COMUNICADO PÚBLICO

El Colectivo Migración y Derechos Humanos, junto a las organizaciones y personas firmantes, expresamos nuestra profunda preocupación y advertimos a las autoridades sobre las graves repercusiones que podría tener la marcha programada para el 30 de marzo de 2025 por la denominada "Antigua Orden Dominicana" en la comunidad de El Hoyo de Friusa, en Bávaro, Higüey. 

Es responsabilidad del Gobierno del presidente Luis Abinader de cualquier situación que ocurra como consecuencia de los llamados incendiarios que invitan a llevar armas a la manifestación, en caso de que no sea impedida.

En esta zona residen trabajadores haitianos y sus familias, quienes desempeñan un papel fundamental en la construcción de hoteles y provisión de servicios en una de las áreas turísticas más importantes del país.

No es la primera vez que la "Antigua Orden Dominicana" organiza manifestaciones contra la población haitiana en República Dominicana. Sin embargo, en esta ocasión, la convocatoria va más allá de la discriminación: se incita a los asistentes a acudir armados y se promueve abiertamente la violencia, incluyendo llamados explícitos al asesinato de migrantes. Además, el hecho de dirigir la marcha hacia una comunidad específica de ciudadanos haitianos en la principal zona turística del Caribe agrava aún más la amenaza.

A lo largo de sus marchas y discursos, la "Antigua Orden Dominicana" ha difundido un mensaje de odio racial y xenófobo, promoviendo la discriminación y el rechazo hacia la población trabajadora haitiana. A pesar de enarbolar la bandera dominicana, sus acciones no pueden considerarse ni pacíficas ni patrióticas, y deberían ser prohibidas por las autoridades nacionales. Este tipo de convocatorias incitan al odio, refuerzan la exclusión y representan una amenaza directa a la paz social y política del país.

Este ataque se dirige especialmente contra una población migrante que, lejos de ser una carga, aporta más del 7% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, según estudios de 2018, desempeñándose en sectores esenciales como la agricultura, la construcción, el turismo o el servicio doméstico.

⚠️ Consecuencias y legislación sobre el Discurso de Odio

Permitir y no condenar estas expresiones de odio tiene consecuencias devastadoras, como ya lo ha demostrado la historia reciente del país: linchamientos, incendios de viviendas, expulsiones forzadas e incluso el asesinato de un trabajador haitiano por el simple hecho de exigir el pago de su salario.

Desde un punto de vista jurídico, la Constitución de la República establece que "la dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable, y su respeto y protección constituyen una responsabilidad de los poderes públicos" (Art. 38).

Si bien la Constitución garantiza la libertad de asociación y reunión (Arts. 47 y 48), esta debe ejercerse con fines lícitos y pacíficos, lo que claramente no ocurre en este caso, ya que algunos de los convocantes han instado a los participantes a asistir armados e incluso han hecho llamados directos a cometer asesinatos contra migrantes haitianos.

Asimismo, aunque la Constitución consagra la libertad de expresión (Art. 49), su ejercicio no es absoluto, ya que está condicionado al respeto del honor, la dignidad y la moral de las personas. En este sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por República Dominicana, establece en su Artículo 20.2 que "toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley".

📢 Exigimos al Presidente y a las Autoridades Competentes:

1️⃣ Condenar y sancionar a quienes propagan discursos de odio y discriminación racial o por origen

2️⃣ Impedir manifestaciones que inciten a la violencia y promuevan el odio racial.
3️⃣ Garantizar que no haya impunidad para quienes difunden o ejecutan crímenes de odio.
4️⃣ Asegurar el debido proceso en los procedimientos de repatriación de migrantes.
5️⃣ Asegurar procesos que permitan la regularización de los migrantes haitianos en el país sin discriminación ni trabas.

6️⃣ Reiniciar los procesos de la Ley 169-14 para devolver la nacionalidad a quienes fueron despojados de ella injustamente y por esta razón pueden ser objeto de expulsión del país.

📌

El discurso de odio no solo atenta contra la seguridad y la dignidad de una comunidad, sino que también socava la estabilidad y el desarrollo social del país. Las autoridades tienen la responsabilidad de actuar con firmeza para prevenir la violencia, proteger los derechos humanos y garantizar un ambiente de respeto y convivencia.

Los aquí firmantes exigimos acciones inmediatas para frenar esta amenaza y proteger los principios democráticos y de justicia en República Dominicana.