SOLICITUD DE REVISIÓN E INTERVENCIÓN URGENTE DEL MARCO NORMATIVO EDUCATIVO NACIONAL Y DEROGACIÓN EXPRESA DEL RÉGIMEN ACADÉMICO VIGENTE

Lugar y fecha: Partido de La Costa, provincia de Buenos Aires.

A las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación Argentina Al Consejo Federal de Educación A las autoridades educativas jurisdiccionales

De nuestra mayor consideración:

Somos un colectivo de docentes de secundaria de la República Argentina que sentimos la necesidad de elevar esta solicitud ante la preocupante realidad que atraviesan nuestras instituciones educativas. En la actualidad, se ve vulnerado el derecho a la educación de numerosos alumnos que desean estudiar en un entorno adecuado. La obligatoriedad del sistema configura un alumnado heterogéneo en el que no todos comparten el compromiso con el aprendizaje, lo que, en muchos casos, contribuye a la desvalorización de la educación. Los estudiantes que asisten con intención de formarse se enfrentan diariamente a un clima de tensión, en el que abundan las burlas, las faltas de respeto, la violencia —entre pares y hacia los docentes— y el sabotaje a las prácticas educativas por parte de alumnos con conductas disruptivas. Estas situaciones afectan directamente el proceso de enseñanzaaprendizaje y deterioran la convivencia escolar, perjudicando especialmente a quienes sí desean estudiar. Muchas de estas conductas no pueden ser abordadas eficazmente debido a la falta de herramientas reglamentarias claras, lo que agrava el deterioro institucional. En consecuencia, los docentes enfrentamos una creciente pérdida de autoridad para establecer límites, dificultando la construcción de un clima apto para la enseñanza. La ausencia de medidas disciplinarias concretas —como amonestaciones, sanciones y, en casos extremos, expulsiones— debilita la tarea pedagógica y favorece un escenario de impunidad. Esta realidad forma parte del clima escolar que se ha ido configurando a partir de la implementación de la actual Ley de Educación Nacional 26206. En este contexto, se vuelven recurrentes entre los docentes expresiones que reflejan una profunda preocupación, tales como: “los alumnos hacen lo que quieren tanto con sus compañeros como con los docentes porque saben que no hay consecuencias”. Asimismo, se evidencia una marcada pérdida de responsabilidad académica, vinculada a un sistema que, mediante la reiteración de instancias de evaluación y acreditación orientadas a garantizar la aprobación, termina sobrecargando al docente y relajando al alumno desvinculándolo de la responsabilidad ante el estudio. Estas formas de flexibilización excesiva no solo debilitan el compromiso de los estudiantes con el estudio, fomentando la despreocupación, sino que también generan desaliento en aquellos alumnos que sí sostienen el esfuerzo y cumplen con las exigencias. 

Lejos de ser una situación reciente, este escenario responde a un cambio de paradigma educativo sostenido durante más de quince años, que no ha logrado mejorar la convivencia ni los resultados académicos. Por el contrario, ha contribuido a una disminución progresiva del rendimiento y de la calidad educativa. El sistema de convivencia escolar vigente, centrado en un enfoque de derechos e inclusión, reemplazó al modelo disciplinario tradicional. Sin embargo, su implementación ha derivado en la pérdida de herramientas concretas para establecer límites, en la burocratización de los conflictos y en la sobrecarga del docente, quien debe sostener su tarea sin respaldo suficiente para garantizar el orden. La normativa actual, al carecer de instrumentos eficaces para prevenir y corregir situaciones de violencia, faltas de respeto y conductas abusivas, genera una marcada inoperancia institucional y un nivel de desorganización incompatible con los fines educativos. Es fundamental aclarar que establecer límites no implica excluir, sino formar en el respeto, la convivencia y la responsabilidad, garantizando el derecho a aprender de todos los estudiantes. Como consecuencia, se observa un incremento de la violencia escolar y de situaciones de bullying, generando contextos de desprotección para alumnos y docentes. Tal como señalan numerosos colegas: “el bullying se está normalizando a pesar de las intervenciones de los equipos de orientación escolar”. Si bien la intervención de los gabinetes resulta valiosa y necesaria, en muchos casos no se encuentra acompañada por reglas institucionales y herramientas legales claras que permitan frenar e intervenir de manera efectiva en situaciones de vulnerabilidad. Sin ese respaldo, las acciones que se toman se tornan burocráticas y se “cajonean”, diluyendo la posibilidad de restablecer el orden ante los conflictos. En este marco, resulta imprescindible mencionar un hecho reciente de extrema gravedad ocurrido en una institución educativa de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, donde un adolescente de 15 años cansado del acoso psicológico asesinó, de un disparo, a un estudiante de 13 años. Este trágico episodio se vincula con situaciones prolongadas de acoso y desgaste psicológico que no fueron abordadas de manera eficaz, evidenciando la falta de herramientas normativas concretas para intervenir de forma oportuna. La ausencia de mecanismos claros y contundentes para sancionar el acoso psicológico sostenido impide frenar a tiempo estos procesos de violencia, que pueden escalar hasta consecuencias irreparables. Este contexto también impacta directamente en el desempeño docente: la exposición constante a conflictos, sumada a la falta de respaldo institucional, provoca estrés sostenido y deterioro en la salud física y emocional. Esta situación se traduce, además, en un aumento del uso de licencias y en una creciente precarización laboral, en un contexto donde el salario docente se encuentra por debajo de la línea de pobreza, lo que agrava aún más las condiciones de trabajo. 

Por otro lado, resulta imprescindible revisar el régimen académico del nivel secundario. Este modelo introduce una lógica propia del nivel superior en estudiantes que aún no cuentan con la autonomía necesaria para gestionar sus trayectorias. La flexibilización del sistema, junto con la no repitencia, ha generado trayectorias fragmentadas: los alumnos no repiten, pero tampoco avanzan de manera efectiva. Acumulan materias pendientes que deben cursar en contraturno, bajo una modalidad que no se ajusta a su etapa de desarrollo. Esto incrementa la carga horaria, desorganiza los tiempos pedagógicos y traslada al estudiante una responsabilidad que difícilmente pueda sostener. Lejos de favorecer el aprendizaje, promueve la postergación, la fragmentación del conocimiento y la pérdida de sentido del proceso educativo. Como resultado, se profundiza el atraso en las trayectorias y la desvalorización del estudio. Asimismo, resulta necesario repensar el concepto de inclusión dentro del sistema educativo. No todos los estudiantes encuentran sentido en una formación centrada exclusivamente en lo académico. Existe un grupo de alumnos que no logra avanzar en este modelo y que tampoco manifiesta interés en sostener trayectorias escolares tradicionales. Para estos casos, la inclusión real debería contemplar la derivación o incorporación en otras instituciones o trayectos formativos donde puedan desarrollar habilidades prácticas, oficios, artes y saberes aplicados. Estas alternativas permitirían revalorizar sus capacidades, fortalecer su autoestima y canalizar su predisposición hacia aprendizajes significativos y socialmente útiles. Sostener un modelo único y obligatorio hasta los 17 años, sin contemplar estas diferencias, requiere ser revisado. En muchos casos, la permanencia forzada en el sistema tradicional no garantiza aprendizajes ni egreso, sino que genera frustración, desinterés y pérdida de tiempo. Es importante aclarar que la incorporación de trayectos orientados a oficios no implica la promoción del trabajo infantil, sino la posibilidad de brindar herramientas formativas durante la adolescencia, que preparen a los estudiantes para una futura inserción laboral digna, una vez alcanzada la mayoría de edad. Por todo lo expuesto, solicitamos con carácter urgente la elaboración e implementación de una nueva normativa que contemple: El restablecimiento de límites claros en las instituciones educativas. La aplicación de amonestaciones, sanciones y, cuando corresponda, expulsiones como medidas disciplinarias efectivas. La protección integral de alumnos, docentes y de toda la comunidad educativa. La recuperación de la autoridad pedagógica del docente. La garantía de condiciones reales para el aprendizaje. 

La promoción de una educación basada en el esfuerzo, el respeto y la responsabilidad. La diversificación de las trayectorias educativas, incorporando alternativas institucionales orientadas a oficios, artes y formación práctica. La escuela no puede prescindir de normas claras. Educar también implica formar en la convivencia y en los límites necesarios para la vida en sociedad. Su ausencia no solo afecta el presente de los estudiantes, sino que compromete el futuro colectivo. Se vuelve imperioso actuar con responsabilidad y decisión para reconstruir un sistema educativo que garantice tanto derechos como deberes, asegurando un entorno digno para enseñar y aprender. Sin otro particular, saludamos atentamente.