Petición Cerrada

Gobierno de Suiza: No Ratifiquen los Acuerdos de La Habana entre Colombia y las FARC

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Estimados señores:  A principios de este mes, el equipo de negociación del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el grupo narcoterrorista de las FARC, anunciaron que, con el fin de garantizar la aplicación del acuerdo “de paz” que han estado negociando durante más de cuatro años, habían decidido elevar el estatuto de ese acuerdo y convertirlo en un “Acuerdo Humanitario Internacional Especial” que sea ratificado por el gobierno de Suiza. Esta maniobra del gobierno de Colombia es inconstitucional y antidemocrática, y por ello solicitamos respetuosamente, en nombre de todos los firmantes, que el Gobierno de Suiza suspenda su participación en esa maniobra autocrática e ilegal, la cual equivale a propinarle un golpe a la Constitución de Colombia, al Congreso de Colombia (Senado y Cámara), a la Corte Constitucional, y – lo más importante – a la ciudadanía colombiana.

No hay ninguna base legal que permita transformar las negociaciones entre el gobierno soberano de Colombia y un grupo local narcoterrorista en un "Acuerdo Humanitario Internacional Especial," comparable a la Convención de Ginebra. La guerra terrorista que las FARC han librado contra la sociedad colombiana siempre ha sido y sigue siendo un conflicto interno. De hecho, el único elemento "internacional" del acuerdo sería la recepción que el gobierno de Suiza haga de éste, sin tener competencia ni legitimidad para hacerlo, ni para inmiscuirse en los asuntos relacionados con la derogación o la reforma de la Constitución de Colombia.

Las negociaciones en La Habana no son más que una manera astuta de pasar por encima de las instituciones y de los ciudadanos de Colombia, para imponer un acuerdo que es ampliamente impopular en Colombia.

La forma en que el gobierno de Santos pretende incorporar ese “acuerdo especial” en la Constitución es ilegal por varias razones. En primer lugar, sólo hay tres maneras de modificar la Constitución. El gobierno ha rechazado las dos primeras - un referéndum y/o una asamblea constituyente - y optó por la tercera: la ratificación por el Congreso de un acto legislativo. Según lo establecido en la Constitución colombiana, toda enmienda propuesta tiene que ser ratificada en ocho debates separados en el Senado y en la Cámara de Representantes, en dos sesiones legislativas separadas. La razón de esto es obviamente democrática: la modificación de la Constitución requiere un proceso de reflexión y discusión cuidadosa de los representantes del pueblo y debe tener el tiempo suficiente para que puedan ser tramitados los aportes de los diferentes segmentos de la sociedad y del público. Sin embargo, en su prisa por empujar los acuerdos de La Habana en un contexto de escepticismo y de rechazo de la población ante las acciones del gobierno, éste propuso modificar la Constitución en un solo acto legislativo que ya iba en su séptimo debate. En consecuencia, ese trámite burlará el proceso prescrito por la Constitución y los senadores no podrán siquiera llegar a debatirlo. Ese texto será votado únicamente por un comité y por una sesión de la Cámara de Representantes. En resumen, ese trámite será ilegal.

Por otra parte, la enmienda incluye una cláusula que hace “inmodificable” el pacto de La Habana,  lo que haría imposible que un gobierno futuro lo revoque --algo que la Constitución de Colombia prohíbe expresamente, debido a la naturaleza antidemocrática de tal cláusula. Además, esa cláusula pretende que cualquier futura modificación de la Constitución sea en conformidad con el pacto de La Habana. En esencia, tal documento irrevocable estará por encima de la Constitución colombiana. Por último,  lo más atroz es que esto se hará sin que nadie sepa lo que contienen los Acuerdos de La Habana, pues las negociaciones no han terminado y los puntos en los que Santos y las Farc han llegado a un acuerdo no han sido publicados en forma exacta y completa. Solo un borrador circula en ciertos círculos.

