Soy trabajadora social y formo parte del servicio público. Conozco de primera mano el impacto y la importancia de nuestra labor en las comunidades, en especial para aquellos en situaciones vulnerables. Las 43 trabajadoras sociales despedidas del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) son un recurso vital para el progreso y bienestar social de nuestro país. Este repentino cese no solo pone en riesgo a estas profesionales y sus familias, sino también a todas las personas a las que podían asistir. Estos despidos no solo son injustos sino un ataque a la dignidad y labor de nuestra profesión.

Las trabajadoras sociales desempeñamos un papel crucial en la promoción de la justicia social y en la defensa de derechos básicos. Nuestras intervenciones ayudan a cerrar brechas de desigualdad, ofrecen apoyo emocional, legal, y asistencial a personas en situaciones de crisis. Tomar decisiones tan cruciales como el despido de 43 expertas compromete el tejido social que tanto nos esforzamos por tejer.

Es fundamental que el IFDP no solo reinstale a las trabajadoras sociales, sino que también reconozca públicamente la importancia de su trabajo. Necesitamos un compromiso que no solo permita su regreso, sino que garantice mejoras en las condiciones laborales y un ambiente donde se valore y respete nuestro aporte profesional a la sociedad.

Instamos al gobierno y a las autoridades del Instituto a restablecer la justicia permitiendo la reincorporación de estas 43 profesionales. Defender sus derechos es defender los derechos de todas las personas a quienes servimos.

Si te preocupa el bienestar social y reconoces la necesidad de un cambio estructural que valore la labor de las trabajadoras sociales, firma esta petición. Juntos podemos exigir más justicia y reconocimiento para quienes entregamos corazón y alma a nuestro trabajo por los demás.