Victoria

NO a nuevas urbanizaciones en Talaimendi

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 1.510 firmas!


Al Ayuntamiento de Zarautz;

 

Los firmantes  del presente escrito, a la vista del anuncio publicado en el BOG del martes 5 de abril de 2016, nº 62, por el Ayuntamiento de Zarautz (https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/04/05/c1602121.pdf sobre aprobación inicial del Plan Especial para construir un equipamiento privado en suelo no urbanizable (centro de formación multidisciplinar en torno al Surf), ante la Corporación comparece y visto el expediente sometido a exposición pública y frente al mismo interpone las siguientes ALEGACIONES:

 

1º.-  EL PLAN ESPECIAL OMITE Y “DEROGA” NORMAS AMBIENTALES VIGENTES PARA ELUDIR CONTROLES  OBLIGADOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE, DE CUYA EFECTIVA OBSERVACIÓN PUEDE DERIVARSE LA IMPOSIBILIDAD DE DESARROLLOS URBANÍSTICOS COMO EL PRETENDIDO.-

En efecto, el Plan Especial  elaborado  por la mercantil Powertxiki S.L., y el Arquitecto Javier González Agreda (JGA, Estudio de Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo)  parte de la consideración de que “En la redacción del presente Plan Especial, el citado Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Iñurritza se considera derogado por lo que no se han tenido en cuenta las variaciones que se plantearon de la zona periférica del protección del Biotopo ya que no procede su aplicación.”(Sic)

Esta consideración es un exabrupto jurídico sin par; constituye un hecho incierto y  entraña un ánimo de eludir la aplicación de normas de evaluación ambiental vinculadas al espacio protegido que el futuro  PORN debe implantar por imperativo legal.

Pues bien, este documento, el PORN, fue aprobado inicialmente mediante Orden de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco de 20 de diciembre de 2006.

El área ordenada por el P.O.R.N supera a la delimitada según la declaración del Biotopo de Iñurritza de 1997 y abarca una superficie total, considerando el biotopo y la zona periférica de protección, de 149,8 ha, de las que 100,2 pertenecen al municipio de Zarautz (66,9 %) y 49,6 al de Aia (33,1 %).

(http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/zec/es_natura/adjuntos/ES2120009_objetivos_medidas.pdf )

El ART 9 del  DECRETO LEGISLATIVO 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco,  establece  que  Iniciado el procedimiento de aprobación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, no podrán realizarse actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos de dicho Plan.

2.– Adoptado el acuerdo de inicio del procedimiento, mediante orden del Consejero o Consejera competente en materia de ordenación de recursos naturales y conservación de la naturaleza que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, no podrá otorgarse ninguna autorización, licencia o concesión que habilite para la realización de actos de transformación de la realidad física o biológica sin informe favorable del órgano foral competente para la gestión del Plan. Este informe sólo podrá ser negativo cuando quede acreditado en el expediente tramitado al efecto que dicho acto puede hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos del Plan.

En relación con ello y acudiendo a la norma básica estatal, el art 23 de la ley del patrimonio natural y de la biodiversidad (ley 42/2007, de 13 de diciembre) establece un régimen de protección cautelar por el que ordena que “durante la tramitación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales o delimitado un espacio natural protegido y mientras éste no disponga del correspondiente planeamiento regulador, no podrán realizarse actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos de dicho Plan.

Iniciado el procedimiento de aprobación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y hasta que ésta se produzca no podrá reconocerse a los interesados la facultad de realizar actos de transformación de la realidad física, geológica y biológica, sin informe favorable de la Administración actuante.

El informe a que se refiere el apartado anterior deberá ser sustanciado y emitido por el órgano ambiental de la administración actuante en un plazo máximo de noventa días.”

Nada contempla la normativa vigente sobre la pérdida de vigencia de una aprobación inicial actuada mediante Orden del departamento competente; y no existe en el ordenamiento jurídico actual ninguna norma promulgada con posterioridad que exprese de modo tácito o manifiesto  la pérdida de vigencia de semejante resolución administrativa, que continua vigente y firme;  firmeza adquirida conforme a las reglas y normas administrativas formales de aplicación (Ley 30/1992 de RJAPAC).

Por lo tanto el Plan Especial debe tener en consideración el PORN inicialmente aprobado y las medidas cautelares  que impone ese acto normativo, incluso en la zona periférica delimitada en dicho planeamiento ambiental inicialmente aprobado. Todo  ello sin perjuicio de lo que se dirá respecto de la ZEC (Iñurritza ES2120009) a la que afecta igualmente la actuación urbanizadora pretendida.

