Exigimos que los jueces y magistrados, sean removidos de su cargo porque no acatan el mandato del pueblo

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Estimados Lic. Andres Manuel Lopez Obrador,
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
Lic. Alfonso Durazo Secretario de Seguridad Publica
PRESENTES

Por medio del presente oficio manifestamos nuestro rechazo a las recientes decisiones tomadas por el ministro de la SCJN Alberto Pérez Dayán referentes a la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos para el ejercicio 2019.
Consideramos que la Acción de Inconstitucionalidad contra dicha ley promovida por diputados y senadores del PRI, PAN y PRD es en si misma inconstitucional y afecta de manera considerable al presupuesto del año 2019 destinado para programas sociales y proyectos de desarrollo nacional. Por esta razon rechazamos la reciente medida emitida por la Suprema Corte por considerarse dolosa, arbitraria y por no contribuir al modelo de Austeridad Republicana del nuevo gobierno federal que busca erradicar la corrupción en los tres poderes de gobierno.

Ante esta situación les pedimos tomar en cuenta este documento como legal y con carácter vinculatorio para que se proceda conforme a derecho con sustento en el Articulo 39 Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

De esta manera, los que suscribimos el presente documento con fecha de 8 de Diciembre de 2018 cuya legitimidad se encuentra sustentada por las firmas anexas y por el Articulo 39 Constitucional, manifestamos:

Rechazo absoluto a la Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones a Servidores Públicos 2019 promovida por funcionarios de la oposición y desconocemos la legalidad de la misma por las razones antes mencionadas.

Este documento deja sin efecto legal y anula cualquier resolucion, amparo y documento legal que haya sido expedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nacion y en concreto por 
Luis María Aguilar Morales
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro
Alberto Pérez Dayán, 
la Ministra
Margarita Beatriz Luna Ramos, 
el Ministro
Javier Laynez Potisek, 
el Ministro
José Fernando Franco González Salas,
el Ministro
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
el Ministro
Jorge Mario Pardo Rebolledo, el 
Ministro
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la
Ministra
Norma Lucía Piña Hernández
Presidenta de la Primera Sala, en relación a lo anteriormente referido durante el periodo que abarca del dia 1 de Enero de 2018 al dia 8 de Diciembre de 2018.

Asimismo con la autoridad soberana que nos confiere el Articulo 39 Constitucional, EXIGIMOS Y DEMANDAMOS, por asi considerarlo necesario, la remoción inmediata del cargo de 
Ministro a
Luis María Aguilar Morales
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del cargo de
Ministro a
Alberto Pérez Dayán,
Por considerar que los antes mencionados NO están comprometidos con el servicio a la nación mexicana, por hacer mal uso de sus funciones como servidores públicos para favorecer intereses particulares y políticos no beneficiosos a la nación mexicana, y por considerarlos no aptos para la impartición de justicia del estado mexicano.
Esto en base a las resoluciones tomadas en el periodo mencionado.

Adicionalmente exigimos que se inicie un proceso de investigación a dichos ministros por presunta corrupción y que sean inhabilitados para tomar algun cargo en el periodo que dure la misma.

Damos de plazo hasta el dia 30 de Diciembre del presente para que los ministros previamente señalados renuncien a su cargo y abandonen el edificio de la SCJN.

Habiendo mencionado esto, solicitamos el apoyo inmediato de la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y de la SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) para dar efecto al presente documento en carácter de Urgente. Autorizamos a la SSP para usar sus facultades y recursos para proceder conforme a derecho penal para desalojar a los antes señalados del inmueble de la SCJN, en el caso que se resistan y no hayan dejado el cargo en la fecha señalada.

Una vez llevado a cabo el presente solicitamos que se aplique a la brevedad a los nuevos ministros una vez hayan ocupado el cargo, y a TODOS los servidores públicos, se aplique inmediatamente el artículo 127 Constitucional, el cual indica que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

Sin más por el momento,

ATENTAMENTE,

CIUDADANOS DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS