ESPAÑOL

Alerta de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia: Venezuela desacata decisiones de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

                                                   

 

Octubre de 2011.

 

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, plataforma de impulso a la democracia y a los derechos humanos, integrada por más de 250 organizaciones de la Región, Miembro Oficial del Foro de Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA) y capítulo regional del Movimiento Mundial por la Democracia (WMD), alerta, con carácter de urgencia, sobre el reiterado desacato del Estado venezolano a las decisiones emanadas de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

Venezuela es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 33 atribuye a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la condición de órganos de protección de los derechos humanos. No obstante, las medidas cautelares adoptadas por la Comisión, diseñadas para evitar daños irreparables a las personas, no son acatadas por el Estado venezolano, del mismo modo que otras decisiones adoptadas por ella en el marco de procedimientos contenciosos. Asimismo, las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos de los jueces arbitrariamente destituidos de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, de la juez Chocrón, igualmente destituida, o de Francisco Usón, condenado a cinco años y seis meses de prisión por haber emitido una opinión en un programa de televisión, tampoco han sido acatadas. En el primero de los casos antes referidos, a través de distintos órganos del Poder Público, Venezuela manifestó su negativa a ejecutar esa sentencia; en los siguientes, simplemente ha ignorado lo decidido por la Corte, desacatando lo resuelto por ella. Recientemente, en el caso de Leopoldo López, la Corte Interamericana dictó una nueva sentencia respecto de Venezuela, rechazando que se pueda privar a una persona del ejercicio de sus derechos políticos mediante una resolución administrativa, sin que medie una sentencia de un tribunal competente; esta vez, mediante una sentencia de su Tribunal Supremo de Justicia, Venezuela ha reiterado su intención de no acatar lo resuelto por la Corte Interamericana. Demás está señalar que, de acuerdo con la propia Constitución de Venezuela, los tratados de derechos humanos ratificados por la República tienen rango constitucional, son de aplicación inmediata y directa por los poderes públicos (Art. 23), y las decisiones adoptadas por los órganos previstos en esos tratados deben ser escrupulosamente cumplidas (Art. 31). Queda claro que los derechos humanos no son lo que, en una especia de relativismo cultural, cada Estado decida que sean. Queda claro que los derechos humanos son valores universalmente aceptados, y que, como tales, ellos han sido recogidos en tratados internacionales que los Estados están obligados a respetar y garantizar. 

El respeto a los tratados internacionales es la base esencial de la convivencia civilizada entre las naciones, por lo que el principio “Pacta sunt servanda” ha llegado a ser reconocido como norma de ius cogens, e incluso como fundamento del Derecho Internacional. En el caso de los tratados de derechos humanos, los Estados que lo ratifican asumen obligaciones frente a los ciudadanos sujetos a su jurisdicción, comprometiéndose a respetar un conjunto de derechos básicos, que responden a valores universalmente reconocidos, y que son de la esencia de una sociedad democrática; pero, al mismo tiempo, los demás Estados partes se convierten en garantes de su cumplimiento. No se trata de meras declaraciones de buenos propósitos, desprovistas de consecuencias jurídicas, o de obligaciones morales cuyo cumplimiento queda a la conciencia de cada cual. Se trata de tratados internacionales que tienen que ser debidamente acatados y respetados, y que no dependen de la voluntad unilateral de un Estado.

 

El sistema interamericano tiene como su mayor logro el diseño de mecanismos de protección de los derechos humanos; en septiembre de 2001, la Carta Democrática Interamericana subrayó la relación que existe entre democracia y derechos humanos, haciendo notar que el respeto de estos últimos es un componente esencial de la democracia. Por consiguiente, en el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ésta forma parte del corazón mismo del sistema interamericano, y su debilitamiento no puede ser visto con indiferencia.

 

Los Estados americanos están en libertad de ratificar o no la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados sobre derechos humanos; asimismo, los Estados que ratifiquen la Convención están en libertad de aceptar o no la competencia obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, una vez que un Estado ha ratificado la Convención y ha aceptado la competencia obligatoria de la Corte, se compromete a cumplir las decisiones que ésta pueda dictar. No hay ninguna excusa para que un Estado parte en la Convención pueda desacatar una sentencia de la Corte Interamericana, socavando las bases mismas de la democracia y del sistema interamericano. Como garantes del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, los Estados partes en la Convención tienen el deber de velar por que las obligaciones derivadas de la Convención sean cabalmente cumplidas, y que las decisiones de sus órganos sean debidamente acatadas. No hacerlo equivaldría hacerse cómplice de graves violaciones de derechos humanos, así declaradas por la Corte, y desmantelar, de hecho, un sistema cuidadosamente diseñado. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, así como su Secretario General, no pueden guardar silencio ante el desacato a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de cualquier Estado. 