En resumen, el pacto hecho por un puñado de negociadores del Gobierno y sus homólogos narcoterroristas pretende abolir la Constitución de Colombia, y el nuevo documento pretende ser  ratificado por un comité y por un voto apresurado en la Cámara de Representantes, sin que ninguno de los congresistas pueda leer tal documento.

Para adormecer a la comunidad internacional, el gobierno de Santos ha prometido organizar un plebiscito. Eso también es un astuto engaño. Es un plebiscito anómalo: los colombianos solo podrán responder con un sí o un no a una pregunta. Ello constituye un mecanismo inapropiado para pronunciarse, --ratificando o rechazando--, un acuerdo muy complejo. Además, ese tipo de plebiscito no es permitido por la Constitución: el gobierno de Santos redujo el umbral para la participación de los votantes de un 50 por ciento más uno de los electores, que exige la Constitución,  a un 13 por ciento. Y, como si fuera poco, ese plebiscito sería organizado muy tarde y a último minuto: después de que la  reforma de la Constitución haya sido perpetrada.

Las encuestas de opinión muestran de manera persistente que entre el 80 y el 90 por ciento de los colombianos se opone a los principales puntos del acuerdo: impunidad para los responsables de las atrocidades cometidas por las FARC y elegibilidad política de los terroristas de las FARC, entre otros. Las encuestas muestran que el índice de favorabilidad del presidente Santos cae constantemente y que hoy es de sólo un 13 por ciento - el más bajo índice de un presidente en América Latina. Con la opinión pública decididamente en contra de lo que ha negociado hasta hoy, no es de extrañar que el gobierno de Santos trate de vender su pacto en el extranjero, abusando de la buena fe del pueblo suizo para alcanzar sus objetivos.

Respetuosamente solicitamos al Gobierno de Suiza ponerse al lado del pueblo de Colombia y del respeto a la Constitución de Colombia y de sus instituciones democráticas. Por favor, suspenda toda ayuda a esta autocracia emergente y no ayude a erigir un narco-estado fallido en Colombia, apoyando o participando en ese proyecto.

ENGLISH

Dear Sirs:

Earlier this month, the negotiation team for Colombian President Juan Manuel Santos and the narco-terrorist group FARC announced that, in order to ensure the implementation of the “peace” accord they have been negotiating for more than four years, they would elevate its status to that of a “Special International Humanitarian Accord” to be ratified by the Swiss government. This most recent maneuver by the Colombian government is both unconstitutional and anti-democratic, and we respectfully request, in the name of all the undersigned, that the Government of Switzerland decline from participating in this autocratic and illegal maneuver, as it would amount to a coup against the Colombian Constitution, it’s Congress, it’s Constitutional Court, and – most importantly – its people.  

To begin, there is no basis for investing the negotiations between the sovereign government of Colombia and a homegrown narco-terrorist group with the classification of a “Special International Humanitarian Accord,” comparable to the Geneva Convention.  The terrorist war that the FARC has waged against Colombian society has always been and still is an internal conflict. Indeed, the only “international” element of the deal would be its ratification by the government of Switzerland, which has no competence or standing to revoke or amend Colombia’s Constitution. To re-characterize the negotiations in Havana now is nothing more than a disingenuous way of bypassing both Colombia’s institutions and its citizens, to push through a deal that is widely unpopular in Colombia.

The way the Santos government is incorporating this “special accord” into the Constitution is illegal in many ways. First, there are only three ways to amend the Constitution. The government has rejected the first two – a referendum and a Constitutional Convention – and opted for the third:  ratification by Congress of a legislative act.  As set fourth in the Constitution, any proposed amendment has to be ratified in eight separate debates in both the Senate and the House of Representatives, in two separate legislative sessions. The rationale for this is obviously democratic: amending the constitution requires thoughtful consideration by the People’s representatives and ample time for input from different segments of society and the public. However, in its haste to push through the Havana accords on a public growing increasingly skeptical and unsupportive of the government’s actions, this proposed amendment was tacked on to a legislative act already in its seventh debate. As a result, it will not go through the process proscribed in the Constitution – Colombian Senators will never even get to debate it. It will only be voted on in one House Committee meeting, and one House of Representatives hearing.  In short, it’s illegal.

