Victoria

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LA ORDENANZA DE TARIFAS ASEO URBANO MCPIO. BARUTA

¡Esta petición logró su objetivo con el apoyo de 439 personas!


Concejo Municipal de Baruta

 Atención: Concejal Armando Machado Presidente

 Referencia: CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL PROYECTO DE ORDENANZA DE REFORMA PARCIAL DE LA ORDENANZA DE TARIFAS (TASAS) CORRESPONDIENTES AL ASEO URBANO Y DOMICILIARIO DEL MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
 

Leídos los argumentos para introducir el proyecto de Reforma Parcial de la Ordenanza de la referencia y de acuerdo al mandato establecido en el artículo 266 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, los abajo firmantes, todos pertenecientes a organizaciones vecinales que hacen vida en el Municipio Baruta, solicitamos sean tomadas en cuenta nuestras observaciones, como sigue: 

 DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.      Autonomía y Competencias Municipales
 

El proyecto explica en detalle, primero, la autonomía municipal para elegir sus autoridades y gestionar las materias de su competencia, y segundo, los deberes y atribuciones del Concejo Municipal, específicamente para ejercer la potestad normativa tributaria de la gestión del servicio de aseo urbano y domiciliario.

 Efectivamente el Municipio Baruta posee la autonomía para establecer las tarifas y tasas correspondientes a la prestación de los servicios públicos, dentro de las materias de su competencia, pero debe hacerlo apegado a lo establecido en el Artículo 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que claramente establece “el sistema tributario procurará la justa distribución de de las cargas públicas, según la capacidad económica del contribuyente atendiendo al principio de progresividad (…)” y además, adecuarse a lo establecido en el articulado del Código Orgánico Tributario. Es así como la legislación venezolana vigente contempla restricciones indirectas a la potestad tributaria municipal cuando establece la supremacía de los Principios Constitucionales, tales como la legalidad, la equidad, la progresividad, la no confiscatoriedad, entre otros, para la defensa de los contribuyentes y específicamente en lo relativo al establecimiento de tasas, el Artículo 164 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal indica que, “la recaudación estimada por concepto de tasas guardará proporción con el costo del servicio (…)”.

 Para sustentar la reforma, la exposición de motivos se asienta en el Artículo 9°, Numeral 4 y en el 78° de la Ley de Gestión Integral de la Basura expresando  “corresponde al ejecutivo municipal garantizar que las tarifas que deben ser pagadas por los usuarios para la prestación de los servicios de aseo urbano y domiciliario sean establecidas en función de los costos operativos reales y sean suficientes para la eficiente prestación de dichos servicios, debiendo ser creados sistemas tarifarios que incluyan fórmulas y/o procedimientos adecuados de actualización periódica.” No hay duda de la competencia del Poder Ejecutivo Municipal para establecer las tarifas, tasas o cualquier otra prestación por los servicios, pero la actualización mencionada en esos artículos de la Ley, no es periódica sino ANUAL, pudiendo entenderse que, a discrecionalidad del  ejecutivo y en aras de mantener la operatividad del servicio, pudiesen establecerse lapsos menores; donde no hay discrecionalidad alguna es cuando establece inequívocamente que “será en función de los costos reales para cada tipo de servicio, atendiendo al principio de equidad” (Art. 78, LGIB).

 Haciendo referencia a los costos reales observamos con preocupación cómo, desde la renovación del contrato de concesión de Fospuca, el Municipio ha impulsado y permitido el aumento de tarifas por la “prestación potencial” del servicio y no por la “prestación efectiva”, situación ésta que queda de manifiesto cuando la concesionaria oferta rutas diarias e interdiarias que incumple constantemente, las cuales fueron evaluadas por los vecinos en su rol de contralores establecido en la ley pero que la administración municipal no tomó en cuenta para obtener un “costo operativo real” con el cual pudo haber impulsado un cronograma de recolección efectivo y con costos apegados al mismo. Es importante recordar que el Municipio carece de legitimidad para exigir la contraprestación de un servicio que no provee, al menos conforme a lo establecido en el proyecto de rutas del plan municipal (Art. 49ª LGIB). Lo anterior no significa que se solicita una equivalencia matemática entre el costo del servicio y la tasa establecida pero sí que exista una relación justa y razonable entre ambos parámetros.

