El futuro de la Ciudad de México no puede decidirse sin sus habitantes

El Plan General de Desarrollo 2025–2045, conocido como PGD, definirá durante los próximos 20 años cómo crecerá y funcionará la Ciudad de México.

No se trata de un documento técnico más.

Sus decisiones influirán en temas que afectan directamente nuestra vida cotidiana:

• El acceso al agua y a los servicios públicos.
• La construcción de vivienda y nuevos desarrollos.
• Los cambios de uso de suelo en nuestras colonias.
• La movilidad y el tránsito.
• La protección de barrancas, áreas verdes y zonas de valor ambiental.
• La conservación de barrios y zonas patrimoniales.
• El presupuesto destinado a las comunidades.
• La manera en que las vecinas y los vecinos podremos participar en las decisiones de la ciudad.

Además, el PGD será de observancia obligatoria para el Gobierno de la Ciudad de México. Los programas de ordenamiento territorial, los programas de las alcaldías, los programas parciales, las políticas públicas, los proyectos gubernamentales y la asignación del presupuesto deberán sujetarse a lo que establezca.

Por eso, un plan de esta importancia no puede elaborarse a puerta cerrada ni presentarse a la ciudadanía cuando sus principales decisiones ya fueron tomadas.

¿Qué ocurrió?
La ley establece que la ciudadanía debe participar en todas las etapas de la planeación, incluyendo la formulación del Plan General de Desarrollo.

Sin embargo, durante 2025 el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva no convocó formalmente a las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO), a las organizaciones vecinales, a la sociedad civil, a especialistas ni a instituciones académicas para construir el proyecto desde su origen.

El documento fue presentado públicamente cuando ya se encontraba elaborado.

Esto significa que la ciudadanía fue llamada a opinar sobre un plan terminado, en lugar de participar realmente en su construcción.

Consultar a la población después de haber tomado las decisiones no es participación efectiva.

¿Por qué debe reponerse el proceso?
Porque existen irregularidades que comprometen la legalidad y legitimidad del PGD.

1. La ciudadanía no participó en la formulación
La Constitución y las leyes de la Ciudad de México obligan al Instituto de Planeación a promover, convocar y capacitar a la ciudadanía para participar en todas las etapas del proceso.

También establecen que las COPACO deben ser convocadas expresamente por ser los órganos de representación comunitaria elegidos por voto ciudadano.

Esto no ocurrió de manera adecuada, abierta y documentada.

2. Los órganos responsables no participaron en toda la elaboración
El Directorio Técnico y el Consejo Ciudadano del Instituto de Planeación tienen la responsabilidad de garantizar la congruencia técnica, jurídica y ciudadana de los instrumentos de planeación.

Sin embargo, estos órganos fueron integrados cuando el proyecto ya se encontraba prácticamente terminado y poco antes de que se anunciara la consulta.

Por lo tanto, no pudieron cumplir plenamente con sus funciones durante la elaboración del documento.

3. No existe claridad sobre las propuestas ciudadanas
La ciudadanía tiene derecho a saber:

• Qué propuestas fueron recibidas.
• Quién las presentó.
• Cómo fueron analizadas.
• Cuáles fueron incorporadas.
• Cuáles fueron rechazadas.
• Por qué se tomó cada decisión.

Sin esta información no hay transparencia ni forma de comprobar que la participación tuvo algún efecto real.

4. Se pone en riesgo la certeza sobre los usos de suelo
El PGD plantea conceptos como los usos mixtos, las nuevas centralidades y los polígonos prioritarios.

Estas figuras podrían utilizarse para justificar cambios importantes en amplias zonas de la ciudad, incluyendo colonias protegidas por programas parciales.

Esto podría abrir la puerta a una mayor densificación, nuevos desarrollos inmobiliarios y modificaciones de uso de suelo sin considerar previamente la disponibilidad de agua, infraestructura, movilidad, servicios públicos o capacidad ambiental.

No estamos en contra del desarrollo de la ciudad.

Exigimos que cualquier transformación sea legal, sostenible, técnicamente sustentada y construida con las comunidades que sufrirán sus consecuencias.

5. Se debilitan los mecanismos de representación vecinal
El proyecto propone transitar de las COPACO hacia nuevas asambleas vecinales y crear un Sistema Integral de Participación Ciudadana y Control Comunitario.

También plantea reorganizar los mecanismos existentes dentro de una sola plataforma.

Estos cambios podrían eliminar o reducir el papel de las COPACO, que son órganos elegidos directamente por la ciudadanía y que actualmente cuentan con facultades reconocidas en la Ley de Participación Ciudadana.

La participación puede mejorar y ampliarse, pero no debe centralizarse ni sustituirse por mecanismos sin reglas claras, controles democráticos o representación electa.