Furthermore, the amendment itself attaches an “indelible clause” to the deal struck in Havana, making it irrevocable by any government in the future – something that Colombia’s Constitution expressly forbids, due to the anti-democratic nature of such a clause.  Additionally, it requires that any future amendments to the Constitution be in accordance with the Havana deal, in essence placing this irrevocable document above the Constitution.  Finally, and most egregiously, this will be done without anyone knowing what the Havana Accords even are, as the negotiations have not been concluded and those points where agreement has been reached have not been published, except in draft form.

In sum, the agreement made between a handful of government negotiators and a their narco-terrorist counterparts will supersede the Colombian Constitution, and this document will be ratified by one House Committee and one vote in the House of Representatives, without any of them ever having read it.

To placate the international community, the Santos government has promised a plebiscite.  This too is a disingenuous ploy. Not only is a plebiscite asking a single yes or no question not an appropriate mechanism for the electorate to ratify a complex agreement – the Constitution does not allow it – but the Santos government lowered the threshold for voter turnout from 50 percent plus one of the electorate to 13 percent.  In any case, the plebiscite will be an afterthought; coming after the amendment to the Constitution is completed.

Consistently, polls show between 80 and 90 percent of Colombians oppose the main points of the deal: impunity for those responsible for atrocities and political eligibility of FARC terrorists, among others.  President Santos’ favorability is currently of only 13 percent – the lowest for any head of state in the region. With public opinion decidedly against what has been negotiated so far, it is no surprise that the Santos government has sought to sell its deal abroad, using the goodwill of the Swiss people to meet its ends.

We respectfully ask that the Swiss Government stand by the People of Colombia and that it respect the Colombian Constitution and its institutions. Please do not aid this emerging autocracy or the implementation of a narco-failed state in Colombia by supporting or participating in this scheme.

FRANCAIS

Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement suisse,

Il y a quelques jours, l'équipe de négociateurs du président de Colombie, Juan Manuel Santos, et l’organisation narco-terroriste FARC, annoncèrent qu’afin d'assurer la mise en œuvre de l'accord « de paix» qu’ils sont en train de négocier depuis plus de quatre ans, ils avaient décidé d'élever le statut de l'accord et d’en faire un « accord humanitaire international spécial » qui soit, en plus, ratifié par l’Etat fédéral suisse. Cette manœuvre du gouvernement colombien est inconstitutionnelle et antidémocratique. Pour cette raison nous demandons respectueusement au gouvernement de la Suisse, au nom de tous les signataires de cette pétition, de suspendre sa participation à cette manœuvre autocratique et illégale, laquelle équivaut à assener un coup à la Constitution de la Colombie, au Congrès colombien (Sénat et Chambre), à la Cour constitutionnelle, et - le plus important – aux citoyens colombiens.

Il n'y a aucune base juridique pour transformer la négociation entre le gouvernement souverain de la Colombie et un groupe local narco-terroriste en un «accord humanitaire international spécial», comparable à la Convention de Genève. La guerre terroriste que les FARC ont menée contre la société colombienne a toujours été et reste un conflit interne. En fait, le seul élément «international» de l'accord serait l’accueil  que le gouvernement suisse ferait à celui-ci, sans avoir l’autorité ni la légitimité pour le faire, ni pour intervenir dans les questions relatives à l'abrogation ou la modification de la Constitution colombienne.

Les négociations à La Havane ne sont rien de plus qu'un moyen sournois de s’affranchir des institutions et des citoyens de Colombie pour imposer un accord qui est très impopulaire en Colombie.

La façon dont le gouvernement Santos entend intégrer l’ «accord spécial» dans la Constitution est illégale pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a seulement trois façons de modifier la Constitution. Le gouvernement a rejeté les deux premiers - un référendum et / ou une assemblée constituante - et a choisi la troisième: la ratification par le Congrès d'un acte législatif.  La Constitution colombienne a établi que tout amendement proposé doit être ratifié par huit débats distincts au Sénat et à la Chambre des représentants, en deux sessions législatives distinctes. La raison pour cela est évidemment démocratique: tout amendement à la Constitution exige un processus de réflexion et de discussion approfondie des représentants du peuple et dans un délai suffisant pour que soient écoutées les propositions  des différents segments de la société. Cependant, dans sa hâte de pousser les accords de La Havane dans un contexte de scepticisme et de rejet de la population face aux actions du gouvernement, celui-ci a proposé de modifier la Constitution dans un seul acte législatif. Par conséquent, cette démarche se moque du processus prévu par la Constitution et, pire, les sénateurs ne pourront même pas en débattre. Ce texte sera voté uniquement par un comité et par une session de la Chambre des représentants. En bref, cette procédure est illégale.

En outre, la modification comprend une clause « d’inaltérabilité » qui rendrait impossible de révoquer les accords de La Havane, même par un futur gouvernement --quelque chose que la Constitution de la Colombie interdit expressément en raison de la nature non démocratique d'une telle clause. Cette disposition vise à ce que les modifications futures de la Constitution soient en conformité avec les pactes de La Havane. En substance, ce document primerait sur la Constitution colombienne. Enfin, le plus effroyable est que tout ceci sera fait sans que personne ne sache ce que contiennent les accords  de La Havane, puisque les négociations ne sont pas terminées et les points où Santos et les FARC ont conclu un accord n'ont pas été publiés de façon exacte et complète. Seul un brouillon circule dans certains milieux.

 En bref, l'alliance faite par une poignée de négociateurs gouvernementaux et leurs homologues narco-terroristes cherche à abolir la Constitution de la Colombie, et le texte respectif est destiné à être approuvé par un comité et par un vote précipité à la Chambre des représentants, et sans qu’aucun des parlementaires ne puisse lire de document.

 Pour endormir la communauté internationale, le gouvernement Santos a promis d'organiser un plébiscite. Ceci est également une tromperie astucieuse. Il s’agit d’un plébiscite anormal: les Colombiens devraient répondre, selon lui,  par un oui ou par un non à une seule question. Répondre de cette façon –pour valider ou rejeter un document si complexe-- serait inapproprié.  Or, cette forme de plébiscite n’est pas autorisée par la Constitution: le gouvernement Santos prétend abaisser le seuil d’approbation à 13% quand la Constitution exige un taux d’approbation ou de rejet de 50%  plus un vote des suffrages exprimés. Et, comme si cela ne suffisait pas, le plébiscite serait organisé à la dernière minute: après que  la réforme de la Constitution ait été perpétrée.

 Les sondages d'opinion montrent de façon constante qu’entre 80 et 90% des Colombiens sont opposés aux principaux points de l'accord: l'impunité pour les responsables des atrocités commises par les FARC et l’éligibilité politique des terroristes des FARC, entre autres. Les enquêtes montrent que la cote de popularité du président Santos est en baisse constante et qu’elle est de seulement 13% aujourd'hui  --le taux le plus bas d'un président en Amérique latine. Avec l'opinion publique clairement opposée à ce qu’il a négocié jusqu'à présent, il n’est pas surprenant que le gouvernement Santos essaie de vendre sa négociation à l'étranger et d’abuser de la bonne foi du peuple suisse pour atteindre ses objectifs.