 

 

Por lo tanto, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia:

 

·         Exige el pleno respeto y acatamiento de las decisiones de la Comisión y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos;

·         Condena el desacato de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hecho que sienta un grave precedente para que otros Estados puedan seguir el mismo ejemplo;

·         Solicita una reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA, para que se examine el desacato público del Gobierno de Venezuela a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que se condene dicha conducta, impropia de un Estado respetuoso del Derecho Internacional, y para que se adopte las sanciones que considere convenientes;

·         Apela al artículo 18 de la Carta Democrática que faculta al Consejo Permanente y al Secretario General de la OEA a realizar gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación, cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que puedan afectar el proceso político institucional democrático, o el legítimo ejercicio del poder;

·         Insta a los diferentes gobiernos del continente a manifestarse en contra de cualquier hecho que debilite el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y, en particular, que desacate las sentencias dictadas por la Corte Interamericana;

·         Urge a las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación social, la comunidad académica, activistas y fuerzas vivas de la región, para que repudien la conducta del gobierno venezolano y exijan el respeto de los derechos humanos, en la forma dispuesta por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

RED LATINOAMERICANA Y  DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA.* 

 

*Los invitamos a firmar esta petición a través de: http://www.change.org/petitions/defensa-cidh-y-pacto-de-san-jos 

*Esta declaración ha sido aprobada por la Coordinación General de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia que representa a 260 organizaciones a nivel regional y cuenta además, con la ratificación expresa de las siguientes personas y organizaciones firmantes:

 

Personas que suscriben este comunicado a título individual

Ángel Eduardo Marín (Colombia)

Carlos E. Ponce (Venezuela)

Carlos E. Tinoco (Venezuela)

David Lovaton (Perú)

Daniel Márquez (Venezuela)

Diego Marcelo Sueiras (Argentina)

Donagee Sandoval (Venezuela)

Elisabeth Ungar Bleier (Colombia)

Enrique Arturo de Obarrio (Panamá)

Giovanni Ginatta (Ecuador)

Héctor Faundez (Venezuela)

Jacqueline Sandoval (Venezuela)

Jaime Vintimilla (Ecuador)

Javier Loaiza (Colombia)

Joel Brito (Cuba)

Julio Grooscors (Costa Rica)

Karem Holmquist Holmquist (Venezuela) 

Laura Alonso (Argentina)

Luis Francisco Cabezas (Venezuela)

María José Zamora (Nicaragua)

Marissa Krienert

Marta Gaba (Argentina)

Milos Alcalay (Venezuela)

Óscar Álvarez Araya (Costa Rica)

Pablo Innecken (Costa Rica)

Paula de Castellanos (Guatemala)

Rodrigo Diamanti (Venezuela)

Rosa Inés Ospina-Robledo (Colombia)

Ruth Hidalgo (Ecuador) 

Xavier Utset (Costa Rica)

 

Organizaciones:

 

Consorcio Desarrollo y Justicia A.C de Venezuela

Convite A.C de Venezuela

Corporación Participación Ciudadana de Ecuador

Fundación Libertad de Panamá.

Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA)

Fundación para el debido proceso A.C (FUNDEPRO) de Venezuela

Fundación para la Unión Democrática del Pacífico-Costa Rica.

Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba (GIRSCC)

Instituto de Defesa Legal (IDL)- Perú

Nueva Política.net

Rendir cuentas

Transparencia por Colombia

Un Mundo sin Mordaza

Unión Afirmativa Venezolana

 

NOTA: sólo se incluyen firmantes al momento inmediato de publicación de este documento. Se abre esta alerta a la incorporación de otras personalidades y organizaciones, en dicho caso indicarlo vía email a secretariado@redlatinoamerica.org

 

ENGLISH

 

 

In October 2011.

The Latin American and Caribbean Network for Democracy, a Network of Concerned Citizens of the Americas for promotion of democracy and human rights, comprising over 250 organizations in the Americas, an Official Member of the Civil Society Forum of the Organization of American States (OAS) and Regional Chapter of the World Movement for Democracy (WMD), have approved this ALERT, as a matter of urgency, regarding the repeated disregard of the Venezuelan State to the decisions of the Inter-American Commission of Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights.

Venezuela is a signatory of the American Convention on Human Rights which, in its Article 33,  accords the Commission and the Inter-American Court of Human Rights the status of organs of the Inter-American System for the promotion and protection of human rights. The Court has ruled, in its decision of September 1, 2011, that the Government of Venezuela could not deprive its citizens of their political rights without adhering to the rigorous requirements of due process of law. Thisprecautionary measureadopted by the Court, was designed to prevent irreparable harm to the people of Venezuela. It is essential that they be respected by the Government of Venezuela in the same manner as other decisions taken by it in regard to the cases brought before it. 

