STOP 5G EN SEGOVIA

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STOP 5G EN SEGOVIA

Por una tecnología segura

¿Qué consecuencias tiene para nuestra salud convertirnos en un “laboratorio vivo”? Exigimos transparencia y un debate público sobre el uso de esta tecnología antes de convertirnos en conejillos de indias. 

Telefónica ha anunciado que va a convertir Segovia y Talavera de la Reina en “laboratorios vivos” al implantar la tecnología inalámbrica 5G, como experiencia piloto, en ambas poblaciones. La imagen es por desgracia cierta, pues no hay ninguna prueba científica de que esta tecnología sea segura, mientras que sí se han demostrado efectos nocivos sobre la salud de los campos electromagnéticos provocados por las anteriores tecnologías de telecomunicación ya desplegadas.

En este sentido, más de 180 científicos y médicos de 36 países han pedido a la UE una moratoria al despliegue del 5G “hasta que los peligros potenciales para la salud humana y el medio ambiente hayan sido investigados por científicos independientes de la industria”. Y esto debido a que la tecnología 5G conducirá al aumento masivo de la exposición obligatoria a la radiación electromagnética por requerir un elevado número de nuevas antenas, por introducir nuevas frecuencias y por necesitar mayores intensidades. En este llamamiento los firmantes declaran: “sabemos que al menos 2000 artículos científicos revisados por pares confirman que los actuales 2G, 3G, 4G y WiFi -incluso antes de que se agregue el 5G- pueden causar muchos tipos de graves daños para la salud no solo para seres humanos, sino también para árboles, huevos, pájaros, abejas y otros animales salvajes”.

Ya en 2009 el Parlamento Europeo aconsejó la aplicación del principio de precaución ante la extensión de las primeras tecnologías inalámbricas y expresó “su profunda preocupación por el hecho de que las compañías de seguros tienden a excluir la cobertura de los riesgos vinculados a los CEM (Campos Electromagnéticos) de las pólizas de responsabilidad civil, lo que significa claramente que las aseguradoras europeas ya están aplicando su propia versión del principio de cautela”.


El Consejo de Europa también recomendó en 2011 que se aplique el principio de precaución, así como el principio ALARA (niveles tan bajos como sea possible de intensidad de campo eléctrico), solicitando pasar de los 41 v/m permitidos en España a 0,6 v/m primero y a 0,2v/m más adelante.

 
Hay al menos 30 resoluciones científicas que afirman que en niveles de intensidad muchas veces por debajo de las directrices nacionales e internacionales se está produciendo “aumento del riesgo de cáncer, estrés celular, aumento de radicales libres dañinos, daños genéticos, cambios estructurales y funcionales del sistema reproductivo, déficit de aprendizaje y memoria, trastornos neurológicos e impactos negativos en el bienestar general”.

 
Varios parlamentos autonómicos (Parlamento Vasco y Parlamento Foral de Navarra) y entidades locales (Barakaldo, Jerez de la Frontera, San Sebastián, Vitoria, Arganda del Rey y otras) se han adherido a la Resolución 1815 del Consejo de Europa sobre los peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente.

 
Por si fuera poco, al menos en Segovia, los usuarios de Movistar han constatado que el importe de sus facturas ha aumentado por causas vinculadas a la implantación de la tecnología 5G. ¿Vamos a costear por adelantado un servicio que no hemos elegido?

 
Además, se proclama que habrá muchos nuevos puestos de trabajo tras la llegada del 5G, pero ninguna gran empresa ha firmado un contrato asegurándolo. ¿En base a qué datos lo afirman? Si la tecnología 5G sólo sirviera para que las descargas en Segovia sean más rápidas, tal vez no merezca la pena implantarla, pues podría tener importantes consecuencias.

 
No nos oponemos a la evolución tecnológica, pero la decisión de poner en marcha un proyecto así, que puede afectar la salud y el entorno de miles de personas, no puede tomarse de espaldas a la ciudadanía y creemos que, en democracia, una decisión de tal trascendencia debe tomarse con transparencia y participación ciudadana, por lo cual pedimos:


- Que se paralice cautelarmente el despliegue del 5G hasta que se haya demostrado su inocuidad para la salud.


- Que se informe debidamente a la ciudadanía sobre los detalles del proyecto: qué frecuencias se van a utilizar, cómo se van a incrementar las intensidades, cuántas antenas se van a colocar y dónde, si se van a utilizar nuestros routers como antenas, cómo y quién va a financiar este proyecto...


- Que se garantice la posibilidad de conocer la opinión de científicos independientes antes de tomar cualquier decisión.


- Que el despliegue, de llevarse a cabo, cuente con el asesoramiento de científicos y médicos independientes para minimizar las consecuencias sobre la salud y el medio ambiente.


- Que Segovia se adhiera a la resolución 1815 del Consejo de Europa.



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