 Nous demandons respectueusement au Gouvernement suisse se ranger du côté du peuple colombien et du côté du respect de la Constitution de la Colombie et de ses institutions démocratiques. Nous vous prions de  suspendre toute aide à cette autocratie naissante et de ne pas aider à ériger un narco-État en Colombie. Nous vous demandons de ne pas appuyer ou participer à ce projet.

DEUTSCH

Sehr geehrte Damen und Herren,

Anfang dieses Monats hatte das Verhandlungsteam des kolumbianischen Präsidenten Juan Manuel Santos und die im Drogenhandel involvierte Terrorgruppe FARC zur Sicherstellung ihres seit vier Jahren verhandelten „Friedensabkommens“ angekündigt, dieses Abkommen in ein „Internationales humanitäres Spezialabkommen“ mit Zustimmung der Schweizer Regierung umzuwandeln.

Die Ausarbeitung der kolumbianischen Regierung ist verfassungswidrig und entspricht nicht den demokratischen Anforderungen, weshalb wir die Schweizer Regierung im Namen aller Unterzeichner auffordern, Ihre Beteiligung an dieser autokratischen und verfassungswidrigen Vertragsabwandlung zu suspendieren. Sie ist gleichzusetzen mit einem Angriff auf die Verfassung und dem Kongress Kolumbiens (Senat und Parlament) und vor allem ist sie ein Angriff gegen die kolumbianische Bevölkerung.

Es gibt keine Rechtsgrundlage, die Verhandlungen zwischen der souveränen Regierung Kolumbiens und einer lokalen Terrorgruppe in ein „Internationales humanitäres Spezialabkommen“ zu transformieren, vergleichbar mit der Genfer Konvention. Den Terrorkrieg, den die FARC gegen die kolumbianische Gesellschaft führte, war und wird immer ein interner Konflikt bleiben. Der einzige „internationale“ Aspekt wäre in der Tat, wenn die Schweizer Regierung diese Verfahrensweise anerkennt, wozu sie weder Befugnis noch Legitimität besitzt und es fehlt ihr zudem an Kompetenz sich an der Aufhebung oder Änderung der Verfassung Kolumbiens zu beteiligen.

Die Verhandlungen in Havanna sind nichts anderes als eine geschickte Art, das weitgehend unbeliebte Abkommen vorbei an den Institutionen und Bürgern Kolumbiens durchzusetzen.

Aus mehreren Gründen ist die Vorgehensweise der Regierung Santos zur Durchsetzung des „Internationales humanitäres Spezialabkommen“ verfassungswidrig:
Erstens gibt es nur drei Möglichkeiten die Verfassung zu ändern. Die ersten zwei Möglichkeiten, das Referendum und die konstituierende Versammlung hatte die Regierung abgelehnt. Es wurde sich für die dritte Möglichkeit entschieden, die Ratifizierung des Gesetzgebungsaktes durch den Kongress. Wie in der kolumbianischen Verfassung festgelegt, muss die vorgeschlagene Änderung in acht Einzeldebatten im Senat und im Repräsentantenhaus während zweier Legislaturperioden ratifiziert werden. Es ist offensichtlich, dass es sich hierbei um eine demokratische Verfahrensweise handelt.

Die Änderung der Verfassung bedarf eines Prozesses der Reflexion und einer gründliche Diskussion durch die gewählten Abgeordneten. Sie bedarf einer angemessenen Zeit, um die verschiedenen Eingaben aus den Bereichen der Gesellschaft zu verarbeiten.

Es wird nun eilig versucht, das Abkommen von Havanna in einer einzigen Legislaturperiode durchzusetzen, die bereits in ihre siebente Sitzung geht, obgleich Skepsis und Ablehnung in der Bevölkerung dagegen bestehen. Folglich bewegt sich diese Verfahrensweise außerhalb der Vorgaben der Verfassung, es dürfte nicht einmal zu einer Debatte der Senatoren kommen. Der Text des Abkommens wird nur von einem Ausschuss und von einer Sitzung des Repräsentantenhauses abgestimmt, womit er kurz gesagt verfassungswidrig ist.

