Nos dirigimos a Usted a los fines de exigir que retroceda en la  firma  del decreto en cuestión y  de lugar a los mecanismos institucionales correspondientes que enriquecen y hacen a la democracia, dando lugar al debate y al diálogo que usted ha mencionado en diversas oportunidades, en el Congreso de la Nación.

Los abajo firmantes sostenemos que es un derecho adquirido en  democracia que los actores involucrados en esta Ley, (equipos de salud, organizaciones y sujetos usuarios), producto de un consenso al que se arribó, mediante arduos debates y que fue aprobada en el congreso, puedan intervenir expresando su opinión. El proyecto de reforma impulsado es un claro retroceso en materia de Derechos Humanos en relación a la ley actual, considerada como modelo por los organismos internacionales protectores de tales derechos. Una vez más, buscan gobernar mediante el disciplinamiento de los cuerpos y la eliminación de las voces disidentes. En el proyecto de reforma  de esta ley,  esta política se plasma en los siguientes puntos entre otros,  en los que nos manifestamos en enérgico desacuerdo:

1)      Reinstala el modelo médico hegemónico de perspectiva biologicista que resultó insuficiente para un tratamiento integral de los padecimientos mentales”. Esta mirada da lugar exclusivamente a las “prácticas fundadas en evidencia científica” y atenta abiertamente contra la interdisciplina, que es uno de los ejes fundamentales de la Ley de Salud Mental, es decir, contra los aportes de disciplinas “como la terapia ocupacional, la musicoterapia, el arte, la enfermería, la psicología, los acompañamientos terapéuticos y el trabajo social”. La ley sancionada en 2010 considera como un “proceso multideterminado por componentes históricos, socio económicos, culturales, biológicos y psicológicos”.

2)      Contribuye a reinstalar una concepción manicomial de la salud mental mediante la reinstalación de manicomios con la denominación de “hospitales especializados en psiquiatría y salud mental”.  Esto conlleva el aislamiento de personas a quienes se vuelve a llamar “enfermos”. Se pretende aislarlos mediante la restricción de visitas, llamados y cualquier contacto con el mundo externo.

3)      La defensa técnica de los usuarios se ve lesionada: la palabra del equipo tratante será la escuchada en detrimento de la palabra del usuario quién además se verá impedido para que se actúe de oficio, quedando bajo la decisión del juez la designación del defensor oficial, eliminando así la voz e intereses del paciente.

4)      Quita al Ministerio Público de Defensa, la posibilidad de designar a la máxima autoridad del Órgano de revisión de la Ley adjudicándosela al Ministerio Público de Salud, siendo que así este ejercerá funciones de control sobre sí mismo. Propone una nueva conformación plenaria otorgando hegemonía al discurso médico y desfavoreciendo la pluralidad de voces y disciplinas.

Si el Proyecto de reforma no se debate en el Congreso, el dialogo propuesto por el PRO, vuelve a ser otra mentira que pone en riesgo la democracia, al desestimar la participación ciudadana a través de sus representantes en los temas que los afectan directamente.

Considerando los motivos expuestos, la situación se ve agravada porque el espíritu de la reforma apunta a un  intento de suprimir la voz de aquel con dificultades para defenderse y poder habitar este mundo que compartimos mediante el lugar que confiere la palabra, lo cual resulta en procesos de  exclusión y de marginación.

Reiteramos nuestro más enérgico desacuerdo  y por lo tanto insistimos en que se debata en las instituciones democráticas.

A los fines de que no se reinstale el modelo médico hegemónico, que redunda en un claro beneficio a los laboratorios, y por la continuidad de otros discursos y disciplinas que vienen trabajando en restituir los derechos de las personas con padecimientos mentales mediante tratamientos dignos. La salud mental es un derecho inalienable de los pueblos.   

Solicitamos apoyen con su firma esta petición.