2º.- LA ACTUACIÓN PRETENDIDA SE SITÚA EN EL ÁMBITO DE LA ZONA PERIFÉRICA DE PROTECCIÓN DE LA ZEC ES2120009 IÑURRITZA. DEBE SOMETERSE A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL; CONFORME ESTABLECE LA DIRECTIVA 92/43/CEE HABITAT.

El decreto 215/2012, de 16 de octubre, por el que se designan zonas especiales de conservación catorce ríos y estuarios de la región biogeográfica atlántica y se aprueban sus medidas de conservación declaró, entre otros, la ZEC ES2120009 Iñurritza.

La delimitación a que finalmente dicha ZEC se extiende queda reflejada en el siguiente grafico oficial: (http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvmap/es/?conf=BOPV/capas/D_215_2012/conf_MUGLIM_ES2120009.xml )

 

 

De dicho decreto, se extrae la finalidad de garantizar en las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las especies silvestres de la fauna y de la flora de interés comunitario, establecidos en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. (Art 2.1)

Así mismo fijó una serie de medidas de conservación estableciéndose las oportunas directrices, regulaciones y actuaciones.

Debe destacarse que conforme al artículo 2.f) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística es un principio que inspira esta normativa y  con observancia del mismo deben regularse el resto  de actividades con incidencia en el medio natural.

Este hito normativo ambiental es enteramente obviado en el Plan Especial; tan solo se cita su existencia de modo difuso en la pag. 11 del documento de informe ambiental incorporado;  y lo peor de todo es que se obvia igualmente el vigente DECRETO 34/2015, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS GENERALES PARA LAS ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN (ZEC) Y ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (ZEPA) VINCULADAS AL MEDIO HÍDRICO, (http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/552138-d-34-2015-de-17-mar-ca-pais-vasco-normas-generales-para-las-zonas-especiales.html#a1 )  por medio del cual  se impone una zona periférica de protección de 200 metros a esta concreta ZEC, medida desde el límite exterior del espacio, en la que  se encuadra sin lugar a dudas el ámbito territorial objeto del Plan Especial inicialmente aprobado.

Según la Regulación General aprobada por el citado decreto 34/2105, “en las zonas periféricas de Protección operará el régimen preventivo del art 6.3 de la Directiva Hábitat” así como el resto de normas de protección del decreto que recaen en dicho ámbito.

El art 6. 3 de la directiva Hábitat (DIRECTIVA 92/43/CEE)  (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:ES:HTML ) establece que “ Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.”

En lo que respecta al Plan Especial, esta normativa, en relación con la  autonómica y estatal básica de aplicación en materia de evaluación ambiental, lleva a tener que contemplar las determinaciones normativas de la Ley General de protección del medio ambiente del país vasco (ley 3/1998, de 27 de febrero) (http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/pv-l3-1998.html ).

Conforme a dicha ley,  según su art 41,  “Deberán someterse preceptivamente al correspondiente procedimiento de evaluación de impacto ambiental los planes y proyectos, bien fueran públicos o privados, que, encontrándose recogidos en el Anexo I de esta ley, se pretendan llevar a cabo en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.”

Y en lo que respecta a este concreto Plan Especial,  su sometimiento a evaluación al  amparo del decreto 34/2015 y art 6.3 de la Directiva Hábitat, queda de manifiesto en el apartado A.6 y, en su caso, B.10.5 del Anexo I de la Ley citada.

Todo ello no se contempla en el Plan Especial ni en el “Informe Ambiental” al que se hace acompañar conforme se le exige por aplicación de las determinaciones del PGOU de Zarautz; normativa municipal que  aún no se ha adaptado al citado decreto 34/2015, por lo que  debe aplicarse éste, por una pura cuestión de jerarquía normativa, completando y reforzando las previsiones sobre evaluación previstas, levemente, para este espacio en el PGOU de referencia.

 

3º.- NO SE JUSTIFICA EN MODO ALGUNO EL DECLARADO INTERÉS PUBLICO NI SOCIAL. LA ACTUACION URBANIZADORA NO ES DE OBLIGADA IMPLANTACIÓN EN EL MEDIO RURAL.

Consta al expediente una solicitud de declaración de interés público de la actividad, suscrita por el promotor e incorporada durante el mes de enero de 2014.

