Brenda Quevedo lleva casi 19 años privada de la libertad sin sentencia definitiva.  Casi dos décadas esperando justicia. Casi dos décadas en las que la justicia mexicana la ha ignorado, que la ha obligado a poner en pausa sus sueños y su proyecto de vida. 

Brenda fue detenida el 28 de noviembre de 2007 en Louisville, Kentucky, Estados Unidos, y posteriormente fue extraditada a México. Desde entonces ha enfrentado un proceso marcado por irregularidades, retrasos, criminalización, señalamientos públicos y una prisión preventiva que, en la práctica, se convirtió en una pena anticipada. Durante todos estos años, Brenda fue trasladada a distintos centros penitenciarios, donde sufrió tortura física, psicológica y sexual, hechos documentados por organismos  internacionales de derechos humanos de derechos humanos. Entre ellos, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, en la Opinión 45/2020, concluyó que la detención de Brenda Quevedo Cruz es arbitraria y exhortó al Estado mexicano a liberarla de inmediato. Pese a esto, México ha decido ignorar el caso de Brenda.

El llamado “Caso Wallace”,  es uno de los procesos penales más mediáticos de México, y también un caso emblemático de fabricación de culpables.  Desde el inicio, Brenda Quevedo, Juana Hilda Gonzalez Lomelí, Jacobo Tagle, Cesar Freyre y los hermanos Tony y Albert Castillo, han sido exhibidas públicamente como responsables mediante espectaculares, declaraciones en medios y una narrativa que las condenó socialmente sin que existiera una sentencia definitiva. El caso ha sido señalado por graves irregularidades: confesiones obtenidas bajo tortura, pruebas sembradas, violaciones al debido proceso, torturas, acoso a familiares y amigos, exilios y  retrasos injustificables.

El 11 de junio de 2025, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo directo 26/2022, mediante el cual se concedió el amparo a Juana Hilda Gonzalez Lomelí, poniéndola en libertad, pues la SCJN acreditó que Juana Hilda había confesado el delito mediante tortura.  

Hoy Brenda ya no está en prisión, pero tampoco está en libertad. Se encuentra en resguardo domiciliario con geolocalización, una medida que sigue restringiendo gravemente su vida cotidiana: le impide trabajar, atender de manera adecuada su salud y cuidar plenamente a su madre.

Las medidas cautelares que restringen la libertad deben ser excepcionales, temporales y estrictamente necesarias. No pueden durar años. No pueden durar décadas. No pueden convertirse en castigos disfrazados mientras una persona sigue siendo legalmente inocente.

¿Cuánto tiempo puede una persona esperar justicia sin que la espera misma se convierta en injusticia?

Por ello, solicitamos a las autoridades judiciales que cierren la instrucción y se dicte sentencia ABSOLUTORIA para Brenda Quevedo. 

Brenda merece justicia.
Brenda merece retomar su vida.
Brenda merece cumplir sus sueños.

Brenda merece recuperar su vida.

Puedes escuchar más de su historia aquí: https://www.instagram.com/reel/DK5a5HRsofV/?igsh=NHYxdmZjNHVzYzd0 

Firma y ayúdanos a exigir justicia y libertad para Brenda Quevedo.