 Si analizamos el Principio de Equidad y Proporcionalidad establecido en varios artículos de la norma, se entiende que queda de manifiesto al categorizar el régimen para el pago de tarifas en residencial y especial incluyendo las subcategorías establecidas en cada una de ellas, sin entrar en el detalle de que las mismas carecen de vigencia en la realidad actual. Sin embargo, en el mes de febrero de 2018, el Municipio aprobó un aumento para la categoría de usuarios especiales, violentando los derechos de este grupo además del principio de razonabilidad, al permitir que un grupo de contribuyentes fueran cargados con la manutención del servicio del total de la colectividad, cuando la corresponsabilidad está establecida en la ley. Resulta incomprensible pretender otorgar un subsidio a determinados contribuyentes que se sustente por el pago sus pares y no por la propia administración.

 En este punto valdría la pena analizar también si el Municipio cumple con el Principio de No Confiscatoriedad, evaluando individualmente la capacidad contributiva de cada usuario especial. Esta no puede ser una labor difícil ya que es este organismo quien otorga las licencias para actividades económicas y tiene la información a su alcance. 

 2.       Razones para el Aumento
 Establece el proyecto de reforma que, “en la actualidad el costo de los servicios públicos y el referido a la recolección de los desechos sólidos se ha desfasado, resultando insuficiente los aumentos aprobados por la Cámara Municipal (…)” y por otra parte que “en forma indubitable afecta la situación económica financiera de hiperinflación, consecuencia de la política impuesta por el Gobierno Nacional, de más de un millón por ciento”.

 Ciertamente, el director del departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, en su actualización de las perspectivas económicas regionales indicó que “Estamos proyectando un aumento de la inflación de 1.000.000 por ciento para finales de 2018 para indicar que la situación en Venezuela es similar a la de Alemania en 1923 o la de Zimbabue a fines de 2000" pero también reconoció que “para una economía como la venezolana es muy difícil proyectar qué va a pasar entre hoy y diciembre" (Diario Las Américas, 23 de Julio de 2018). Siendo la anterior una perspectiva no puede ser prudente utilizar este argumento para justificar el aumento del servicio.

 De la difícil situación por la que atraviesa el país nadie está exento, cada vez resulta más difícil acceder a los servicios básicos y a la canasta alimentaria, por ello podríamos inferir que la cantidad  y  características  de  los residuos  y  desechos  sólidos  por  individuo  se ha reducido drásticamente. Es decir, en este momento se hace indispensable evaluar éste indicador y generar planes adecuados a la nueva realidad-país existente, que con seguridad tendrán un impacto importante en el cálculo de los costos operativos.

 3.      Periodicidad del Aumento
 Por último establece que, “En consecuencia, proponemos como una alternativa para generar recursos económicos, la modificación del Artículo 19 de la Ordenanza de Tarifas (Tasas) correspondiente al Aseo Urbano del Municipio Baruta vigente, en cuanto a la periodicidad del incremento de las tarifas en una forma mensual, a partir del mes de Agosto de 2018.”

 Estamos de acuerdo con que la revisión semestral de la tarifa es inviable, dada la variación de precios producto de la inflación pero la revisión  mensual debe hacerse tomando en cuenta todos los parámetros de la gestión de desechos sólidos no sólo la arista referida a los precios. Insistimos en la revisión del clasificador de actividades y en la modificación de las rutas y su frecuencia, así como también en que el ajuste, en el momento que ser necesario lo cual en si no significa una periodicidad específica, “se haga presentando la documentación legal, económica y financiera que soporte la estructura real del costo de los servicios para el momento de la actualización tarifaria, debidamente avalada por profesionales colegiados en la materia que se trate” (Parágrafo Tercero de la Ordenanza Vigente).

4.      Conclusiones Finales
 

a.      El proyecto de reforma de Ordenanza no cumple con lo establecido en el Art. 317 de la Constitución. No se respetan sus postulados y se estructuran los aumentos sobre metas de cobro por el servicio que sólo persiguen alcanzar un objetivo recaudatorio al margen de la situación económica de los  contribuyentes y que, lejos de mejorar el servicio, empobrece a los ciudadanos y anula sus posibilidades de continuar operando en el municipio.

 b.      La discrecionalidad empleada para el cálculo de las tarifas es arbitraria, no guarda ninguna racionalidad intrínseca ni coherencia con la situación del país. Tampoco garantiza, como pretende hacernos ver, la operatividad del servicio para cumplir con el fin público que se persigue. Es menester buscar medidas menos lesivas para los usuarios.

 c.      No se debe olvidar que las normas requieren para su validez, no sólo ser promulgados por órganos competentes y procedimientos debidos sino también debe ser capaz de pasar por la revisión de fondo por su concordancia con las normas, principios y valores supremos de la Constitución.



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