Después de 25 años de vigencia de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos (desarrollada por el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo), el tiempo ha demostrado su nefasto resultado.

Para empezar, se originó sin un objetivo concreto, más bien para calmar precipitadamente una alarma social expuesta y basada en los medios de comunicación del momento.

En todo caso, justificó su necesidad en la seguridad de las personas, aun a pesar de que ya existían leyes que lo contemplaban (ej: art. 631 Código Penal, art. 1905 Código Civil)

Y la consecuencia fue un terrible agravio para las ocho razas de perros que pasaron a considerarse «potencialmente peligrosas». Una lista que, además, algunas CC.AA fueron ampliando.

Una ley que discrimina socialmente a estas razas y limita gravemente su comportamiento natural como perros, los somete a miedo y estrés, y en definitiva va radicalmente en contra de unos mínimos de bienestar animal.

La nueva ley estatal 7/2023, de 28 de marzo, de protección animal, aún mantiene varias incógnitas en su desarrollo, y arroja serias dudas sobre cómo abordará el tema de los considerados “perros potencialmente peligrosos”.

Y mientras tanto, estos perros siguen soportando una vida indigna. Debido a una ley irresponsable que los define como “peligrosos” para la sociedad. Los criminaliza injustificadamente y así los desprovee de la vigilancia social en su protección y defensa, convirtiéndolos en víctimas de la cría ilegal, de bandas clandestinas de peleas de perros, del maltrato y del abandono.

Y así se ha llegado a una situación insostenible a nivel estatal de perreras y protectoras masificadas de perros considerados ppp. Del 60 al 90% de los perros que acogen estos centros son de estas razas, y casi todos ellos acaban pasando toda su vida enjaulados. Definitivamente, el momento de actuar es ANTES, evitando llegar a esto.

Con todo ello, parece que el único objetivo de la #leyppp fue el ánimo recaudatorio, otro factor más que perjudica a estos perros y a sus tutores.

Pedimos RESPONSABILIDAD y LÓGICA por parte de los poderes públicos. Para empezar, pedimos que hagan por fin realidad la abolición de la #leyppp por su probada ineficacia e inutilidad.

Pedimos también que la nueva ley de bienestar animal no dé cabida a criterios discriminatorios hacia ningún perro según su raza.

Pedimos que, de una vez por todas, las administraciones asuman su responsabilidad y tomen medidas que protejan a estas razas, y no precisamente todo lo contrario.