A dicha solicitud se acompaña una memoria explicativa de la Actividad que  desarrolla detalladamente un conjunto de acciones pretendidas llevar a cabo en el conjunto edificatorio y urbanizado que se pretende implantar, que recuerda a la gestión de los denominados “Campus deportivos” en un régimen de explotación privada (http://www.buscadeporte.es/inicio/campus-deportivos/ ).

 En el anterior enlace se recogen las ofertas más significativas de actividades idénticas a las ofertadas por la mercantil promotora. Si bien, la singular mención a una actividad de promoción lingüística que se pretende desarrollar en este caso  no se considera hecho que diferencie de otras ofertas la propuesta  por  este promotor, para engrosar las razones de la declaración de interés pretendida.

Para una correcta comprensión de lo que supone una declaración de interés público o social debe partirse de las siguientes consideraciones:

La legislación urbanística viene regulando tradicionalmente la posibilidad de autorizar determinados usos del suelo no urbanizable o rústico que, de otro modo, sólo podrían ubicarse en suelo previamente transformado.

Estos procedimientos han permitido una vía sencilla de implantación de actividades y usos vinculados al medio rural en municipios con escasa capacidad para impulsar actividades económicas en los mismos o  en municipios sin instrumentos de ordenación territorial que permitiese ubicar tales actividades en su territorio. Situación que en Zarautz es enteramente imposible de contemplar.

Esta regulación, contemplada desde la perspectiva del razonable  sacrificio de los valores que informan la clasificación de  Suelo No Urbanizable, se considera loable.

Sin embargo el límite entre el uso de esta técnica autorizatoria y su abuso se difumina en casos como el que contempla la aprobación de este Plan Especial. 

Genéricamente debe considerarse que “Los terrenos que se encuentren en el suelo rural se utilizarán de conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales”, (art 13 RDL 2/2008 por el que se aprueba el TRLS).

La propia Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco, inicia su determinación sobre la definición del Suelo No urbanizable como “una clasificación que se efectuará aplicando los siguientes criterios:

a) Improcedencia de la transformación urbanística de los terrenos.

b) Inadecuación de los terrenos para el desarrollo urbano.”( art 13.1 LSUPV)

Por su parte el propio art 13.2 determina que “Es improcedente la transformación urbanística de los terrenos en los siguientes supuestos:

a)  Cuando estén sometidos a un régimen específico de protección en virtud de cualquier instrumento de ordenación del territorio, o por efecto directo de la aplicación de la legislación sectorial, o en razón de que la ordenación urbanística les otorgue tal calificación por su valor agrícola, forestal o ganadero, por las posibilidades de explotación de sus recursos naturales o por sus valores paisajísticos, históricos y culturales, para la defensa de la fauna, la flora o el equilibrio ecológico.

Recordemos que las vigentes normas vinculadas al PTP, efectivamente, permiten las edificaciones de utilidad pública e interés social, si bien deben acreditar un estudio  de evaluación de la afección sectorial agraria, que no se incorpora al Plan Especial.

La declaración perseguida, se encuadra en la necesaria actividad interpretativa de marcado y obligado tono jurídico sobre el concepto jurídico indeterminado que resulta ser el interés social predicado por el legislador como excepción a la genérica prohibición de los desarrollos urbanizadores en este tipo de suelo.

Debe partirse del principio recogido en el art 4 de la Ley Vasca del Suelo y urbanismo, cunado  fija el primer peldaño exegético (interpretativo) al establecer y configurar el principio de subordinación al interés público por medio de una serie de reglas.

(ARTÍCULO 4 Principio de subordinación al interés público.-  Únicamente el interés público legitima la ordenación de la utilización del suelo, en virtud de esta ley, por el planeamiento urbanístico.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la potestad de ordenación urbanística se ejercerá observando en todo caso las siguientes reglas:

Información suficiente sobre la realidad existente y sobre una valoración razonable de la previsible evolución de ésta.

Ponderación razonada de todos los intereses y las necesidades, públicos y privados, de los fines de la función pública urbanística y de los principios que conforme a esta ley deben informarla.

Expresión en opciones y decisiones suficientemente motivadas y adecuadamente proporcionadas respecto a los objetivos perseguidos.

El interés público que la ordenación urbanística habrá de garantizar se concreta especialmente en:

El derecho de todas las personas a acceder a una vivienda digna y adecuada a sus necesidades. Para ello, las administraciones públicas deberán planificar, clasificar, programar y destinar suelo para la construcción de las viviendas sometidas a algún régimen de protección pública y con destino a alojamientos para atender a las necesidades de la sociedad.