Darüber hinaus beinhaltet der Pakt von Havanna eine „unwiderrufliche“ Klausel, die es zukünftigen Regierungen unmöglich macht, diese zu widerrufen. Das ist etwas, dass die Verfassung von Kolumbien ausdrücklich verbietet aufgrund des undemokratischen Charakters einer solchen Klausel. Außerdem verlang die Klausel, dass alle zukünftigen Verfassungsänderungen mit dem Pakt von Havanna konform gehen. Damit stünde dieses Dokument über der kolumbianischen Verfassung. Und letztlich weiß niemand, was die Vereinbarung von Havanna genau beinhaltet, denn die Verhandlungen wurden noch nicht beendet. Was bisher von der Regierung Santos und der FARC vereinbart wurde, wurde noch nicht vollständig veröffentlicht. In bestimmten Kreisen zirkuliert nur ein Entwurf.

Zusammengefasst handelt es sich um einen Pakt zwischen ein paar von der Regierung ernannten Verhandlungsführern und ihre Herren Kollegen Terroristen, die die Verfassung aushebeln wollen und vom Repräsentantenhaus erzwingen, über etwas in nur einer Sitzungsperiode abzustimmen, ohne dass diese überhaupt genau wissen, worüber sie dort im Detail abstimmen sollten.

Um die internationale Gemeinschaft zu beruhigen, hat die Regierung Santos zugesagt, ein Plebiszit zu organisieren. Es handelt sich hier eher um eine Täuschung, da es eine Art abnormes Plebiszit ist. Es kann nur mit Ja oder Nein auf eine Frage geantwortet werden, was für eine komplexe Vereinbarung wie diese unangemessen ist.

Darüber hinaus ist eine solche Abstimmung nicht durch die Verfassung erlaubt, da die Regierung Santos die Wahlbeteiligung von 50 Prozent plus eine Stimme, wie von der Verfassung gefordert, um 13 Prozent gesenkt hat. Und als ob das nicht genug wäre, würde das Plebiszit erst in der letzten Minute organisiert werden, nachdem die Verfassungsreform durchgesetzt wurde.

Meinungsumfragen zeigen beharrlich, das zwischen 80 und 90 Prozent der Kolumbianer gegen die wichtigsten, bisher bekannten Punkte der Vereinbarung sind: Straffreiheit der Verantwortlichen für die von der FARC begangenen Verbrechen und ihre Wählbarkeit in politische Ämter. Die Zustimmungswerte Präsident Santos in den Umfragen fallen konstant und betragen gegenwärtig gerade einmal 13 Prozent. Der niedrigste Wert in ganz Lateinamerika. Mit dieser entschiedenen öffentlichen Meinung gegen das bisher Verhandelte, verwundert es nicht, dass die Regierung Santos versucht, den Pakt im Ausland umzusetzen und damit das Vertrauen der Schweizer Bevölkerung zur Durchsetzung seiner Ziele auszunutzen.

Wir bitten daher die Schweizer Regierung mit allem gebotenen Respekt, sich auf die Seite des kolumbianischen Volkes, der kolumbianischen Verfassung und ihrer demokratischen Institutionen zu stellen.
Bitte stellen Sie jede Hilfe für diese aufstrebende Autokratie ein und helfen Sie nicht dabei, aus Kolumbien einen gescheiterten Drogenstaat zu machen, indem Sie dieses Projekt unterstützen oder an ihm mitwirken.

 



Hoy Lia necesita tu ayuda

Lia Fowler necesita tu ayuda con esta petición «Didier Burkhalter-Departamento de Relaciones Exteriores-Suiza: Gobierno de Suiza: No Ratifiquen los Acuerdos de La Habana entre Colombia y las FARC». Súmate a Lia y a las 11,547 personas que han firmado hoy.