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La celebración en Cádiz de la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno da la oportunidad de presentar nuestras demandas y mostrar el descontento social a causa de los recortes y ataques al Estado de Derecho y su impacto diferencial sobre las mujeres.

Letter to
Jefaturas de Estado y de Gobierno de los países Iberoamericanos
MANIFIESTO FEMINISTA Y SOCIAL ANTE LA XXII CUMBRE IBEROAMERICANA EN CÁDIZ, 6 y 17 de noviembre de 2012


Ante la celebración en Cádiz de la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefaturas de Estado y de Gobierno, en el marco del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, que supuso un avance liberal al abolir el feudalismo y proclamar la soberanía popular, la división de poderes, el derecho a la educación y la libertad de expresión y permitir las Juntas latinoamericanas, precursoras de la independencia. Tomando nota que no se reconoció la ciudadanía a las mujeres y ninguna mujer participó en su elaboración.

Promovido por Plataforma WIDE-E (Women In Development Europe-España)
Red GGEA (Grupos de Género Estatal y Autonómicos)
Marea Violeta Málaga
Mail: Coordinacion.WIDE.E@gmail.com

Las organizaciones feministas y sociales del estado español, Portugal, América Latina y el Caribe, y las mujeres y hombres abajo firmantes DENUNCIAMOS:

● Las medidas adoptadas por numerosos Estados para hacer frente a la crisis global del sistema capitalista neoliberal, dirigidas a explotar los bienes comunes, privatizar los recursos públicos y medioambientales, y mercantilizar los derechos humanos. Como afirmó en la XXI Cumbre Iberoamericana su anfitrión, el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, depuesto por un Golpe de Estado el pasado junio, el actual modelo muestra la 'incapacidad para generar un crecimiento sano y un desarrollo inclusivo'.
● El incumplimiento, bajo el pretexto de la crisis financiera, de los Derechos Humanos universales, así como de los acuerdos y compromisos suscritos por los Estados, entre ellos los de las propias Cumbres Iberoamericanas anteriores, en especial los llamamientos al Buen Gobierno y a la defensa de los Estados como garantes de los derechos de la ciudadanía, incluyendo a los colectivos más vulnerables a la pobreza y la exclusión, y como redistribuidores de los recursos y promotores activos de la igualdad de oportunidades, la justicia y la cohesión social.
● La aplicación de políticas y medidas de ajuste que vacían, de facto, a los Estados excluyendo a la mayor parte de su ciudadanía –entre ella los y las más jóvenes- del acceso a condiciones de vida dignas, a la igualdad y a un futuro esperanzador.
● La priorización de 'los mercados' sobre las personas, y el 'secuestro' de las democracias que se traduce en ofensivas contra la soberanía popular, la socialización de las pérdidas del sector financiero, la desregulación y privatización de bienes públicos y el fomento de una economía especulativa.
● El incremento de la feminización del cuidado de la infancia y las personas mayores en situación de dependencia, a consecuencia de los recortes de los servicios públicos.
● La ofensiva neoconservadora y patriarcal sobre los roles familiares y los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho al aborto, atacando la igualdad y el derecho de las mujeres a decidir.

Por ello, DEMANDAMOS a los representantes de los Estados:

1. El reconocimiento de la participación democrática, los derechos humanos, la igualdad de género, la justicia y la diversidad, y el desarrollo económico equitativo como ejes que estructuran las políticas públicas.

2. La elaboración de políticas en pro del pleno empleo y el empleo decente, así como en el acceso universal a la educación, la salud y la protección social universal de calidad, como camino a la inclusión social y la equidad.

3. Estados democráticos, laicos, garantes de derechos, valedores del efectivo desarrollo de políticas públicas, libres de prejuicios e imposiciones religiosas, respetuosas con los derechos humanos, especialmente de las mujeres, minorías de toda condición, pueblos indígenas y migrantes.