Furthermore the judgments of the Court of Human Rights have been disregarded in other cases such as the arbitrarily dismissal by the judges of Venezuela’s First Court of Administrative Litigation in which judge Chocrón was removed, or in the case of Francisco Uson who was sentenced to prison for five years and six months for having expressed an opinion in a television program. In the first case referred to above the Government of Venezuela, through various public bodies, expressed its refusal to execute that sentence, in the second case the Government simply ignored the decision of the Court, flouting its ruling. 

 

Recently, in the case of Leopoldo Lopez, the Court issued a new ruling that Venezuela, that can deprive citizens from exercising their political rights through administrative decisions without a due process  in a competent court, This decision was handed down by the Supreme Court of Venezuela, Accordingly, Venezuela has reiterated its intention not to abide by the decisions of the Inter-American Court. 

 

The Constitution of Venezuela requires that human rights treaties duly ratified by the Republic of Venezuela have constitutional status, are immediately and directly applied by public authorities (Art. 23), and the decisions of the Organs of those treaties must be strictly complied with (Art. 31). Human rights are not to be subjected to cultural relativism by which each State decides to implement them according to their own rules. Human rights are universally accepted values, and as such they have been included in international treaties that States are obliged to respect and guarantee.

 

Respect for international treaties is the essential foundation of civilized coexistence among nations. The principle "pacta sunt servanda" is recognized as jus cogens, as a foundation of international law. In the case of human rights treaties, ratifying States assume obligations to its citizens to respect a set of basic rights which correspond to universally recognized values. These are of the essence of a democratic society. At the same time the other States parties acssume a position as guarantors of compliance. Such Treaties are not mere declarations of good intentions, devoid of legal consequences or moral obligations whose fulfillment is the consciousness of each individual State. These international treaties have to be duly observed and respected by all ratifying nations and not dependent on the unilateral will of a State.

The American system has as its greatest achievement the design of mechanisms to protect human rights. In September 2001, the Inter-American Democratic Charter stressed the relationship between democracy and human rights, noting that respect for the latter is a component essence of democracy. Therefore, the American Convention on Human Rights is at the heart of the American system. Its weakening affects every citizen in every country and cannot be viewed with indifference.

 

The American States are free to ratify or not the American Convention on Human Rights and other treaties on human rights. States that ratify the Convention are free to accept or reject the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights. However, once a State has ratified the Convention and accepted the compulsory jurisdiction of the Court it undertakes a solemn obligation to carry out the decisions of these organs. There is no excuse for a State Party to the Convention to defy a ruling of the Court, undermining the foundations of democracy and the Inter-American system. As guarantors of the system for the protection of human rights, States Parties to the Convention have a duty to ensure that the obligations under the Convention are fully met, and that the decisions of its organs are properly followed. Failure to do so would make the complicit in serious human rights violations as declared by the Court. It would be tantamount to dismantling the carefully designed structure of human rights protections among the American States. The Permanent Council of the Organization of American States and its Secretary General, cannot remain silent before the contempt of the rulings of the Inter-American Court of Human Rights by any State.

Therefore, the Latin American and Caribbean Network for Democracy:

 

·         Requires full respect and compliance with the decisions of the Commission and the judgments of the Inter-American Court of Human Rights;

·         Condemns the contempt of the government of Venezuela of the rulings of the Court of Human Rights as a dangerous precedent for other States;

·         Requests an urgent meeting of the OAS Permanent Council for the consideration of public contempt charges against the Government of Venezuela for failure to comply with the judgments of the Court of Human Rights, to condemn such conduct unbecoming a State that respects international law, and for the adoption of sanctions it deems appropriate;

·         Appeals to Article 18 of the Democratic Charter, which empowers the Permanent Council and the Secretary General of the OAS to take steps in order to analyze the situation when a member state, situations arise that may affect the democratic political institutional process or the legitimate exercise of power;

·         Urges the governments of the Americas to protest against any act that undermines the Inter-American system of protection of human rights and, in particular, that refuses to obey the judgments of the Court;

·         Urges the organizations of civil society, media, academics, activists and forces of the region, to repudiate the Venezuelan government's conduct and to demand respect for human rights, in the manner provided by the American Convention on Human Rights.

LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN NETWORK FOR DEMOCRACY .*

* You are invited to sign this petition by: http://www.change.org/petitions/defensa-cidh-y-pacto-de-san-jos

* This statement has been approved by the General Coordination of Latin American and Caribbean Network for Democracy representing 260 organizations at the regional level and has also, with the express ratification of the following individuals and organizations signing