Los usuarios legales de armas tenemos un permiso de porte adquirido conforme a la ley llenando una serie de requisitos, y por esta razón apelamos a los principios de la de la buena fe para eliminar la prohibición presidencial al porte de Armas.

La imposición de requisitos para adquisición de armas de fuego está establecida por la ley, y los usuarios legales de armas, cumplimos a cabalidad con una serie de filtros rigurosos.

Es claro que los delincuentes son alentados al atacar a una víctima desarmada porque saben que no corren riesgo, la lógica indica que a medida que haya menos ciudadanos armados, disminuye el peligro para los delincuentes. La restricción al porte ha demostrado que no solo no se disminuyen las tasas de homicidio, sino que también se aumentan las tasas de otros delitos.

Al reducir el porte de armas, el ciudadano queda en inmediata desventaja ante el delincuente, porque no solo no se permite ejercer todas las posibilidades de la auto legítima defensa, sino que también se elimina toda posibilidad de ejercer el derecho de la legítima defensa a terceros, y de paso se incurre de manera obligatorio en el delito de omisión de deber de socorro.

Está demostrado estadísticamente cerca del 98% de los homicidios ocurridos con armas de fuego en Colombia, se realizan con armas ilegales, y no tiene sentido pensar que las cifras va a bajar a costa de las armas que están en manos de los ciudadanos que cumplen las leyes.