Las familias de EDAU queremos expresar públicamente nuestra profunda preocupación y malestar por la situación que venimos sufriendo desde hace años en los procesos de escolarización del alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en Andalucía.

Un año más, hemos asistido a la denegación de recursos especializados imprescindibles para atender adecuadamente a nuestros hijos e hijas. Entre ellas, la negativa a autorizar una nueva aula concertada para un centro que lleva años demostrando una demanda creciente y una atención especializada de calidad. Una decisión que, según los argumentos trasladados por la Administración, responde principalmente a criterios de disponibilidad presupuestaria y no a las necesidades reales del alumnado.

Pero este problema va mucho más allá de una sola aula.

Durante años, numerosas familias hemos comprobado cómo se dificulta sistemáticamente el acceso a la modalidad D, la modalidad educativa específica diseñada precisamente para aquellos alumnos que requieren apoyos intensivos y especializados. Lejos de promover una valoración individualizada de cada caso, muchas familias percibimos que las propuestas hacia recursos especializados son rechazadas de manera casi automática, incluso cuando existen informes profesionales sanitarios que las respaldan.

A ello se suma la sensación de exclusión que sufrimos las familias durante el proceso de toma de decisiones. Aunque somos quienes convivimos las veinticuatro horas con nuestros hijos, quienes conocemos sus necesidades reales y quienes afrontamos las consecuencias de cada decisión educativa, nuestra participación efectiva sigue siendo limitada y, en demasiadas ocasiones, nuestras opiniones quedan relegadas a un segundo plano.

Nos preocupa especialmente la existencia de planteamientos rígidos e inflexibles que identifican la inclusión exclusivamente con la escolarización en centros ordinarios, ignorando que la verdadera inclusión consiste en proporcionar a cada alumno la respuesta educativa que necesita para desarrollarse, aprender y participar con éxito.

La inclusión no puede convertirse en un eslogan. No puede imponerse desde despachos alejados de la realidad de nuestros hijos. No puede utilizarse para justificar decisiones que privan a muchos menores de los apoyos especializados que necesitan.

Resulta difícil entender cómo, año tras año, se repiten las mismas situaciones sin que se adopten soluciones estructurales. Familias que deben recurrir, reclamar y luchar constantemente para acceder a recursos reconocidos por la propia normativa educativa. Profesionales que alertan de necesidades específicas que no siempre son atendidas. Menores que quedan atrapados en procedimientos administrativos mientras el tiempo sigue pasando.

Por eso queremos dirigir también nuestra mirada hacia la Administración educativa. No basta con afirmar que se apuesta por la inclusión. Es necesario escuchar a las familias, respetar la normativa sin interpretaciones restrictivas, garantizar una verdadera libertad de elección educativa y asumir la responsabilidad de corregir un sistema que lleva demasiado tiempo generando los mismos conflictos.

Nuestros hijos e hijas no son números. No son estadísticas. No son expedientes.

Son personas con necesidades reales, con derechos reconocidos y con un futuro que no puede depender de decisiones alejadas de su realidad cotidiana.

Seguiremos defendiendo una educación basada en las necesidades individuales de cada alumno, en la evidencia profesional y en el respeto a las familias.

Porque cuando termina la jornada laboral de la Administración, la realidad del autismo sigue presente en nuestras casas, en nuestras vidas y en el futuro de nuestros hijos.