El derecho de todas las personas a un desarrollo económico equilibrado, para lo cual las administraciones públicas, podrán destinar suelo a la implantación de actividades económicas de fomento o interés público.

El derecho de la comunidad a participar en las plusvalías generadas por la acción urbanística.

El derecho de todas las personas al disfrute de un medio ambiente urbano y natural adecuado a sus necesidades.

El derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas al disfrute de los bienes integrantes del patrimonio cultural.

La obligación y la responsabilidad de las administraciones públicas competentes en la supervisión del cumplimiento de las previsiones de los planes urbanísticos en la calidad, cantidad y plazos de su ejecución.

El deber de las administraciones públicas de evitar, dentro de sus competencias, la especulación de suelo y vivienda, adoptando para ello todas las medidas necesarias para intervenir en el mercado de suelo y de bienes inmuebles.

La satisfacción de derechos e intereses patrimoniales legítimos de cualesquiera sujetos, públicos o privados, debe producirse siempre en los términos de esta ley y de la ordenación urbanística, sin que en ningún caso pueda condicionar o determinar por sí sola el ejercicio de las potestades administrativas a que se refiere el apartado 3 del artículo 2 de esta ley, ni legitimar la desviación de dicho ejercicio respecto a los fines propios de éstas.

Son nulas de pleno derecho las reservas de dispensación que se contengan en el planeamiento urbanístico y restantes normas urbanísticas así como las que otorguen las administraciones públicas competentes al margen de lo dispuesto en la presente ley.”)

Pues bien para poder justificar en este caso la concurrencia genérica de la actuación pretendida implantar bajo el auspicio de dicho interés, se debe acudir a herramientas legales como la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. ( https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21493

Es destacable atender a los objetivos que se definen en el art.2 de esta ley y especialmente a las definiciones contenidas en el art.3 dado que  resulta fácil estimar que la petición de la declaración de interés no tiene encaje legal alguno.

Resulta conveniente contemplar que la ley básica estatal (art 13 TRLS2008) y a la propia ley autonómica (Ley 2/2206 SUPV) establecen este tipo de autorizaciones con carácter excepcional; y no se trata solo de una mera dicción legal carente de efectos jurídicos; las Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2008 (recurso 2861/2004), que sintetiza la jurisprudencia del Alto Tribunal citando su anterior Sentencia de 14 de abril de 2004 (casación 6933/2001) en los siguientes términos literales:

“(1) que las edificaciones e instalaciones autorizables son las que cumplan conjuntamente dos requisitos: que sean de utilidad pública o interés social y que hayan de emplazarse en el medio rural (por todas, sentencia de 30 de octubre de 1995); requisitos, ambos, que han de ser justificados por el solicitante de la autorización, tal y como prevé el artículo 44.2.1.d) de aquel Reglamento (misma sentencia);

 

(2) la utilización del suelo no urbanizable presupone, por su propia naturaleza y como criterio general, el de prohibición de construcciones, edificaciones o instalaciones; por ello, la posibilidad de aquella autorización, en cuanto excepción a una norma general prohibitiva, ha de ser interpretada en sentido siempre restrictivo y tras haber quedado perfectamente acreditados aquellos requisitos (sentencias, entre otras, de 23 de diciembre de 1996 y 26 de noviembre de 2000); y

(3) esa necesaria interpretación restrictiva determina que la utilidad pública o el interés social no pueda identificarse, sin más, con cualquier actividad industrial, comercial o negocial, en general, de la que se derive la satisfacción de una necesidad de los ciudadanos, ya  que la extensión de la excepción legal a todo este tipo de instalaciones o actividades, que claro está suponen una mayor creación de empleo y riqueza, supondría la conversión de la excepción en la regla general (sentencia, entre otras, de 23 de diciembre de 1996 )…”.

 

 

En su virtud, tenga por efectuadas las anteriores alegaciones, las estime y tras el procedimiento legalmente establecido dicte resolución por la que se deniegue la aprobación del Plan Especial para la construcción de un equipamiento privado de interés público en suelo no urbanizable (centro de Formación Multidisciplinar en torno al Surf) en la parcela 5 del polígono 1 del suelo rustico de Zarautz, por  no acreditar Interés público alguno y no someterse a las exigencias de evaluación derivadas de la articulación normativa expresada anteriormente.

 

 

 



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