Como a muchas víctimas de pederastia en la Iglesia, las sangrantes denuncias realizadas recientemente por valerosos supervivientes en los medios me han removido profundamente.

En primer lugar, porque nunca deja de sorprenderme la generosidad de quien es capaz de compartir uno de los más terribles traumas que puede sufrir el ser humano, para remover conciencias y poder así proteger a las generaciones futuras.

Pero principalmente, porque la historia que están contando, es también mi historia. Cuando tenía 16 años fui abusado por el monje benedictino de la Abadía de Montserrat Andreu Soler, responsable durante 40 años del grupo de scouts católicos del monasterio. Cuando pedí ayuda a los responsables de la institución, aplicaron a rajatabla el manual de encubrimiento católico: convencer a mis padres, para que no denunciaran ante la justicia civil; trasladar al pederasta a otro centro, negarse a realizar una búsqueda activa de víctimas, intentar comprar mi silencio pagándome una indemnización de 7200 euros en negro, en sobres con billetes de 500 euros; honrar a mi agresor, antes de su fallecimiento, con la publicación de un libro de memorias con prólogo de Jordi Pujol.

Tras 20 años de silencio, en enero de 2019 denuncié mi caso en el documental de Netflix Examen de Conciencia. Se abrió la caja de Pandora.  Ante la avalancha de casos, la Abadía organizó una comisión de blanqueamiento. Como suele suceder en las investigaciones internas de la Iglesia, su informe final, negaba la existencia de ninguna responsabilidad institucional o encubrimiento sistémico y limitaba el problema a algunas manzanas podridas: mi agresor, un depredador sexual, que había abusado durante décadas de al menos una docena de adolescentes en el grupo scout y uno de los responsables de la escolanía, pederasta confeso.  El abad pidió perdón en la homilía, rezó por el alma de las víctimas y se le dio carpetazo al asunto. 

Mi historia, las historias de los supervivientes de pederastia en la Iglesia española no se diferencian significativamente de las reveladas en otros países de nuestro entorno como Bélgica, Alemania, Francia, Irlanda o Chile. El mismo dolor y sufrimiento. El mismo sentimiento de traición, soledad y abandono. Las mismas secuelas físicas y psicológicas, marcas en el cuerpo y en el alma que te acompañan de por vida. Las mismas vidas rotas, oportunidades perdidas, sueños incumplidos. Pero sÍ hay un aspecto en que “Spain is different”. Aunque una investigación periodística en El País ha documentado 611 casos de pederastia clerical, con 1246 víctimas, ocurridos durante el último siglo, España tiene el dudoso honor, junto con Italia, de ser el único país desarrollado donde no he ha realizado una investigación oficial sobre la magnitud del problema, sus causas y consecuencias y lo más importante, que medidas debemos adoptar como sociedad para garantizar la verdad, la justicia, la reparación y otorgar garantías de no repetición a los supervivientes.

Esta semana, por primera vez en la historia, el Congreso va a debatir una iniciativa de Podemos, Bildu y ERC para la creación de una comisión de investigación de la pederastia en la Iglesia española. Si bien es un primer paso, es necesario aumentar el nivel de ambición y realizar un importante esfuerzo para lograr aunar el máximo consenso posible.

Aunque ya nadie duda que la iglesia española es un nido de pederastas y encubridores, no es la única institución golpeada por la lacra de la pederastia. Otras instituciones religiosas, como los testigos de Jehová; instituciones deportivas como la federación de gimnasia o atletismo; grupos scouts; centros de menores tuteladas en Valencia, Baleares y Madrid. Sus víctimas, merecen el mismo respeto, comprensión y apoyo que los supervivientes de pederastia clerical. No caigamos en la trampa de crear víctimas de primera y de segunda en función de lo mediáticos que sean los casos. Además, una comisión parlamentaria no es el mejor foro, por falta de capacidad, para dar voz a las decenas de miles de abusos sexuales en instituciones, que necesitan compartir su historia para poder sanar y dejar testimonio oficial de los delitos que sufrieron. 

Hace falta una Comisión de la Verdad liderada por expertos independientes, con amplios poderes de investigación y recursos materiales y humanos suficientes, como la Real Comisión australiana sobre abusos sexuales en instituciones, el gold standard (patrón oro) internacional en este ámbito de derechos humanos. Para hacer las cosas bien, y no volver a fallar a las víctimas implementando de forma apresurada un modelo fallido, es imprescindible un debate sosegado, pausado y en profundidad.

Para ello, el Congreso debe crear una comisión parlamentaria, con una duración limitada de seis meses, invitando a expertos nacionales y extranjeros, organismos internacionales (Naciones Unidas, Consejo de Europa); colectivos de víctimas, organizaciones de protección a la infancia, para investigar y debatir los diferentes modelos de comisión de la Verdad posibles. Al finalizar su trabajo, debe presentar una ponencia con una propuesta solvente, avalada por el mayor número de grupos parlamentarios posibles y con una estimación presupuestaria de los recursos necesarios para su implementación. El pleno del Congreso puede entonces aprobar una ley consensuada, ambiciosa, racional y bien financiada autorizando la creación de la Comisión de la Verdad española sobre abusos sexuales en instituciones.      

Con vuestra ayuda, la aberrante situación que hemos vivido las víctimas puede cambiar. Debemos aspirar a ser un país normal, civilizado y decente donde las violaciones generalizadas y sistemáticas de niños en ambientes institucionales se consideren una gravísima violación de derechos humanos, dignos de una Comisión de la Verdad estatal.

Firma. Difunde. Denuncia. Deja de ser cómplice de la conspiración de silencio. Elige civilización frente a barbarie. Nuestros niños te lo agradecerán.