#CasoLydiaCacho
13 años tras la justicia

Al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la opinión pública:

El 16 de diciembre de 2005, la periodista mexicana y defensora de los derechos humanos, Lydia Cacho, fue ilegalmente arrestada, torturada durante veinte horas, encarcelada y sometida a juicio durante un año tras haber documentado la existencia de una red de pornografía infantil y lavado de dinero bajo colusión de diecinueve servidores públicos.

Entre otros, tres gobernadores, una jueza estatal, una procuradora de justicia de Puebla y un procurador de Quintana Roo, un senador, un presidente del Tribunal Superior de Justicia, un director de cárcel, cinco policías y dos sicarios contratados por el empresario Kamel Nacif Borge.

Los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, utilizaron las instituciones de justicia para negarle acceso a su defensa y protección, durante años las redes criminales han intentado durante años desacreditar su credibilidad y honestidad usando a una ex víctima, ahora adulta.

En 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que su investigación: “se quedaba corta frente una apabullante realidad de trata y explotación infantil protegida por miembros del Estado mexicano”. A pesar de las trabas orquestadas por los implicados en actos de corrupción y crímenes contra la niñez, se logró que Jean Succar Kuri, líder de la red de pornografía infantil, recibiera 112 años de prisión. La primera y más importante sentencia en América Latina por estos crímenes. Los atentados y amenazas no cesaron.

El 31 de Julio de 2018, en Ginebra, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, emitió la primera resolución contra el Estado mexicano en la historia. En ella, exige a las instituciones mexicanas la reparación del daño integral a Lydia Cacho; reconoce que fue detenida ilegalmente, torturada y revictimizada por el Estado mexicano.

Bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, tanto PGR como SEGOB, CEAV, CONAVIM, y todas las instancias implicadas, incumplieron con el compromiso forzoso con el Comité. El último día de gobierno de EPN, Lydia Cacho fue puesta bajo custodia de escoltas armados y se le entregó un chaleco antibalas, admitiendo que su vida está en riesgo debido a la falta de impartición de justicia.

Las y los abajo firmantes exigimos al Estado mexicano, al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía General y a los gobiernos de Puebla y Quintana Roo la reparación del daño integral que incluye todos los acuerdos con el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra:

A) Publicar el extracto de la decisión del Comité en los medios de mayor circulación nacional.
B) Proteger la vida de Lydia. Hacer efectivo el plan de reparación integral acordado entre las partes, que incluye la disculpa pública a Lydia Cacho tanto del gobierno federal como de los estados de Quintana Roo y Puebla.
C) Dar acceso pleno e irrestricto a la víctima y a su defensa sobre los avances en la investigación. Se le ha negado acceso a su expediente.
D) Promover de manera efectiva y concreta la derogación de los tipos penales que hoy son utilizados para criminalizar periodistas.
E) Detener y juzgar a todos los implicados, ya que las pruebas son jurídicamente suficientes para ello. Las redes de trata de niños, niñas y mujeres en México pertenecen a la delincuencia organizada y están relacionadas con políticos y empresarios. El perdón político no es aceptable.

Exigimos las y los abajo firmantes: