Casos como el de Javier Ordóñez han dejado en evidencia la completa ausencia de protocolos claros, estrictos y verificables por parte de los miembros de la Policía Nacional de Colombia para el uso de armas taser (de conducción eléctrica) - mal llamadas “armas no letales”.

Este tipo de armamento afecta de forma directa los derechos fundamentales de los ciudadanos, aún más si se usan de forma indiscriminada sin un entrenamiento profundo e intensivo enfocado en derechos humanos, como ocurre actualmente por parte de la fuerza pública.

Por eso, como abogados y ciudadanos le pedimos al Consejo de Estado que declare la nulidad de los actos administrativos generales que permiten a los miembros de la Policía Nacional usar los tasers de forma discrecional conforme a las recomendaciones del Comité Contra la Tortura (CAT) de la ONU.

Con esto, el Congreso de la República será el encargado de regular el uso legítimo de los tasers para la Policía Nacional, bajo estrictos protocolos y procesos de vigilancia que permitirán garantías para la honra de los derechos de todos los ciudadanos.

FIRMA y COMPARTE esta petición para ayudarnos a exigir que #RegulenLosTasersYa. No podemos permitir que las armas de la Policía se conviertan en instrumentos de tortura.

Estas son algunas consideraciones que como juristas creemos que debe incluir la regulación de los tasers:  

1. El policía que use armas tipo taser se le debe exigir entrenamiento especializado, además del referente al conocimiento  técnico en el uso del arma,  un curso -con certificación de calidad o de alto reconocimiento nacional o internacional- en derechos humanos, y sus respectivas actualizaciones.
2. La autorización del uso de esta arma con fines disuasivos tan solo cuando la vida del policía o un tercero estén en inminente y grave peligro, que no puede ser contrarrestado de otra forma.
3. La obligación de aparejar el uso del dispositivo electrónico a una cámara corporal del policía que la usa, para que siempre quede registrado cualquier procedimiento en el que sea utilizada el arma, además de la obligación de conservar en cadena de custodia la grabación y ponerla a disposición de las autoridades y de las personas sobre las cuales se aplicó el dispositivo.
4. La prohibición de utilizar más de una vez choques eléctricos de cualquiera de estos dispositivos, sobre la misma persona en un mismo procedimiento.
5. Imponer la obligación en cabeza de las instituciones del Ministerio Público de llevar registros del número de armas, miembros de la policía habilitados para usarla, datos de los procedimientos realizados con indicación de la personas sobre las cuales se utilizó este tipo de armas, control y vigilancia de los cursos técnicos y de derechos humanos impartidos.
6. Evaluaciones anuales que deberán ser puestas en conocimiento de la opinión pública y del Congreso de la República.

El objetivo no es dejar indefensa a la Policía Nacional. Por el contrario, lo que promovemos es una regulación que le permita a la Policía hacer un uso adecuado y reglamentado de sus “armas no letales” para que no pongan en peligro la vida de los ciudadanos o vulneren sus derechos.