Por el derecho de las mujeres a vivir sin violencia en Chihuahua

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Movimiento Estatal de Mujeres en Chihuahua lanzó esta petición dirigida para Congreso del Estado de Chihuahua y

El Movimiento Estatal de Mujeres envió una contrapropuesta al diputado Miguel Francisco Latorre Saen, presidente de la Comisión Primera de Gobernación del Congreso del Estado de Chihuahua, sobre la reforma que pretende hacer la gobernadora electa María Eugenia Campos Galván en su iniciativa “Reingeniería de la Administración Pública del Estado de Chihuahua” a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM).

La contrapropuesta del Movimiento incluye las dos reformas que contempla la iniciativa: El cambio de nombre de la FEM y la incorporación de los Centros de Justicia para las Mujeres.

Sobre la pretensión de agregar el concepto “y Atención a la Familia” al nombre de la FEM, el Movimiento Estatal de Mujeres no está de acuerdo y solicita a la Comisión Primera de Gobernación del Congreso del Estado de Chihuahua que no incluya esa reforma en el dictamen que elaborará de la iniciativa.

El Movimiento recuerda que existe una obligación adquirida por México en el ámbito internacional para enfocar esfuerzos especializados y específicos para la atención de la violencia contra las mujeres por razón de género. Esto, a partir de la suscripción de tratados internacionales de derechos humanos como son la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem Do Pará).

El estado de Chihuahua en particular y México en general, ha recibido múltiples requerimientos y recomendaciones de organismos públicos de derechos humanos que promueven el fortalecimiento de las acciones y competencias de Fiscalías Especializadas para la Atención de la Violencia contra las Mujeres por Razones de Género, como la vía para incluir la perspectiva de género en la procuración de justicia y como mecanismo para la construcción de instancias encargadas de garantizar los derechos humanos de las mujeres, argumenta el Movimiento.

Menciona que fue a partir de un acuerdo derivado del “caso de Paloma Angélica Escobar Ledezma y otros Vs. México”, conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que surge en Chihuahua la primera Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos por Razón de Género en el país para responder de forma adecuada, pertinente y con mayor eficacia para el acceso a la justicia de las niñas y mujeres.

En todo el país se han venido creando Fiscalías Especializadas para la Atención de la violencia contra las mujeres como un reconocimiento de que la erradicación de las violencias contra las mujeres, tanto en el ámbito privado como en el público, es una obligación del Estado, resalta el Movimiento.

Explica que el objetivo es lograr, entre otras cosas, una atención especializada a las mujeres y una investigación diligente de los casos, para que la mujer no sufra al acudir a los ámbitos de procuración de justicia un nuevo maltrato, al ser sometida a procedimientos lentos y agobiantes en los cuales se exige demostrar el maltrato, además de que se le coloca como responsable del mismo.

Ampliar el enfoque de la Fiscalía a la “Atención a la Familia” implicaría un enorme retroceso, en tanto que diluye su especialidad y desvía los esfuerzos específicos para el combate a la violencia contra las mujeres por razón de género, lo que se aparta de las obligaciones internacionales del Estado y representa además un desconocimiento de la lucha histórica de las mujeres en Chihuahua para hacer visible las condiciones de discriminación que encuentran su máxima expresión en que sean asesinadas por el sólo hecho de ser mujeres, advierte el Movimiento.

Sobre la incorporación de los Centros de Justicia a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, el Movimiento tampoco está de acuerdo y también pide a la Comisión Primera de Gobernación del Congreso del Estado de Chihuahua que no incluya esta reforma en su dictamen.

En contraparte, el Movimiento Estatal de Mujeres solicita al Congreso del Estado aprobar la iniciativa que tiene desde hace meses para que los Centros de Justicia para las Mujeres de Chihuahua se constituyan como un órgano descentralizado de la Fiscalía General del Estado que cuenta con el nivel de Secretaría, esto de conformidad a la política nacional, para otorgarle autonomía presupuestaria y de gestión, así como de personalidad jurídica propia.

El Movimiento recuerda que los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM’s) son una política pública que hoy se reconoce como de prioridad nacional por el Centro Nacional de Prevención y Participación Ciudadana del Delito del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, encaminada a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

En ese sentido, indica el Movimiento Estatal de Mujeres, la tendencia en todo el país es el fortalecimiento de su institucionalidad tal como lo demanda el contexto actual, por lo que se reconoce la necesidad de otorgarle a estos Centros mayor capacidad de gestión, a través de dotarles de una autonomía técnica, administrativa, independencia presupuestaria y con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir conformándose como órganos descentralizados de las Fiscalías de las entidades federativas, administración pública, cuyo objeto es coadyuvar y vincular bajo una política integral, multisectorial e interinstitucional, la prevención y atención de mujeres víctimas de violencia, o de violación de derechos humanos, así como de sus hijas e hijos.

Estos Centros deben prestar servicios multidisciplinarios en el mismo lugar y ejecutar acciones, con la finalidad de promover y garantizar su acceso a la justicia, el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su incorporación a la vida productiva, social, cultural y política en la sociedad, hace ver el Movimiento.

Y advierte: Mantener a los Centros de Justicia como unidades administrativas implica una dependencia respecto de su administración, organización, y funcionamiento que incluyen los procedimientos y criterios para la distribución de facultades y recursos, que se sujeta al arbitrio de la dependencia a la que pertenezca, incluso respecto a sus reglas de operación.

Existen opiniones concretas sobre los Centros de Justicia d Chihuahua para que se descentralicen y dejen de ser una unidad administrativa, con la finalidad de concentrar, bajo un mismo techo, servicios interinstitucionales y especializados para facilitar el acceso a la justicia y brindar atención integral con perspectiva de género a las mujeres que han sido víctimas de los delitos relacionados con la violencia de género, en coordinación con instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, indica el Movimiento Estatal de Mujeres.

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