La Comunidad de Madrid ha iniciado una campaña de envío masivo de cartas a inquilinos para reclamar un tributo bastante desconocido, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales al alquiler. Se está solicitando a los inquilinos que viven de alquiler dentro de la Comunidad de Madrid y está recogido dentro de un impuesto que grava las transmisiones patrimoniales, a pesar de que en este caso no se está realizando transmisión alguna.

Este tributo nace del Real Decreto Ley de 1993 que aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. El texto señala que los arrendamientos son transmisiones patrimoniales, y por tanto hay que pagar un impuesto por ellos.

El problema es que se trata de un impuesto discriminatorio, que se está solicitando sólo a parte de los inquilinos debido a la imposibilidad de disponer de esta información al completo por parte de la Comunidad de Madrid. Al margen de que un impuesto al alquiler que grave a los inquilinos resulte casi un oxímoron por la crueldad de su naturaleza, la mera "selección" de entre los sujetos susceptibles para solicitar este impuesto en función de si consta o no en su base de datos (probablemente por haber solicitado algún tipo de ayuda al alquiler en el pasado, para más inri) es ilegal y una prueba más de que la justicia no es igual para todos.

Solicitamos que se suprima este impuesto o, en el peor de los casos, que la Comunidad de Madrid haga su trabajo para que, en caso de solicitarse, se solicite a todos los sujetos susceptibles de gravamen, y no sólo a unos pocos escogidos.