RESUMEN: (English below)

El Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), actualmente en revisión, prohíbe a los Estados firmantes exigir a las empresas de plataformas digitales condiciones mínimas que permitan garantizar derechos fundamentales como una vida libre de violencia, el libre desarrollo de la personalidad, el acceso a la justicia, el acceso a la información y la libertad de expresión.

Exigimos reformar el Capítulo 19 sobre servicios digitales del T-MEC, y específicamente los artículos 19.12, 19.16 y 19.17,  para garantizar que las empresas de plataformas digitales estén sujetas a rendición de cuentas y a obligaciones de corresponsabilidad con las autoridades en la protección de los derechos humanos de las personas usuarias.

Convocamos a las instituciones responsables y a la población de México, Estados Unidos y Canadá a unir esfuerzos para que en el T-MEC contribuya a la construcción de espacios digitales seguros y libres de violencia para todas las personas. 

@leyolimpialatam, @puedjsunam, @BMA_AC

SUMMARY:

The United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA), currently under review, restricts member states from requiring digital platform companies to meet minimum standards that ensure fundamental rights such as a life free from violence, the free development of one’s personality, access to justice, access to information, and freedom of expression.

We call for the reform of Chapter 19 on digital services (articles 19.12, 19.16 and 19.17) ensure that digital platform companies are held accountable and share responsibility with authorities in protecting user's human rights.

We urge institutions and the people in Mexico, the United States, and Canada to join efforts so that the USMCA contributes to building safe, violence-free digital spaces for all.

@leyolimpialatam @puedjsunam, @BMA_AC

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(English below)

POSICIONAMIENTO CONJUNTO DE LA RED LATINOAMERICANA DE DEFENSORAS DIGITALES (LEY OLIMPIA), EL PUEDJS UNAM Y LA BMA SOBRE EL CAPÍTULO 19 DE COMERCIO DE SERVICIOS DIGITALES DEL T-MEC

Casi la totalidad de las interacciones en el espacio virtual en América del Norte tiene lugar en un grupo oligopólico de plataformas digitales pertenecientes a grandes corporaciones tecnológicas que controlan redes sociales, páginas web, plataformas de videojuegos y también mercados de explotación sexual digital (incluidas las comúnmente llamadas páginas pornográficas y espacios de intercambio o monetización de contenido íntimo sin consentimiento).

A este entramado de poder le hemos denominado IMPERIO DIGITAL, porque concentra un poder económico, político, informativo y tecnológico sin precedentes.

La evidencia es cada vez más clara: conforme crece su poder, se multiplican los impactos negativos atribuibles directamente a sus modelos de negocio, tales como: afectaciones a la salud mental, violencia masiva contra la intimidad sexual de mujeres y niñas, ampliación de oportunidades para depredadores sexuales, distorsiones en la libertad de expresión,  la facilitación, el fomento y la monetización de la violencia contra mujeres y niñas, e incluso la profundización de desigualdades estructurales, incluyendo prácticas colonialistas, imperialistas o hasta golpistas que ocurren en sus plataformas. No es casualidad. La programación algorítmica de estas plataformas responde a intereses corporativos que perpetúan relaciones de dominación: un ALGORITMO PATRIARCAL.

A pesar de ello, estas empresas continúan amparándose en la libertad de expresión, la innovación o la libre empresa para evadir responsabilidades proporcionales al enorme poder que han acumulado.

Esta concentración desmedida erosiona derechos humanos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a una vida libre de violencia, la libertad de expresión, el acceso a la información y el acceso a la justicia, con impactos particularmente graves para mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad.

RIESGOS DEL CAPÍTULO 19 DEL T-MEC

Desde la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales denunciamos que el texto vigente del Capítulo 19 sobre Comercio de Servicios Digitales del T-MEC limita peligrosamente la capacidad regulatoria de los Estados; contraviene avances internacionales en materia de derechos de las mujeres en entornos digitales, como la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres Basada en Género; y dificulta la correcta implementación de desarrollos normativos como la Ley Olimpia.

