toda la ciudadanía, organizaciones sociales, sectores ambientales, académicos y comunidades del país a unirse a esta exigencia. El agua no puede seguir administrándose de espaldas a los territorios. 

Firmar esta petición es defender la vida, los ecosistemas y el derecho de las comunidades a participar en las decisiones sobre el agua que sostienen su presente y su futuro.

¡Ayúdanos a tener una mejor gobernanza del agua en Colombia!