Investigar en Castilla y León es indignarse

Recientemente la Junta de Castilla y León ha resuelto el último Programa de Apoyo a la Investigación. Tanto los términos en los que se convocó[1] el programa de apoyo como los resultados de la resolución son alarmantes y por ello un buen número de científicos responsables de la investigación deseamos manifestar nuestra preocupación por el futuro de la investigación en la comunidad de Castilla y León.

Después de 8 meses de tardanza y de evaluaciones muy discutibles, se han excluido el 80% de los 363 proyectos presentados, entre ellos 149 proyectos para los que se da como razón de su denegación que no existe crédito adecuado y suficiente. Se suman a estos otros 137 alegando principalmente que los proyectos no han alcanzado determinadas puntuaciones en algunos de los criterios evaluables y otros 7 denegados por  razones varias.

Con esta resolución, en la que se ha aprobado subvencionar menos de un 20% de los proyectos solicitados, numerosos campos de investigación quedan totalmente desprotegidos por nuestras autoridades regionales. Proyectos no sólo de campos humanísticos y que favorecen el desarrollo de una mentalidad crítica en la sociedad castellano-leonesa, sino también de otras ramas del saber vitales para la salud y el bienestar de los ciudadanos, como la medicina, la biología y la química, entre otros, han quedado fuera de toda posibilidad de continuar con sus investigaciones por falta de medios.

En esta convocatoria, la Junta de Castilla y León ha destinado 1,88 millones de euros para los proyectos de investigación. Si comparamos esta cifra con las de otras partidas presupuestarias, podemos hacernos una idea del interés de la Junta por el desarrollo de la investigación científica en las Universidades de la Comunidad. Esta idea puede quedar más definida si la comparamos con otros ejemplos del empleo de nuestros impuestos, como la construcción de la Ciudad del Medio Ambiente en Garray (Soria) por 52 millones de euros. Es cierto que eran otras épocas cuando se planificó y ejecuto esa obra, pero ni siquiera en tiempos de abundancia la Junta destinó cantidades significativamente más altas que las de este año a la investigación en las Universidades.

La Junta debería siempre tener en mente que el artículo 1 de la Ley Orgánica de Universidades establece que una función de la Universidad es la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura, y que el artículo 40, dice que la investigación es un derecho y deber del profesorado universitario. Malamente puede un profesor universitario investigar sin disponer de fondos para ello y malamente puede un profesor enseñar si los conocimientos que transmite a sus alumnos solo se basan en lo que ha leído en libros de texto. La apuesta por la investigación no es un capricho que se puede apoyar o no con el dinero de todos de forma insuficiente y/o intermitente. La respuesta de la Consejería de Educación de este 2014, y también de años anteriores, no hace sino acelerar lo que es ya una ‘muerte anunciada’ de buena parte de la investigación en Castilla y León desde 2008. La Junta debería hacer un esfuerzo para explicar a los investigadores su  política de investigación, porque su actuación por el momento sólo crea desaliento, indignación y abandonos.

Nuestra petición, Sr. Consejero de Educación de la Junta de Castilla y  León, es que se debe replantear la política de investigación de esta comunidad, de forma que la Universidad pueda mantener la investigación a todos los niveles y, con ello, cumplir con la misión que la sociedad le ha encomendado.

[1] Orden EDU/122/2014. BOCYL 5/03/2014.