En Uruguay, un senador no solo representa al pueblo, sino que carga con una responsabilidad inmensa: actuar siempre en defensa de la legalidad, la justicia y la equidad. Sin embargo, hemos sido testigos de actos que no solo desafían esta responsabilidad, sino que la traicionan de la manera más grotesca.

Imaginen ser la víctima de un abuso sexual, o un miembro de su familia. Ya bastante dura es la batalla por encontrar justicia, pero luego descubran que un senador en ejercicio, con toda la influencia y poder que conlleva su posición, está defendiendo al acusado. Esta situación no es solo asimétrica, es brutalmente injusta.

El artículo 124 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay es inequívoco. Prohíbe a los senadores y diputados gestionar o intervenir en asuntos de terceros ante Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, como la Fiscalía General de la Nación. Esta prohibición es clara, y su violación conlleva sanciones inmediatas: la pérdida del cargo legislativo. El propósito de esta ley es salvaguardar la independencia e imparcialidad de nuestras instituciones, así como proteger a los ciudadanos de posibles abusos de poder.

El senador Andrés Ojeda ha cruzado esta línea al actuar en defensa de terceros en estas funciones, desobedeciendo el mandato constitucional que juró proteger. No podemos permitir que este flagrante desprecio hacia nuestra carta magna quede impune. No solo se trata de un incumplimiento legal, sino de una traición al espíritu de justicia que debe prevalecer en nuestra sociedad.

Nosotros, ciudadanos comprometidos con la defensa de nuestra Constitución y los principios democráticos, exigimos el cese inmediato de las funciones de Andrés Ojeda como senador. Reafirmamos nuestra convicción de que ningún funcionario electo está por encima de la ley, y que el cumplimiento de la Constitución no es negociable ni interpretativo.

Súmate a nosotros en esta causa para reforzar y restaurar el estado de derecho de Uruguay. Firma esta petición para asegurar que se respete y cumpla nuestra Constitución como la máxima autoridad en nuestra nación.