Durante décadas, la República Democrática del Congo ha sido víctima de un conflicto devastador alimentado por intereses económicos y geopolíticos extranjeros. Su riqueza mineral, en lugar de traducirse en mejoras en la calidad de vida para su pueblo, ha sido motivo de explotación y violencia. Desde 2022, la agresión perpetrada por el grupo M23 y las Fuerzas Armadas de Ruanda ha intensificado la crisis, con masacres, desplazamientos forzados y violaciones sistemáticas de derechos humanos en la región de Kivu. Ambos operan en connivencia, violando la soberanía nacional y la integridad territorial del país, mientras causan un sufrimiento inhumano a la población civil. Esta ofensiva responde a una estrategia de balcanización y control de recursos esenciales para la industria tecnológica global, mientras la comunidad internacional permanece impasible ante el sufrimiento del pueblo congoleño.

La reciente firma de un acuerdo entre la Unión Europea y Ruanda para el suministro de minerales críticos ha desatado críticas por su complicidad en el saqueo de los recursos congoleños. Ruanda, sin reservas propias de estos minerales, se beneficia de la explotación ilegal de su país vecino, perpetuando la violencia y la inestabilidad. La retirada de Ruanda de la mesa de diálogo de Angola ha agravado aún más la situación, desencadenando una ola de violencia extrema en Goma, con miles de muertos y heridos en pocos días. Mientras tanto, la inacción y el silencio de la comunidad internacional no solo permiten que los perpetradores directos continúen su labor de devastación, sino que también legitiman a quienes, desde posiciones de poder político y económico, facilitan y alimentan este expolio.

Además del coste humano, este conflicto está teniendo un impacto medioambiental catastrófico: la extracción descontrolada de minerales está destruyendo bosques, contaminando ríos y amenazando la biodiversidad, acelerando la degradación de uno de los ecosistemas más ricos del planeta.

Una respuesta urgente y contundente

Es imprescindible que la Unión Europea actúe de inmediato, rompiendo el acuerdo de suministro de minerales críticos con Ruanda, en cumplimiento de la resolución aprobada por amplia mayoría por la Eurocámara el 13 de febrero, y garantizando total transparencia en la cadena de suministro para evitar su complicidad en el saqueo de la República Democrática del Congo. Asimismo, debe suspender cualquier tipo de apoyo económico o militar que pueda estar financiando la agresión.

La comunidad internacional debe tomar medidas firmes para presionar a Ruanda a retirar de inmediato sus tropas, así como imponer sanciones contundentes en respuesta a sus crímenes. También es urgente la apertura de un corredor humanitario que garantice la evacuación segura de la población vulnerable y de activistas sociales en peligro dentro y fuera del país.

La comunidad internacional no puede seguir ignorando este genocidio silencioso, ni permitir que intereses comerciales prevalezcan sobre los derechos humanos y la justicia.

Promotores de la iniciativa:
Kal Melanina
Veïns Sense Fronteres (VSF)