4. El reconocimiento por parte de los Estados de la diversidad plurinacional, pluri-étnica e intercultural, así como afectivo-sexual, de género y diversidad funcional como centro del desarrollo, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos.

5. El respeto y garantía de los compromisos acordados con la igualdad, los derechos de las mujeres así como el fortalecimiento de los mecanismos gubernamentales de políticas para las mujeres. Todo ello acompañado de recursos suficientes para hacer efectivo el ejercicio de estos derechos, incluidos muy especialmente los derechos sexuales y reproductivos, el aborto legal y seguro, y el derecho a una vida libre de toda forma de violencia.

6. El fortalecimiento de la Sociedad Civil Organizada y de los movimientos sociales, en toda su diversidad, como actores políticos y sociales garantes del Buen Gobierno y las democracias, y la no criminalización de los movimientos sociales críticos.

7. La rendición de cuentas públicas y el fortalecimiento de espacios y mecanismos para la participación sustantiva de la sociedad civil y los pueblos en los procesos políticos.

8. Aplicar políticas conducentes al desarrollo económico inclusivo y sostenible que den respuesta a los problemas reales de la ciudadanía dirigidas a reducir la pobreza, favorecer la igualdad de oportunidades y estimular la creación de empleo decente.

9. Propiciar la igualdad de condiciones y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y económico, propiciando la autonomía económica de las mujeres con políticas adecuadas que eliminen las brechas de desigualdad, y garantizando la representación equilibrada en todos los ámbitos de decisión.

10. Consolidar un modelo de desarrollo productivo sustentable, que garantice la vivienda digna, el acceso a la tierra y promueva la soberanía alimentaria.

11. Los Estados deben apoyar el trabajo decente con calidad, con protección social universal y con sistemas contributivos progresivos que garanticen la distribución de la riqueza y la sustentabilidad de una sociedad justa.

12. Promover medidas que incrementen las oportunidades laborales y de desarrollo personal para la juventud, mujeres, migrantes, colectivos marginalizados y precarios entre otros.

13. El fin de la impunidad de la concentración injusta e indecente de recursos, que produce acumulación de pobreza y desigualdad, ya sea al interior de los países o entre éstos.


Las organizaciones sociales y feministas iberoamericanas NOS COMPROMETEMOS, por nuestra parte, a:

A. Defender las democracias realmente inclusivas, participativas, equitativas y justas.

B. Continuar con nuestra labor de seguimiento de la aplicación y respeto de los compromisos políticos y legales acordados, exigiendo su cumplimiento.

C. Seguir transformando las prácticas hegemónicas y excluyentes que privilegian el consumo en detrimento de la ciudadanía, poniendo en valor otros modos respetuosos con la tierra, la gestión sostenible de los recursos medioambientales y humanos, los usos equitativos del tiempo y los cuidados, y la absoluta soberanía de las mujeres para tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas desde una idea radical de igualdad.

D. A consolidar y tejer nuevas alianzas basadas en el diálogo transparente y respetuoso entre entidades y colectivos de ambas orillas desde el reconocimiento de la diversidad y la labor de los pueblos del continente latinoamericano en la resistencia contra las políticas de ajuste del modelo neoliberal.

Porque creemos que, efectivamente, el cambio es necesario y pasa por superar el modelo neoliberal basado en la explotación de los recursos medioambientales y humanos, en la precarización y mercantilización de la vida social, el crecimiento ilimitado de la especulación y la inmunidad de un pequeño grupo de intereses oculto bajo el paraguas de los mercados.

Este cambio debe dirigirse hacia modelos más participativos, equitativos, justos, inclusivos y sustentables que reconozcan y valoren el trabajo reproductivo y de cuidados, y donde mujeres y hombres se encuentren en el centro de las políticas públicas y las necesidades de Cuidado y Buen Vivir definan las prioridades del gasto público y el desarrollo económico y tecnológico de los países.