En particular, el Capítulo 19 establece que:

Las corporaciones propietarias y gestoras de las plataformas sociodigitales no están obligadas a someterse a la jurisdicción de los países en donde hacen negocios o residen sus consumidores, por lo que operan con impunidad (Artículo 19.12).
Los gobiernos, y sobre todo, las instituciones que imparten justicia, no pueden auditar a las plataformas para conocer el funcionamiento de sus diseños y algoritmos, ni para solicitarles materiales multimedia o datos que puedan servir como evidencia en casos de detección y persecución de delitos. Esto vuelve difícil obtener información que sirva como respaldo en denuncias sobre violencia contra la mujer, violaciones a los derechos humanos, o acoso, abuso y daño a infancias y adolescencias (Artículo 19.16). 
Ante la ley, las plataformas no son responsables de los contenidos que exhiben, cuando sus algoritmos y pautas publicitarias sí intervienen en la masificación y visibilidad de ciertas publicaciones (Artículo 19.17). 

En conjunto, estas disposiciones facilitan que las empresas evadan responsabilidades por los daños derivados de sus propios modelos de negocio, de sus prácticas y del diseño de sus algoritmos. El resultado es claro: se fomenta la impunidad de los agresores digitales y se deja en la indefensión a las víctimas de violencia digital.

Si bien el capítulo menciona mecanismos de cooperación, estos carecen de obligaciones vinculantes y, en la práctica, dependen de la voluntad de las propias empresas.

EVIDENCIA CRECIENTE DE RIESGOS Y CONFLICTOS

Las plataformas no pueden ser consideradas actores neutrales cuando sus propios sistemas de recomendación, monetización y moderación de contenidos influyen directamente en la circulación, visibilidad y rentabilidad de contenidos dañinos. Su posición estructural en el ecosistema digital exige mayores niveles de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad frente a los riesgos sistémicos que generan sus modelos de negocio. 

A nivel internacional, distintas autoridades han iniciado investigaciones y litigios contra grandes plataformas tecnológicas por prácticas como diseño adictivo, fallas de moderación de contenidos, riesgos sistémicos y conductas anticompetitivas.

A ello se suman múltiples casos por prácticas monopólicas contra grandes tecnológicas, así como iniciativas en el Congreso de Estados Unidos para modificar la Sección 230 de la Communications Decency Act, que actualmente exime de responsabilidad legal a sitios web, plataformas y proveedores de servicios interactivos por el contenido publicado por terceros.

Estos procesos reflejan una preocupación global legítima: la urgente necesidad de transparencia, rendición de cuentas y responsabilización de los corporativos tecnológicos frente a daños atribuibles a sus prácticas de comercio y sus modelos de negocio.

Promover desde acuerdos comerciales internacionales esquemas de desregulación o inmunidad corporativa agrava estos riesgos y debilita la protección de los derechos humanos.

OBLIGACIONES DE LOS TRATADOS COMERCIALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

Los acuerdos comerciales internacionales deben interpretarse y aplicarse de manera compatible con las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos. 

En el caso de Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, ello implica que sus disposiciones no pueden ser entendidas ni implementadas de forma que obstaculicen el cumplimiento de compromisos previamente asumidos por los Estados para garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas. Tanto México como Estados Unidos y Canadá son parte de instrumentos internacionales que establecen obligaciones claras para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará. Estas obligaciones incluyen el deber de adoptar medidas legislativas, administrativas y regulatorias eficaces frente a nuevas formas de violencia que se desarrollan en entornos digitales.

En este contexto, cualquier interpretación de las disposiciones comerciales que limite la capacidad de los Estados para regular a las plataformas digitales, supervisar sus prácticas o exigir responsabilidades por daños derivados de sus modelos de negocio debe evaluarse a la luz del principio de coherencia del derecho internacional y del deber de garantizar una protección efectiva de los derechos humanos. La gobernanza del ecosistema digital no puede estructurarse de manera que debilite las herramientas regulatorias necesarias para prevenir la violencia digital y asegurar el acceso a la justicia de las víctimas.