6. El presupuesto participativo podría dejar de beneficiar directamente a las colonias
El proyecto plantea ampliar el presupuesto participativo hacia un modelo de decisiones a escala metropolitana.

Esto podría provocar que los recursos asignados a una colonia dejen de utilizarse en las necesidades concretas elegidas por sus habitantes y sean destinados a otras prioridades definidas por instancias externas.

El presupuesto participativo pertenece a las comunidades y debe conservar su finalidad: permitir que cada colonia decida directamente qué mejoras necesita.

7. Se crean figuras con atribuciones poco claras
El PGD propone fortalecer las llamadas Casas de Gobierno y convertirlas en Consejos de Gobierno Comunitario con atribuciones normativas, presupuestarias y jurídicas.

También plantea que participen en la supervisión de programas, la articulación de servicios públicos y la planeación comunitaria.

Estas funciones podrían invadir o duplicar atribuciones que actualmente corresponden a las alcaldías, a las COPACO y a otras autoridades legalmente constituidas.

Ningún instrumento de planeación puede crear autoridades, modificar la Constitución o sustituir facultades establecidas por la ley.

8. No se protege claramente a los programas parciales
Los programas parciales establecen reglas específicas para determinadas colonias, barrios y zonas de la ciudad.

Sin embargo, el proyecto del PGD no explica con claridad cómo serán respetados.

Al ser el PGD el instrumento superior al que deberán alinearse los demás programas, esta omisión genera incertidumbre y podría facilitar modificaciones posteriores en zonas actualmente protegidas.

Lo que está en juego
Este plan puede determinar durante dos décadas:

• Dónde y cuánto se podrá construir.
• Qué zonas podrán densificarse.
• Cómo se modificarán los usos de suelo.
• Qué protección conservarán las áreas verdes y patrimoniales.
• Cómo se distribuirá el presupuesto.
• Qué facultades tendrán las alcaldías.
• Quién representará a las comunidades.
• Qué peso tendrá la opinión de las vecinas y los vecinos.
• Una decisión de esta magnitud no puede legitimarse mediante una consulta realizada después de haber elaborado el documento.

La participación ciudadana no consiste únicamente en permitir que las personas hablen. Significa que puedan intervenir antes de que se tomen las decisiones y que sus propuestas sean analizadas, respondidas e incorporadas de manera transparente.

¿Qué exigimos?
Solicitamos a la Jefatura de Gobierno, al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y al Congreso de la Ciudad de México:

• Suspender el proceso de aprobación del Proyecto del Plan General de Desarrollo 2025–2045.
• Revisar integralmente la legalidad del procedimiento realizado.
• Reponer el proceso desde su etapa de formulación, no únicamente desde la consulta de un documento previamente elaborado.
• Elaborar y publicar diagnósticos territoriales completos sobre agua, movilidad, infraestructura, vivienda, medio ambiente, servicios públicos y capacidad urbana.
• Convocar formalmente a las COPACO, alcaldías, organizaciones vecinales, pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas, sociedad civil, instituciones académicas y especialistas.
• Garantizar una participación ciudadana real, informada, accesible y con capacidad efectiva de incidir en el contenido.
• Publicar todas las propuestas recibidas y explicar de manera clara cuáles fueron incorporadas, cuáles no y por qué.
• Respetar las facultades constitucionales de las alcaldías y de los órganos de representación ciudadana.
• Proteger la existencia y las atribuciones de las COPACO, así como el derecho de cada comunidad a decidir sobre su presupuesto participativo.
• Garantizar expresamente la protección de los programas parciales, las áreas de valor ambiental, las zonas patrimoniales y los derechos adquiridos por las comunidades.
• Realizar un proceso de parlamento abierto antes de que cualquier nueva versión sea discutida o votada por el Congreso de la Ciudad de México.

No estamos en contra de planear la ciudad, queremos un Plan General de Desarrollo.

Pero queremos un plan legal, sostenible, técnicamente sólido y construido con la participación de quienes habitamos la Ciudad de México.

No podemos permitir que las decisiones que definirán los próximos 20 años se tomen sin escuchar a las comunidades, sin diagnósticos suficientes y sin explicar con claridad sus consecuencias.

Firma y comparte
Esta petición puede ser firmada por cualquier persona que viva, trabaje, estudie o tenga algún vínculo con la Ciudad de México.

Convocamos especialmente a vecinas y vecinos, integrantes de COPACO, organizaciones ciudadanas, colectivos, especialistas, académicos y personas preocupadas por el futuro de la ciudad.

Firma para exigir que el Plan General de Desarrollo se construya desde el principio con legalidad, transparencia y participación ciudadana real.

La ciudad no puede planearse sin quienes la habitamos.