Andrés Manuel López Obrador, jefe del Estado mexicano

Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional

Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

El 23 de mayo de 1962, un destacamento del Ejército Mexicano y la Policía Judicial irrumpió violentamente en la casa del dirigente campesino Rubén Jaramillo, en Tlaquiltenango, Morelos, guiados por el delator Heriberto Espinoza, alias “El pintor”. Sin ningún documento legal que los amparara, los militares lo secuestraron, junto con su esposa embarazada, Epifania, y sus tres hijos, militantes, por cierto, de la Juventud Comunista, para llevarlos a la zona arqueológica de Xochicalco, donde dos horas más tarde fueron asesinados y rematados con el “tiro de gracia”. En el lugar de este atroz crimen de Estado, hasta la fecha impune, sus seguidores erigieron un modesto monumento, al fondo de uno de los estacionamientos del sitio arqueológico, donde durante años se han dejado flores y realizado eventos que recuerdan la gesta agraria de Jaramillo. A 59 años de esta masacre, se sigue reclamando justicia y castigo a los responsables materiales e intelectuales, dado que los crímenes de Estado no prescriben ni pueden ser olvidados.