PROPUESTAS

Ante este escenario, proponemos reformar el capítulo 19 del T-MEC para:

Someter a las plataformas y grandes empresas a marcos regulatorios de los Estados de donde extraen capital y datos, con obligaciones reconocidas por la ley y sanciones por incumplimiento. 
Posibilitar que los gobiernos puedan acceder a la información alojada en centros de datos privados, en investigaciones contra casos de violencia, específicamente sufrida por mujeres, infancias y adolescencias, así como ante cualquier vulneración de los derechos humanos.
Exigir una mayor rendición de cuentas a las plataformas acerca de sus códigos,  diseños de funcionamiento y circulación de contenido.
Reforzar la detección, persecución y sanción de cualquier tipo de violencia en entornos de Internet, garantizando la salvaguarda de las garantías fundamentales de las y los usuarios. 

LLAMADO

Convocamos a las instituciones responsables de proteger y garantizar los derechos humanos, a la iniciativa privada, a la sociedad civil y a la población de México, Estados Unidos y Canadá a unir esfuerzos para que el T-MEC contribuya y no obstaculice la construcción de espacios digitales seguros y libres de violencia para todas las personas. Para sumarte, sigue nuestras redes sociales (@leyolimpialatam), porque estaremos trazando la ruta rumbo a esta exigencia legítima y colectiva.

“Porque queremos estar seguras también en Internet”

Red Latinoamericana de Defensoras Digitales
 (Movimiento #LeyOlimpia)

 #NiPornoNiVenganza
 #LeyOlimpia

Tlatelolco Lab del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS-UNAM)

Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C. 

 

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STATEMENT BY THE LATIN AMERICAN NETWORK OF DIGITAL DEFENDERS (OLIMPIA LAW MOVEMENT), PUEDJS UNAM AND BMA ON CHAPTER 19 OF DIGITAL TRADE IN THE USMCA

Nearly all interactions taking place in the digital sphere across North America occur within an oligopolistic group of digital platforms owned by major technology corporations that control social media networks, websites, gaming platforms, and markets for digital sexual exploitation (including so-called pornography websites and platforms that facilitate the sharing or monetization of intimate content without consent).

We refer to this concentration of power as the DIGITAL EMPIRE because it represents an unprecedented accumulation of economic, political, informational, and technological power.

The evidence is becoming increasingly clear: as the power of these corporations expands, so do the harmful impacts directly linked to their business models. These include adverse effects on mental health; widespread violations of the sexual privacy of women and girls; expanded opportunities for sexual predators; distortions of freedom of expression; the facilitation, promotion, and monetization of violence against women and girls; and the deepening of structural inequalities, including colonial, imperialistic, and even anti-democratic practices that take place through their platforms.

This is not accidental. The algorithmic systems that govern these platforms are designed to serve corporate interests and perpetuate relations of domination: what we describe as a PATRIARCHAL ALGORITHM.

Despite this reality, these corporations continue to invoke freedom of expression, innovation, and free enterprise as shields against accountability commensurate with the enormous power they have accumulated.

This excessive concentration of power undermines fundamental human rights, including the right to personal development and autonomy, the right to live free from violence, freedom of expression, access to information, and access to justice. These impacts are particularly severe for women, girls, boys, adolescents, persons with disabilities, and other populations in situations of vulnerability.

RISKS OF CHAPTER 19 OF THE USMCA

The Latin American Network of Digital Defenders warns that the current text of Chapter 19 of the United States - Mexico - Canada Agreement (USMCA) on Digital Trade dangerously restricts the regulatory capacity of governments, conflicts with emerging international standards on women's rights in digital environments, including the Inter-American Model Law on the Prevention, Punishment, and Eradication of Gender-Based Digital Violence Against Women, and hinders the effective implementation of legal frameworks such as the Olimpia Law (Ley Olimpia).

In particular, Chapter 19 establishes that:

Technology corporations that own and operate digital platforms are not required to submit to the jurisdiction of the countries where they conduct business or where their users reside, allowing them to operate with significant levels of impunity (Article 19.12).
Governments, and especially judicial authorities, face substantial barriers to auditing platforms in order to understand how their systems and algorithms operate, or to request multimedia content and data that may serve as evidence in criminal investigations. This makes it more difficult to obtain information needed to support complaints involving violence against women, human rights violations, harassment, abuse, and harm affecting children and adolescents (Article 19.16).
Digital platforms are largely shielded from liability for the content they host, despite the fact that their algorithms, recommendation systems, and advertising models play a direct role in amplifying and increasing the visibility of certain forms of content (Article 19.17).
Taken together, these provisions enable corporations to evade responsibility for harms arising from their own business models, corporate practices, and algorithmic design choices. The result is clear: digital aggressors benefit from increased impunity, while victims of digital violence are left without effective avenues for protection or redress.

