En México, estamos viendo un despertar inquietante sobre la protección que reciben nuestros niños y niñas en los procesos legales de custodia y régimen de visitas. Un video recientemente viralizado muestra a una niña en Piedras Negras negándose a ir con su padre, quien ha sido señalado por abuso sexual. No es un caso aislado, ni una simple anécdota. Es la dolorosa realidad de millones de menores que están siendo revinculados con padres agresores, solo porque las leyes así lo permiten al priorizar el vínculo paternal sobre la seguridad del menor.

Este es un problema sistemático que requiere una atención urgente. Ignorar las denuncias de abuso por parte de los infantes es un acto de negligencia imperdonable. Desafortunadamente, las deficiencias en el sistema legal permiten que se continúe con este ciclo de abuso, ya sea por agresiones físicas, emocionales, psicológicas, o incluso por negligencia que amenaza la vida y bienestar de los menores.

Necesitamos un cambio radical en el marco legal que priorice el bienestar de los menores por encima del derecho de visita de los padres, especialmente cuando hay antecedentes de abuso. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2021, se reportaron más de 20,000 casos de menores que experimentaron violencia intrafamiliar con quien comparte la patria potestad o la guarda y custodia. Este alarmante número no puede ser ignorado.

Proponemos una audiencia obligatoria cada vez que un menor exprese inquietudes sobre la seguridad de un progenitor, un registro nacional de antecedentes de abuso infantil accesible para todos los jueces de familia, y la formación especializada para todos los implicados en las decisiones de custodia. Solo así podemos asegurar que se tome en cuenta la voluntad y la seguridad de los niños antes de cualquier decisión judicial.

Es crucial que todos, como sociedad, elevemos nuestras voces para urgir a las autoridades a garantizar que cada niño y niña tenga el derecho fundamental a una vida segura y libre de angustias. Firma esta petición para exigir un sistema judicial que realmente defienda el bienestar y seguridad de las infancias en México.