Although the chapter references mechanisms for cooperation, these provisions lack binding obligations and, in practice, rely largely on the voluntary participation of the companies themselves.

GROWING EVIDENCE OF RISKS AND CONFLICTS

Digital platforms cannot be regarded as neutral actors when their recommendation systems, monetization models, and content moderation practices directly influence the circulation, visibility, and profitability of harmful content. Their structural position within the digital ecosystem demands greater transparency, accountability, and responsibility for the systemic risks generated by their business models.

Around the world, public authorities have launched investigations and legal actions against major technology companies over concerns including addictive design features, failures in content moderation, systemic risks, and anti-competitive conduct.

These developments are accompanied by numerous antitrust cases involving major technology firms, as well as legislative efforts in the United States Congress to reform Section 230 of the Communications Decency Act, which currently shields websites, digital platforms, and interactive service providers from legal liability for content posted by third parties.

Together, these processes reflect a legitimate global concern: the urgent need for greater transparency, accountability, and corporate responsibility for harms linked to the commercial practices and business models of technology companies.

Promoting deregulation or broad forms of corporate immunity through international trade agreements only intensifies these risks and weakens the protection of human rights.

HUMAN RIGHTS OBLIGATIONS AND INTERNATIONAL TRADE AGREEMENTS

International trade agreements must be interpreted and implemented in a manner consistent with States’ international human rights obligations.

In the case of the United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA), this means that its provisions cannot be interpreted or applied in ways that undermine commitments already undertaken by States to protect the fundamental rights of individuals.

Mexico, the United States, and Canada are parties to international instruments that establish clear obligations to prevent, investigate, punish, and eradicate violence against women, including the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and, in the case of countries within the Inter-American system, the Convention of Belém do Pará. These obligations include the duty to adopt effective legislative, administrative, and regulatory measures to address emerging forms of violence that occur in digital environments.

In this context, any interpretation of trade provisions that restricts governments’ ability to regulate digital platforms, oversee their practices, or hold them accountable for harms arising from their business models must be assessed in light of the principle of coherence in international law and the obligation to ensure the effective protection of human rights.

The governance of the digital ecosystem cannot be structured in ways that weaken the regulatory tools necessary to prevent digital violence and guarantee victims’ access to justice.

PROPOSALS

In light of this scenario, we propose reforms for Chapter 19 of the USMCA with the following demands:

Subject digital platforms and major technology corporations to the regulatory frameworks of the countries from which they extract economic value and user data, establishing clear legal obligations and meaningful penalties for non-compliance.
Enable governments and competent authorities to access information stored in private data centers when conducting investigations into cases of violence, particularly violence against women, children, and adolescents, as well as other serious human rights violations, while ensuring appropriate due process safeguards and protections for fundamental rights.
Require greater transparency and accountability from digital platforms regarding their algorithms, operational systems, content distribution practices, and business models.
Strengthen the detection, investigation, prosecution, and sanctioning of all forms of violence committed through digital environments, while safeguarding users’ fundamental rights and freedoms.

CALL TO ACTION

We call upon public institutions responsible for protecting and guaranteeing human rights, private-sector actors, civil society organizations, and the people of Mexico, the United States, and Canada to join efforts to ensure that the USMCA contributes to—rather than obstructs—the creation of digital spaces that are safe, inclusive, and free from violence for all people.

To support this effort, follow our social media channels (@leyolimpialatam), where we will continue to share information and build momentum toward this legitimate and collective demand.

“Because we deserve to be safe online, too.”

Latin American Network of Digital Defenders
(Ley Olimpia Movement)

#NotPornNotRevenge
#LeyOlimpia

Tlatelolco Lab del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS-UNAM)

Mexican Bar Association (Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C.)